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• Necesariamente Incomoda

 

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO22

Bacalar enfrenta una crisis de seguridad pública severa, con una escalada de violencia atribuida a la disputa entre grupos delictivos que operan en zonas rurales del municipio. La presencia de estructuras criminales ha generado bloqueos carreteros, incendios de vehículos, enfrentamientos armados contra fuerzas federales y estatales, y un clima de miedo generalizado, especialmente en comunidades como Limones.

En enero de 2026, se registró un intenso enfrentamiento armado en Limones que dejó a las fuerzas de seguridad bajo ataque, lo que evidencia una escalada en la confrontación entre el crimen organizado y las instituciones, muchas de ellas omisas.

El alcalde José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez ha sido ampliamente cuestionado por su silencio oficial y falta de acciones efectivas frente a la violencia.

Reportes indican que su administración ha mostrado omisión y presunta complicidad, mientras la población vive bajo coerción, con restricciones de movilidad, cobros ilegales y toques de queda impuestos por grupos delictivos.

Además, se han denunciado actos de corrupción graves, como el desvío de más de 11 millones de pesos en recursos públicos para juegos infantiles que nunca fueron instalados en parques públicos, a pesar de contratos firmados.

En cuanto a servicios públicos, la inseguridad ha afectado la movilidad y el acceso a servicios básicos, con bloqueos recurrentes en carreteras clave como la Chetumal–Limones. Aunque el gobierno del estado anunció en septiembre de 2025 la instalación de cuatro Centros de Comando y Control y 19 Puntos de Monitoreo Inteligente en Bacalar y otros municipios del sur, su efectividad en la prevención de la violencia sigue siendo cuestionada por la ciudadanía.

Daños ambientales también han sido reportados, especialmente en la laguna de Bacalar, donde se advierte un riesgo ambiental por actividades ilegales y la falta de control. Además, se han documentado desplazamientos forzados de familias, como en la comunidad de Miguel Alemán, y una desaparición masiva de personas, con al menos 60 desaparecidos reportados en lo que va del año, según fuentes de seguridad nacional.

En resumen, Bacalar se encuentra en una crisis estructural de seguridad, corrupción y falta de gobernabilidad, con el Estado fallando en garantizar la protección de sus habitantes.

La SEDENA realiza diversas construcciones en la zona federal de la Laguna de Bacalar, parte del corredor de seguridad del Tren Maya, sin evidencia clara de autorizaciones ambientales, lo que amenaza el equilibrio ecológico de esta zona de importancia global. Sin embargo, en segunda instancia, el Poder Judicial de la Federación le ha dado la razón, sobre los derechos que reclaman diversos sectores de la sociedad, entre ellos un grupo de menores de edad, que solicitaron la protección de la justicia federal para proteger su derecho a vivir en un medio ambiente sano ante la ilegal intervenció de la institución castrense.

Greenpeace México denunció que ni la Profepa ni la Semarnat han intervenido para supervisar el cumplimiento de la legislación ambiental, a pesar de que el proyecto se ha justificado bajo el argumento de “seguridad nacional”, lo que ha permitido ignorar sentencias judiciales y ordenamientos legales.

El Tren Maya ha generado una serie de impactos ambientales graves, no solo en Bacalar, sino en todo el estado: deforestación de más de 11 mil hectáreas, contaminación de cenotes con concreto, y la construcción de seis hoteles sin detalles sobre medidas de remediación. Además, el Ejército ha realizado tala de áreas selváticas cercanas a cuerpos de agua sin transparencia ni rendición de cuentas, aplicando una política de “hechos consumados” en zonas ecológicamente sensibles.

En el ámbito privado, el desarrollo inmobiliario Arrivée Lagon Bacalar, impulsado por Depi del Caribe S.A. de C.V., planea construir 950 viviendas en una zona considerada de conservación, tras talar cuatro hectáreas de selva para caminos. Aunque la Profepa clausuró el sitio y impuso una multa de 100 mil pesos, no frenó la comercialización. El proyecto se promociona como “eco-residencial”, pero viola el Programa de Ordenamiento Territorial (POET) de Bacalar, que prohíbe asentamientos humanos en esta zona. La Unidad de Manejo Ambiental (UMA) originalmente establecida para proteger 135 hectáreas fue eliminada de los registros de Semarnat sin explicación, lo que ha permitido la desaparición de protecciones legales.

Las omisiones gubernamentales se pueden enumerar de la siguiente manera:
Inversión pública en obras sin estudios de impacto ambiental.

Desarrollos turísticos y urbanos en áreas protegidas, incluso con sentencias de demolición que no se ejecutan.

Falta de drenaje sanitario y plantas de tratamiento en la cabecera municipal, lo que agrava la contaminación del Acuífero Maya.

Ignorancia de recomendaciones de la Profepa, como la necesidad de un Programa de Manejo para la laguna y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Estas acciones, tanto del sector público como privado, reflejan una impunidad ambiental sistémica, donde la omisión institucional y la complicidad entre autoridades, desarrolladores y empresas permiten la destrucción de ecosistemas únicos, como la Laguna de los Siete Colores, bajo el pretexto del desarrollo económico.

Bacalar es una representación del México real, un municipio que se detuvo en la década de los años setentas, en los años “dorados” del PRI, con un cacique en la presidencia municipal, quien considera que los recursos municipales son de su propiedad, pero en una era en que los priistas de vuelven “demócratas” por el simple hecho de negociar con la cúpula morenista y ponerse la camiseta guinda.

 

 

 

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