Autoritarismo y Represión al Estilo 4T

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

El 15 de noviembre de 2025, una marcha convocada por jóvenes de la llamada Generación Z en la Ciudad de México y diversas organizaciones sociales y políticas derivó en fuertes enfrentamientos en el zócalo capitalino, tras el intento de derribo de vallas en Palacio Nacional por parte de un grupo de personas encapuchadas, a quienes se sumaron otras con el rostro descubierto.

La protesta, inicialmente pacífica y enfocada en exigir la revocación del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum bajo la simbología del anime One Piece, dejó un saldo de 100 policías heridos, de acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, múltiples detenciones y una profunda controversia sobre la actuación policial y el estado de derecho, así como la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos que pregona la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

A México se le siguen acumulando en organismos internacionales los señalamientos por violaciones a derechos humanos, pero para la 4T ese lenguaje no existe, a pesar que su movimiento político se impulso desde las plataformas de familiares de víctimas de la represión priistas de las décadas de los sesentas, setentas y ochentas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México ha expresado profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante manifestaciones, incluyendo la marcha de la Generación Z celebrada el 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México.

La relatora especial de la ONU para los derechos de reunión pacífica y asociación, Gina Romero, destacó su preocupación por la respuesta policial a dicha movilización y exigió al gobierno mexicano investigar de inmediato posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante el evento.

Esta Oficina ha señalado que la falta de controles civiles y mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha permitido que la impunidad prevalezca en la mayoría de los casos de violencia estatal.
Además, se ha documentado que el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes ha sido una constante, con informes de detenciones arbitrarias, agresiones y heridos, especialmente entre mujeres y defensores de derechos humanos.

Aunque las autoridades federales y del Gobierno de la Ciudad de México condenaron la violencia y reiteraron el respeto a la libertad de expresión, la Oficina de la ONU-DH ha insistido en que las investigaciones deben ser exhaustivas, imparciales y con debida diligencia para esclarecer estos hechos.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa Clara Brugada, negó haber dado órdenes de represión y aseguró que las detenciones se basaron en flagrancia por delitos como lesiones y robo. No obstante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) utilizó extintores, machetes y gases para repeler a los manifestantes, lo que generó críticas por el uso excesivo de la fuerza.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a cargo de Bertha Alcalde Luján, informó que se realizaron 29 detenciones en flagrancia. De ellas, 10 personas fueron liberadas tras comprobarse que las lesiones a policías eran leves (consideradas faltas cívicas), y sus casos fueron remitidos a juzgados cívicos. Un menor de edad fue derivado a la Fiscalía de Justicia para Adolescentes.

De las 18 personas procesadas como adultos, 13 fueron vinculadas a proceso. Cinco de ellas enfrentan cargos por resistencia de particulares, lesiones y robo, y quedaron en libertad con firma periódica mensual. Tres personas fueron vinculadas por homicidio en grado de tentativa, entre ellas Quetzal Arturo González Rojas (18 años) y Francisco García Colín (57 años), quienes permanecen en prisión preventiva justificada, de acuerdo al gobierno morenista.

Un caso llamó especialmente la atención: Gabriel Pérez Rábago, de 50 años y trabajador de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, fue acusado inicialmente por tentativa de homicidio, pero fue liberado tras comprobarse su identidad y ausencia en los hechos. El juez le impuso firma quincenal como medida cautelar.

Cinco detenidos solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que permanecieron en prisión preventiva hasta el 21 de noviembre, cuando se reanudaron sus audiencias.

Organizaciones civiles y la Barra Mexicana de Abogados condenaron los abusos policiales y detenciones arbitrarias. La BMA ofreció apoyo legal gratuito (pro bono) a las víctimas y exigió una investigación transparente. Además, la FGJCDMX abrió una carpeta de investigación contra 18 policías por presuntas agresiones a manifestantes y periodistas. Hasta siete elementos fueron suspendidos de forma temporal mientras se resuelve su caso.

La marcha de la Generación Z en la CDMX dejó un complejo escenario de protesta, represión y justicia en curso. Mientras las autoridades insisten en que las detenciones fueron legales y necesarias ante actos violentos, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos exigen garantías procesales y rendición de cuentas. El caso sigue en desarrollo, con audiencias programadas y múltiples procesos judiciales en marcha.

Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha guardado un silencio cómplice, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) tuvo una presencia tibia al documentar estos hechos de violencia policial.

El organismo, informó que recibió quejas de personas peticionarias y presuntas víctimas/agraviadas, iniciando 7 expedientes y 1 remisión, en relación con 19 personas, para documentar actos constitutivos de posibles violaciones a derechos humanos en las detenciones, daños a la integridad personal y falta de atención médica.

Frente a actos de violencia y escenarios complejos “de colisión de derechos como los registrados en esta manifestación, las autoridades deben actuar de conformidad con el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos, buscando garantizar la dignidad de todas las personas”.

Cuando la ciudadanía mexicana decidió darle la espalda al sistema político represor y corrupto del PRI optó por Andrés Manuel López Obrador, porque ofreció un cambio, sin embargo, a siete años que la 4T gobierna el país, el pueblo de México ya no está dispuesto a seguir permitiendo la represión de la clase gobernante, porque después de toda la farsa democrática en la 4T están los priistas represores con sus aliados del PVEM, quienes ayer estuvieron al servicio del PRI y del PAN y ahora, no solo son aliados de MORENA, sino que están dispuestos a una nueva traición para que los dejen cogobernar.

redaccion@diariocambio22.mx

KXL/RCM