Redacción /CAMBIO22

Aprobaron al vapor Morena y sus aliados la iniciativa de ley que permite al gobierno tomar 40 mil millones de pesos de los ahorros en las Afores e institutos de seguridad social, no reclamados por los trabajadores inactivos mayores de 70 años, para ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El propósito final de esta nueva ley que, muy seguramente será aprobada en breve en el pleno, es otorgar el 100% de un salario promedio del IMSS de 16 mil 777.78 pesos al mes.

Ayer, con 19 votos en favor y 10 en contra, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que contará con el “capital semilla” que se reúna de los ahorros no reclamados por los trabajadores inactivos.

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Más recursos de otras fuentes, inexistentes hasta ahora porque habrá que vender activos, reestructurar o desaparecer instituciones o esperar muchos años para que logren utilidades Mexicana de Aviación y el Tren Maya.

Está por aprobarse formalmente una iniciativa de Ley que prevé el aumento de una parte de los pensionados, pero sin fuentes claras de fondeo.

El cálculo oficial es que tales recursos rondan los 60 mil millones de pesos. De esa cantidad total, alrededor de 40 mil millones corresponden a los ahorros no reclamados que al ser tomados o confiscados, por el gobierno dejarán de ser fondos privados para convertirse en fondos públicos.

Con el dinero mayoritariamente de personas fallecidas o que por alguna razón no han reclamado sus recursos, se pretende financiar el “copete” o el aumento a las pensiones.

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La propia iniciativa dispone que los recursos transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar no podrán destinarse al presupuesto federal ni podrán ser utilizados para el balance presupuestal.

Sin embargo, la operación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, una vez que sea aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores, dependerá de la constitución de un fideicomiso administrado por el Banco de México y un comité interinstitucional que encabezará la secretaría de Hacienda.

Este comité deberá diseñar las reglas de operación que determinará en qué será invertida la cuantiosa bolsa de recursos.

También tendrá que disponer las reglas para que los potenciales reclamantes de sus recursos, puedan hacerlo con facilidad y puedan recuperarlos de manera expedita.

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Es evidente que los legisladores que aprobaron y que están por aprobar esta iniciativa de ley no tienen conocimiento de cómo va a operar el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Todo indica que a diferencia de las Afores que mantienen los recursos en cuentas individuales, el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar los acumulará un fondo común, lo que indefectiblemente se traducirá en un sistema sin transparencia.

Y aunque la propia iniciativa prohíbe su uso para el equilibrio presupuestario, el gobierno tendrá la tentación de utilizarlos para sus proyectos que como se ha visto en esta administración, no son rentables.

El golpe a la credibilidad y confianza de los trabajadores es muy fuerte porque la señal que se envía, es que en algún momento sus ahorros pueden correr riesgo. Es un golpe a la confianza en el ahorro. Al tiempo.

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Llamó la atención que el viernes pasado, el presidente López Obrador dijera que aunque serán mínimos los pendientes que dejará al terminar el sexenio, dejará a quien lo releve, “esbozos” de lo que se requiere en México.

Entre sus recomendaciones dijo que su sucesor tiene que seguir construyendo infraestructura, obras públicas, para seguir creando empleos.

La declaración presidencial llamó la atención porque en los Precriterios de Política Económica presentados en días pasados, Hacienda le deja la tarea al próximo gobierno, de hacer un ajuste fiscal; es decir le “aconseja” hacer un fuerte recorte del gasto y del déficit público para el 2025.

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Tendría que pasar del 5.9% para el cierre del 2024 a 3% del PIB para el siguiente año.

Tal vez por eso, la candidata oficial, Claudia Sheinbaum está pensando en invitar al titular de las finanzas públicas a que permanezca en el cargo, si es que triunfa en las elecciones.

Ayer Ramirez de la O declaró en Washington que en el 2025 se logrará reducir el déficit público porque ya no habrá gasto de capital en obras emblemáticas.

Osea que a diferencia de lo que recomienda el Presidente de la República, ya no podrán realizarse megaobras gubernamentales. A ver.

 

Fuente : El Economista

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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