Aunque Habitantes de la Zona Limítrofe Ganen Amparos, Ayuntamiento no Ejercerá Obra Pública

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 25 de mayo.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco insiste en que no pueden invertir recursos en la zona limítrofe, ya que las poblaciones que están demandando atención y obra pública, son parte del estado de Campeche y cuentan con claves de dicha entidad otorgadas en el último censo que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así lo manifestó el secretario general de la comuna capitalina Adrián Sánchez Domínguez, quien aseveró que con base a las reglas de operación para la aplicación de los recursos federales, no existe ninguna posibilidad de que la administración municipal pueda ejercer obra pública en la zona que está en litigio, ya que de hacerlo, estarían violentando la legalidad.

“Que les hayan admitido un amparo no quiere decir que ya haya procedido y que el Ayuntamiento tenga la obligación de dar cumplimiento a lo solicitado, la misma ley nos lo impide y más porque el INEGI tiene esa zona prácticamente otorgada al estado de Campeche y las claves que se necesitan para llevar obra pública con financiamiento federal no le pertenecen a Quintana Roo, ni a Othón P. Blanco y por esa razón vemos muy difícil que aun ganando el amparo, podamos ejercer recursos federales en esas comunidades, no es que no queramos hacerlo, no debemos y la ley es clara.”

Recalcó que en esto se basaron para no contemplar a esas poblaciones dentro del Programa de Inversión Anual (PIA) 2022, negando que la exclusión de 30 comunidades que demandan servicios y mejor infraestructura haya sido intencional, por lo que reiteró que aunque sean favorecidos con la procedencia de un amparo por parte del Juzgado Federal Primero de Distrito, mantendrán la misma postura de respaldarse en dicho argumento.

Por lo que de esta manera, el encargado de la política interna del municipio capitalino confirma que el gobierno de Yensunni Martínez Hernández, no tiene ningún interés para recuperar estas comunidades que están ubicadas en la porción territorial en conflicto, a pesar de que cuando fue Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento, pudo haber interpuesto un recurso legal para evitar que esas comunidades sean adjudicadas a otro estado.

Son alrededor de 12 mil personas que viven en San Antonio Soda, Guillermo Prieto, Caña Brava, Pioneros del Río, Nuevo Progreso, Nuevo Paraíso, Dos Naciones, Los Ángeles, entre otras más, que mantienen la esperanza de que por fin se puedan resolver sus necesidades en materia de pavimentación, alumbrado público, drenaje, agua potable y acceder a programas de mejoramiento de vivienda, educación y salud, asegurando que se están violentando sus derechos económicos, sociales y culturales, al ser olvidados y condenados a seguir viviendo en condiciones precarias por los gobiernos en turno.

lau.beytia@diariocambio22.mx

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