• Presupuesto recortado y parches de mala calidad: ¿por qué no se arreglan las vialidades?

 

  • Más del 83% de la población urbana considera el deterioro de calles como su principal preocupación, por encima de agua potable y alumbrado público

 

  • En Cancún y Mérida, los ciudadanos denuncian reparaciones temporales y presupuestos mal ejecutados que mantienen a las ciudades “entre baches y socavones”

 

 

Renán Gabriel Castro Hernández/ CAMBIO 22

La mayoría de los gobiernos municipales y estatales en México mantienen rezagado el mantenimiento vial, pese a que los baches encabezan la lista de preocupaciones ciudadanas, en el primer trimestre de 2025, 81.4% de la población urbana consideró los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en su ciudad, por encima incluso de la escasez de agua potable (62%) y el alumbrado público deficiente (57%).

Para julio de 2025 la cifra subió a 83%, confirmando que este deterioro vial es el problema urbano número uno percibido a nivel nacional, sin embargo, a pesar de esta urgencia manifiesta, la atención gubernamental ha sido insuficiente.

Expertos señalan que la falta de inversión adecuada tiene raíces en decisiones presupuestales y prácticas cuestionables. Por un lado, ha habido recortes drásticos en los fondos dedicados a infraestructura.

En 2018 se destinaron unos 34 mil millones de pesos a la conservación de carreteras y caminos, pero para 2025 apenas se presupuestaron 21 mil millones, una reducción de casi 40%.

Además, la desaparición de al menos cuatro fondos federales clave (Pavimentación, FORTRADIS, Fondo Metropolitano y Fondo de Capitalidad) privó a estados y municipios de recursos para vialidades; se estima que dejaron de recibirse 91 mil millones de pesos acumulados que antes se canalizaban a bacheo y pavimentación.

Esta merma presupuestal ha condenado a muchos municipios a “vivir entre baches y socavones”, alertó el diputado Rubén Moreira, quien aboga por restituir esos fondos y etiquetar recursos específicos para calles en los próximos presupuestos.

Por otro lado, el dinero disponible a nivel local suele diluirse entre gastos operativos y obras superficiales. En ciudades como Puebla, por ejemplo, gran parte del presupuesto municipal se va en nómina y servicios básicos, dejando poco margen para mantenimiento urbano integral.

Nunca parece “haber presupuesto que alcance” para arreglar a fondo la infraestructura vial, sobre todo en temporada de lluvias cuando los daños se multiplican. Ante la presión ciudadana, las autoridades optan por soluciones temporales, rellenar baches aquí y allá, en lugar de repavimentar o arreglar de raíz los problemas de drenaje que los causan. El resultado es un ciclo vicioso, las reparaciones no son duraderas y, al no existir un programa integral (por ejemplo, que incluya obra hidráulica para evitar filtraciones), los mismos baches reaparecen tras cada aguacero.

La calidad de los materiales también está en el centro del problema. Con demasiada frecuencia se privilegia el bajo costo sobre la durabilidad en la reparación de calles. Expertos señalan que, si bien un pavimento de concreto hidráulico puede durar hasta 20 años sin grandes mantenimientos, muchas ciudades siguen tapando baches con asfaltos de mala calidad que apenas sobreviven una temporada.

Detrás de esta aparente falta de planificación asoma la sombra de la corrupción: empresas contratistas ofrecen materiales más baratos y contratos multianuales “a un módico costo” para bacheo, un esquema conveniente para ciertos funcionarios locales. Así, los gobiernos locales presumen millones gastados y cuadrillas trabajando constantemente, pero en realidad solo colocan parches sobre parches.

Esto abre la puerta a posibles desvíos, si se presupuesta material de alta calidad y se utiliza uno económico, la diferencia puede perderse en el camino, en pocas palabras, arreglar mal las calles puede ser un negocio seguro para algunos, pero un pésimo trato para la ciudadanía.

Las consecuencias de no invertir correctamente en las calles van más allá de los baches visibles. En términos económicos, es un “abismo” por el que se van miles de millones de pesos: cada año se destinan enormes sumas a reparar daños que podrían haberse evitado con materiales y obras de mayor calidad.

Por ejemplo, de 2019 a 2024, solo en la Ciudad de México se taparon tantos baches que la superficie reparada supera el tamaño de toda la entidad, una estadística reveladora de recursos malgastados y trabajos repetitivos.

Para los ciudadanos, transitar por vías en mal estado implica riesgos y costos altos. Los accidentes viales ligados a baches se han vuelto comunes, especialmente afectando a motociclistas que, bajo la lluvia, no logran ver los hoyos a tiempo.

@patoezambrano Avenida Chapultepec. ¿Quien defiende esto? Sin palabras. #Monterrey #patozambrano #regiomontanos #corrupcion ♬ Epic Music(863502) – Draganov89

Automovilistas también pagan el precio, suspensión, neumáticos y rines sufren daños constantes, no es raro que un conductor deba desembolsar varios miles de pesos en reparaciones mecánicas tras caer en un bache profundo.

Peor aún, hay casos de lesiones graves: peatones que tropiezan en banquetas destrozadas o conductores que pierden el control al esquivar cráteres de asfalto. Los baches también repercuten en la calidad de vida y el desarrollo económico de las comunidades.

Un estudio del laboratorio J-PAL sobre zonas urbanas en países en desarrollo encontró que tener calles pavimentadas en buen estado (es decir, sin baches) produce impactos positivos en la economía familiar: aumenta la inversión en bienes duraderos, el valor de las propiedades y las mejoras del hogar, e incluso la capacidad de obtener créditos con garantía.

En barrios con mejores calles, las familias poseen más electrodomésticos y vehículos en promedio que aquellas que viven entre baches, no invertir en las calles sale caro, se pagan más reparaciones, ocurren más accidentes y se pierde la oportunidad de impulsar el bienestar y la actividad económica local.

Cancún y Mérida, entre las ciudades afectadas: costos, quejas y riesgos de los baches

La falta de mantenimiento vial es un problema cotidiano que afecta a conductores de automóviles y motocicletas en la región.

 

Las ciudades de Quintana Roo y Yucatán no escapan a esta problemática nacional; por el contrario, figuran destacadamente en las estadísticas de baches y pavimento deteriorado, según datos de INEGI, ocho de cada diez habitantes de la Península de Yucatán expresaban ya en 2021 su inconformidad con el estado de las calles.

En Cancún (municipio de Benito Juárez, Q. Roo), 83.4% de la población más de medio millón de personas reportó que las calles de su ciudad están plagadas de baches.

De hecho, hacia finales de 2021 los cancunenses alzaban la voz acusando al ayuntamiento de no asignar suficiente personal ni recursos para tapar tantos hoyos.

En la capital yucateca el panorama es similar, Mérida registró un 83.6% de vecinos descontentos con sus vialidades en 2021 (alrededor de 856 mil personas lo manifestaron) y la situación ha ido empeorando; para fines de 2024, Mérida se posicionó entre las ciudades con mayor incidencia de problemas urbanos, con 93.3% de los encuestados señalando los baches como una preocupación central.

Esta proporción sitúa a la “ciudad blanca” en un nivel intermedio-alto a nivel nacional por ejemplo, Ecatepec (Edomex) alcanzó 98.9% y Hermosillo (Sonora) 98.6% de ciudadanos quejándose de baches en la misma encuesta pero demuestra que incluso en una urbe considerada modelo en otros rubros, el asfalto quebrado sigue siendo una asignatura pendiente.

Las autoridades locales han reaccionado, aunque los resultados son discutibles, en Cancún, la administración municipal lanzó en 2023-2024 un “mega programa de bacheo” intensivo tras las fuertes lluvias que azotaron la ciudad.

Se llegó a reportar que en unas cuantas semanas se repararon más de 80 mil baches por toda la ciudad, cubriendo tanto avenidas principales como calles vecinales a solicitud de la ciudadanía, a primera vista la cifra impresiona son decenas de miles de agujeros tapados, pero también evidencia la magnitud del deterioro, cada temporada de lluvias, las precipitaciones torrenciales típicas del clima caribeño sacan a flote los defectos estructurales del pavimento cancunense, abriendo cráteres donde antes hubo parches mal sellados.

Pese al esfuerzo emergente, habitantes de Cancún señalan que al poco tiempo muchos “baches reparados” reaparecen, pues las cuadrillas a menudo rellenan con mezclas frías de asfalto que la siguiente tormenta arranca con facilidad.

En Mérida, por su parte, las autoridades yucatecas han presumido planes de repavimentación y hasta el uso de nuevas tecnologías asfálticas, pero las quejas persisten.

A inicios de 2025, Mérida figuraba en rankings nacionales poco envidiables, prácticamente el 99.7% de su población reportó al menos un problema urbano (incluyendo baches, fugas de agua u otros) en su colonia.

Los meridanos resienten especialmente los “hoyancos”, muchos han tenido que cambiar llantas o rines de sus coches dañados por caer en baches ocultos bajo charcos, y motociclistas denuncian caídas frecuentes en ciertas avenidas mal parchadas.

La Península de Yucatán, de hecho, enfrenta retos particulares en materia de infraestructura vial.

El subsuelo kárstico (calcáreo) de Yucatán y Quintana Roo, sumado a lluvias intensas, provoca en ocasiones hundimientos y baches profundos. Asimismo, en algunas localidades peninsulares se señalan problemas añadidos, como antiguas fosas sépticas colapsadas que terminan hundiendo el pavimento.

Cuando las autoridades no atienden con prontitud, los propios ciudadanos han optado por rellenar los baches por su cuenta, echando escombros, cemento o cualquier material a mano para mitigar el peligro. Si bien estas acciones comunitarias muestran desesperación e ingenio, no siempre son soluciones duraderas ni seguras.

En Chetumal, por ejemplo (la capital de Quintana Roo), cerca del 85.6% de los habitantes reportan baches recurrentes y a falta de respuesta oficial muchos vecinos taponean agujeros como pueden.

El riesgo es que un bache mal reparado se convierta después en un socavón mayor.

En cuanto a recursos públicos, Yucatán y Quintana Roo también reflejan la tensión entre presupuesto y necesidades.

Los gobiernos estatales suelen anunciar inversiones en carreteras nuevas o ampliaciones (por ejemplo, con la llegada de proyectos como el Tren Maya en la región), pero el mantenimiento rutinario de las calles urbanas queda principalmente en manos de los ayuntamientos.

Estos, como en el resto del país, enfrentan restricciones financieras, dependen de participaciones federales menguantes y de una recaudación local limitada (el impuesto predial, importante para financiar servicios municipales, tiene baja recaudación en muchas ciudades).

En consecuencia, rubros como el bacheo compiten con otras prioridades urgentes (seguridad pública, alumbrado, recolección de basura, etc.) por un pedazo del presupuesto municipal.

Por ejemplo, la alcaldía de Benito Juárez (Cancún) reportó en 2024 haber destinado decenas de millones de pesos a atender la emergencia de baches tras las lluvias, pero eso implicó reorientar fondos que quizá estaban planeados para obras nuevas.

Aun con más presupuesto, la eficacia es un problema, malos manejos o planeación deficiente pueden hacer que incluso el dinero disponible no se traduzca en calles en buen estado.

Vale recordar el caso de Ciudad de México, donde a mitad de 2025 las 16 alcaldías apenas habían ejercido el 40% de los recursos asignados a infraestructura urbana (incluido bacheo), y las calles de la capital seguían llenas de grietas. Esto sugiere burocracia lenta o falta de capacidad técnica para ejecutar los proyectos en tiempo, algo que bien podría estar ocurriendo en municipios más pequeños de Yucatán y Quintana Roo.

En suma, Cancún, Mérida y las ciudades de la región comparten con el resto del país el desafío de los baches y calles destrozadas. El lugar que ocupa el bacheo en las agendas locales suele estar por debajo de otras prioridades políticas, a pesar de ser de los problemas más visibles y reclamados por la ciudadanía.

Mientras los gobiernos no inviertan lo necesario y de manera honesta y planificada en la infraestructura vial, los automovilistas seguirán esquivando cráteres diariamente y los presupuestos públicos seguirán “hundiéndose” en los baches.

Los expertos lo advierten con claridad, sin fondos suficientes y sin combate a la corrupción, el deterioro de las calles continuará, cobrando factura en accidentes, economía familiar y calidad de vida de los mexicanos, y aunque la solución de fondo implique mayor inversión (por ejemplo, reinstaurar fondos federales o aumentar la recaudación local) y mejor gestión (materiales de calidad, planeación con visión de largo plazo), cada peso no invertido hoy en mantenimiento vial se pagará mañana con creces, ya sea en suspensiones rotas, obras repetidas o oportunidades de desarrollo perdidas.

Las calles son, literalmente, el camino hacia el progreso, dejarlas en el olvido equivale a frenar el avance de nuestras ciudades.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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