Autoritarismo y Ecos del 8 de Marzo en México

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO22

En México, en el país cogobernado por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo y su séquito de la 4T, las protestas sociales y políticas por diversas vías, tanto presenciales como en línea o simplemente por pensar y externar en privado puntos de vista personales, se castiga, lo que nos está llevando a una república dictatorial.

Recordemos que los movimientos sociales y políticos surgidos en México desde la segunda mitad del Siglo XX, a consecuencia de las acciones represivas de gobiernos como el de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortarí y Ernesto Zedillo Ponce de León, por hablar solo de la etapa más autoritaria del PRI-Gobierno, tuvieron como bandera la violación de los derechos humanos, como la libre manifestación de las ideas y la participación política.

López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) usurparon los logros ciudadanos y democráticos que costaron miles de muertes en el país a consecuencia de las luchas obreras, campesinas y populares; la apertura institucional, como una válvula de escape a la inconformidad social y política, le permitió al expresidente de México cumplir su insistente sueño de llegar a la presidencia de la república, pero ahora que logró su objetivo, ha decidido llevar al país al retroceso, destruyendo todo lo que nos permitió llegar al menos, a un periodo de transición a la democracia y prueba de ello es que MORENA, dice que gobierna en el país.

Los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres están en la agenda de la destrucción de instituciones, a tal grado, que una ceremonia emblemática, como la del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de México, decidió llevarla a los patios del Campo Militar, donde durante los años 70 y 80 del Siglo XX encarcelaron, torturaron y desaparecieron a mujeres y hombres por cometer el delito de pensar diferente al gobierno en turno.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje a la nación en el sentido que no le importan las violaciones a los derechos de las mujeres que han cometido militares, como son los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (2002), Ernestina Ascencio Rosario (2007), entre muchos otros y que en muchas ocasiones le sirvieron a López Obrador para construir su discurso rumbo a la presidencia de la república y que ahora, su movimiento político, traiciona a las víctimas y a sus familias.

Mientras Sheinbaum Pardo ratificó su compromiso con las fuerzas armadas del país, en diferentes calles y plazas públicas, la represión tuvo como objetivo criminalizar las protestas legítimas y públicas de miles de mujeres, que a lo largo y ancho del país salieron a manifestar su inconformidad por la falta de voluntad institucional para buscar a las miles de personas desaparecidas, en contra de los feminicidios y de la violencia sistemática que agobia a la nación.

Uno de esos casos de represión es el que denuncian el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género AC, organizaciones que exigen al Poder Judicial y al Gobierno del estado de Campeche la inmediata liberación de Lady Jeantte Sosa Sarmiento, Idalia Betzabet Chino Delgado, Yahari Brito, y de José Ismael Pacheco López, quienes fueron privados de su libertad el pasado 8 de marzo, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Campeche.

A través de un comunicado, se informa que las detenciones ocurrieron tras los incidentes registrados en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, donde presuntamente resultaron lesionadas mujeres policías que resguardaban el inmueble.

El día 11 de marzo, se dio a conocer que en días previos, “de 40 mujeres y 2 hombres , personas detenidas durante esa jornada fueron liberadas por falta de pruebas, lo que confirma la debilidad de las acusaciones y la actuación sin legalidad por parte de la policía estatal.

Desde el OCNF y REDMYH AC se exige a las autoridades judiciales de Campeche actuar con apego a derecho, garantizar el debido proceso.

Se hizo un llamado al Gobierno del estado de Campeche a garantizar que no se utilice la fuerza del estado a través de su policía para detenciones arbitrarias que busquen inhibir la protesta social, particularmente en el contexto de las movilizaciones del 8 de marzo, una fecha que simboliza la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.

Por otra parte, a nivel nacional, con base en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fiscalías estatales y el monitoreo de medios digitales cruzado con datos del Registro Nacional de Detenciones (RND), se documentaron una serie de detenciones registradas durante las movilizaciones del pasado 8 de marzo de 2026.

En términos generales, las autoridades federales y locales reportaron una jornada mayoritariamente pacífica con una asistencia récord (más de 120,000 personas solo en la Ciudad de México); sin embargo, se registraron intervenciones policiales focalizadas en puntos específicos.

1. Ciudad de México (CDMX)

La SSC reportó que la marcha fue mayoritariamente pacífica. No obstante, al finalizar el evento en el Zócalo, un grupo de 8 hombres ajenos a los contingentes feministas provocó destrozos en vallas y en el Edificio de Gobierno.

5 hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
3 hombres fueron remitidos a un Juez Cívico por desorden público.
2. Campeche

Se registró el incidente más grave de la jornada, donde 14 personas fueron detenidas inicialmente tras enfrentamientos frente al Palacio de Gobierno. De acuerdo a información oficial, pero organizaciones civiles documentaron al menos 45 detenciones, incluso, después de las manifestaciones.

5 personas (4 mujeres y 1 hombre) fueron vinculadas a proceso. Una de las mujeres enfrenta cargos por tentativa de homicidio tras presuntamente lanzar combustible contra mujeres policías.

3. Nuevo León

En Monterrey, colectivas denunciaron el uso de gas por parte de la Fuerza Civil, lo que derivó en quejas administrativas pero no en puestas a disposición de manifestantes.

Organizaciones como la Red Rompe el Miedo y CIMAC reportaron que, además de las detenciones, hubo incidentes de agresiones contra al menos 9 mujeres periodistas en diferentes puntos del país, principalmente por parte de elementos de seguridad que intentaron impedir la documentación de las detenciones.

En ciudades como Oaxaca, Guadalajara, Puebla, entre otras, los operativos policiales estuvieron preparados desde temprana hora, no para inhibir daños a inmuebles públicos o privados y evitar afectar el libre tránsito del resto de la ciudadanía, sino para informar a la sociedad, que en esta época de la 4T, la defensa de los derechos se han convertido en un error ciudadano y en un delito.

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