• La guerra en curso contra el narcotráfico no sólo está afectando a los cárteles de México, sino también a las ciudadanas y ciudadanos: aunque se ha justificado por el aumento de la seguridad para la población civil desde que comenzó en 2006, la “guerra contra el narcotráfico” también ha contribuido a un aumento de la violencia.

 Redacción /CAMBIO 22 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 destaca que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en el estado de Quintana Roo fue de 22,401 hombres y 23,673 mujeres.

Dicha Tasa de delitos se percibe por cada 100,000 habitantes durante 2021, en el estado de Quintana Roo, hasta la fecha.

De estos casos de marzo del 2018 a abril del 2023, más de mil 119 mujeres fueron asesinadas, y calificadas como crímenes de alto impacto esto es fueron ejecutadas o desaparecidas en el Estado.

Por lo que cifras recopiladas por la Fiscalía General de Estado, destacan que en cinco años la entidad, ha sufrido un alarmante incremento que rebasa los 350%, y todas ellas ligadas al narcotráfico.

Las líneas de investigación revelan que en su mayoría tenían nexos con el narcotráfico.

La información oficial de la Fiscalía General del Estado y las corporaciones policíacas estatales revelaron que de marzo del 2018 a abril del 2023 más de mil 119 mujeres fueron asesinadas, ejecutadas o desaparecidas en el Estado

Este número es muy superior a las 319 víctimas femeninas relacionadas con crímenes de alto impacto reportadas del 2013 a principios del 2023.

Sin embargo, el problema no es privativo de nuestra entidad pues la triste realidad de las Desapariciones forzadas y víctimas del crimen organizado ya se considera un problema además de seguridad nacional como un problema social y de éxodo de habitantes en bastas regiones del país.

La triste realidad de las desapariciones forzadas

En este conflicto, hombres y mujeres están expuestos a la violencia, pero las mujeres sufren una forma de violencia diferente a la de los hombres. Los poderosos cárteles de la droga, que a menudo cooperan con las autoridades locales/estatales, se organizan en estructuras de poder y jerarquías patriarcales. Así, en la guerra contra las drogas, las mujeres, y especialmente las jóvenes, son cada vez más víctimas de homicidios, feminicidios, violaciones y desapariciones forzadas.

La guerra contra el narcotráfico aumenta el número de desapariciones

Las desapariciones forzadas en México son una práctica preocupante. Desde que el expresidente Calderón declaró la guerra a los cárteles en 2006, la violencia en México ha aumentado. El 2 de mayo de 2023, el país registraba 112,113 desapariciones. Sin embargo, se cree que el número de casos no denunciados es considerablemente mayor.

El 80 por ciento de las denuncias de personas desaparecidas proceden del periodo posterior a 2006: el año en que comenzó la “guerra contra el narcotráfico”. Tras este cambio de política, el ejército mexicano también cambió de rumbo y adoptó un enfoque más ofensivo contra el crimen organizado.

Lo que en realidad pretendía proteger a la población civil, sin embargo, significó la muerte para muchas personas en el fuego cruzado entre los cárteles y los militares en plena calle. Las víctimas y los supervivientes no reciben suficiente apoyo de las autoridades y a menudo se ven obligados a buscar a sus desaparecidos.

Los sucesores de Calderón siguieron un curso similar, con una mayor militarización de la seguridad pública en México a expensas de la población civil: la violencia siguió aumentando. En lugar de limitarse a detener a los líderes fácilmente reemplazables de los cárteles de la droga, los militares deberían estar entrenados para actuar de forma preventiva y desescalar para proteger realmente a los ciudadanos.

Quintana Roo, un Caso Especial y de Maquillaje de cifras 

La ENVIPE 2022, estima que la tasa de víctimas por cada 100 000 habitantes en el estado de Quintana Roo fue de 22 401 hombres y 23 673 mujeres. Tasa de delitos por cada 100 000 habitantes durante 2021, en el estado de Quintana Roo.4 sept 2022.

Los últimos cinco años la cantidad de mujeres atacadas por el crimen organizado incrementó en un 350% en el Caribe mexicano. Las líneas de investigación revelan que en su mayoría tenían nexos con el narcotráfico.

La información oficial de la Fiscalía General del Estado y las corporaciones policíacas estatales especificaron que de marzo del 2018 a abril del 2023 más de mil 119 mujeres fueron asesinadas, ejecutadas o desaparecidas en el Estado de Quintana Roo.

Este número es muy superior a las 319 víctimas femeninas relacionadas con los carteles de la droga reportadas del 2013 a principios del 2023. Sin embargo, las cifras no son muy específicas y contradicen a las que se manejan a nivel federal, al utilizarlas de manera sesgada y sin mayor recato que para el lucimiento de las autoridades.

Lo que es real es que Quintana Roo al igual que gran parte del país se desangra impunemente.

Guanajuato: Cárteles, guerra y drogas

Otro caso especial lo representa el estado de Guanajuato.

La violencia está desigualmente distribuida en México: el 45 por ciento de todos los homicidios del país se producen en sólo cinco de los 31 estados: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Michoacán y el Estado de México.

Guanajuato es el estado más violento del país, con 11 por ciento, y también el que tiene despliegues militares más frecuentes (cifras de 2021). Entre 2017 y 2022, el número de reportes de personas desaparecidas en esa entidad aumentó 81 por cientos.

En los dos últimos años, se encontraron 235 fosas ilegales cuya existencia las autoridades habían negado anteriormente. Esta actitud apunta a la colaboración entre autoridades y cárteles en algunos estados. La organización Impunidad Cero determinó que el 94 por ciento de los delitos no se denuncian y menos del 1 por ciento se resuelven.

Para grupos criminales como el cártel de Santa Rosa de Lima, la importancia del estado de Guanajuato creció debido a su situación geográfica en el centro de México, su proximidad a la capital y a la carretera federal. Guanajuato también ofrece la posibilidad de robar combustible de los oleoductos locales como una de las fuentes de ingresos más lucrativas y fáciles para los cárteles.

En particular, el Estado ha intensificado su persecución del robo de combustible en los últimos años con el despliegue del ejército y, por tanto, una militarización simultánea de la seguridad pública en Guanajuato. Además de los dos cárteles más grandes, el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco, otros 148 grupos criminales estaban activos en Guanajuato (hasta 2020). Otras fuentes de ingresos de todos estos cárteles son el narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual, el robo y tráfico de órganos, el robo de recursos y la extorsión.

Violencia contra las mujeres, el ejemplo de Guanajuato

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia intentó investigar los contextos estructurales de la desaparición mediante una serie de entrevistas con familiares de mujeres desaparecidas en Guanajuato (se espera que este estudio se publique a finales de mayo). La violencia que sufren las mujeres y las razones que la motivan son diferentes a las de la violencia contra los hombres.

A menudo, las víctimas crecieron en la pobreza o en la penuria social, sufrieron violencia doméstica, abandonaron prematuramente la escuela o fueron madres a una edad temprana. En algunos casos, el bienestar psicológico de las víctimas ya estaba lastrado por muertes pasadas o asesinatos de seres queridos antes de que desaparecieran.

En estos casos, surgieron sentimientos de culpa y depresión. Si las jóvenes procedían de hogares violentos, ausentes o estrictos, con un consumo problemático de drogas, estos patrones podían repetirse más tarde en sus propias parejas. Otros patrones eran relaciones de poder desequilibradas en las relaciones, como una gran diferencia de edad o que los hombres de sus relaciones estuvieran a su vez relacionados con grupos criminales.

Las familias de las víctimas de feminicidio manifestaron en las entrevistas que habían observado diversos tipos de violencia a la que fueron sometidas sus hijas o hermanas antes de la desaparición -incluyendo violencia sexual y explotación laboral, así como violencia física y psicológica-. Esta violencia está a su vez ligada al sistema patriarcal y racista en el que viven estas mujeres. En 2022, una de cada tres mujeres dadas por desaparecidas era menor de 18 años.

En estas estructuras, muchas mujeres afectadas entraron a menudo en contacto con drogas y, por tanto, también con redes ilegales de narcotráfico. El contacto con las drogas se mencionó como una de las causas de la desaparición en ocho de las diecinueve entrevistas, así como la relación con una persona que pudiera estar relacionada con un grupo criminal o con actividades delictivas (como el asesinato por encargo, la venta ilegal de armas y la venta de sustancias ilegales).

Las familias de al menos diez de las diecinueve víctimas entrevistadas declararon que sus parejas eran responsables de la desaparición de sus hijas o hermanas. Incluso sin tener que ser consumidoras de drogas, las mujeres entraron en contacto con la criminalidad estructural de los cárteles.

Guanajuato desempeña un papel clave en el tráfico de drogas debido a su situación geográfica, pero también se ha convertido en destino final de los consumidores. La metanfetamina se produce en grandes cantidades en laboratorios ilegales y, como droga sintética, tiene un riesgo de adicción muy alto.

Los grupos delictivos vieron en los jóvenes (como grupo vulnerable) un lugar de venta fácil de sus productos. El contacto con las drogas aumenta el riesgo de convertirse en víctima de una desaparición violenta. A pesar de estos hechos, faltan medidas estatales de prevención y ofertas de ayuda.

Esto, y la estigmatización del consumo, empuja rápidamente a las personas necesitadas hacia espacios no oficiales e inseguros en busca de ayuda, lo que a su vez aumenta de nuevo el riesgo de convertirse en víctimas de la violencia.

Estos espacios no oficiales no cumplen necesariamente la normativa para el tratamiento de adictos: se han denunciado casos de personas violadas o retenidas durante semanas en tales instalaciones con la promesa de recibir ayuda. Los familiares confirmaron que las estancias allí no producían resultados positivos.

Previsto: Ley de lucha contra la delincuencia organizada con perspectiva de género

Las políticas y planes que abordan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia aún no han tenido un impacto positivo. Actualmente, una media de once mujeres es asesinadas cada día en México, una cifra que ha aumentado en los últimos años, al igual que el número de desapariciones.

Una sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado federal mexicano a crear normas y políticas que tengan en cuenta la perspectiva de género, como mecanismos de búsqueda diferenciados.

El estado de Guanajuato trabaja actualmente en una ley integral para combatir el crimen organizado, que debería incluir una perspectiva de género. Sería conveniente que el estado de Guanajuato cooperara con el gobierno federal mexicano, ya que la regulación del narcotráfico respetando los derechos humanos y la mejora del sistema de aplicación de la ley y la administración de justicia son cuestiones clave.

Los casos de desapariciones de mujeres estudiados se enmarcan en disputas entre cárteles de la droga enfrentados. La falta de una perspectiva de género complica el estudio de estos casos. Las estructuras de poder dentro de los cárteles son fuertemente sexistas y el ejercicio del poder está reservado a los hombres. Las mujeres asumen el papel de “sujeto subordinado” en este conflicto armado.

En este sistema de crimen organizado, las mujeres son dshumanizadas y degradadas a objetos de decoración, entretenimiento o compañeras sexuales de alguno de los miembros del grupo criminal. Esta violación de los derechos humanos, especialmente de las mujeres víctimas en el sistema patriarcal de los cárteles, debe ser jurídicamente distinguida.

El Estado mexicano no asume su responsabilidad

El procesamiento y la investigación de las desapariciones forzadas de niñas y mujeres y de los feminicidios suelen quedar sin resolver. Las autoridades no adoptan medidas para romper los vínculos estructurales con los perpetradores y castigar sistemáticamente los actos.

Esto significa simplemente que las víctimas reciben una atención inadecuada por parte de las autoridades y tienen que temer la estigmatización. Además, las autoridades de Guanajuato carecen de los recursos financieros y humanos necesarios para abordar realmente las desapariciones.

Por lo tanto, el Estado mexicano y las autoridades de Guanajuato no están cumpliendo con su deber de proteger a la población civil y a los grupos especialmente vulnerables. No existe una estrategia para prevenir los actos, proteger a las víctimas y castigar a los autores. Las medidas deben ser financieramente viables y adaptarse a las condiciones locales.

Ante la inacción del Estado, muchos afectados, especialmente mujeres, se organizan en colectivos de búsqueda u otras formas de apoyo para buscar a los desaparecidos. En el proceso, las cuestiones generales de igualdad de género, así como la defensa de los derechos humanos, se convierten también en el centro de atención de las organizaciones.

Estas operan a menudo a nivel local y sirven de refugio a las mujeres víctimas de la violencia y a sus supervivientes. El apoyo financiero del Estado es insuficiente y ha disminuido en los últimos años. En México es necesario un cambio de rumbo hacia una política que reconozca y castigue legalmente la violencia estructural contra las mujeres.

 

 

 

 

Fuente Agencias

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