Auditorias forenses a Isla Mujeres y Solidaridad podrían Concluir con Denuncias penales contra Exfuncionarios Municipales

Redacción/CAMBIO 22

La Auditoria Superior del Estado (Aseqroo) una ves concluido los tiempos estipulados por ley, estaría presentando denuncias penales por irregularidades por un monto estimado de 217  millones de pesos en contra de exfuncionarios de los municipios de Isla Mujeres y Solidaridad, esto como parte de las auditorias forenses que se llevan a cabo a las administraciones de Juan Carrillo Soberanis y Laura Beristain Navarrete.

El auditor superior de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, indicó que para el caso particular de Isla Mujeres, en donde se ha detectado irregularidades por 90 millones de pesos, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un resolutivo a favor de la Aseqroo en una controversia constitucional interpuesta por la administración de Carrillo Soberanis, lo que le permite continuar con los trabajos que venía realizando, y una vez concluidos, los presentará a la legislatura, lo cual consideró que por los tiempos sería hasta febrero próximo.

“La auditoría forense es un paso posterior que se da en el propio proceso de la fiscalización a la auditoría financiera, cuando se estima que existe desviación de recursos o existe un grado de corrupción en cuanto a la mala o la incorrecta aplicación de los recursos públicos, y la propia ley lo señala, la propia norma de la auditoría lo señala”, explicó Palacios Herrera.

Aclaró que hasta el momento no existen denuncias de la Aseqroo hacia el municipio de Isla Mujeres, pero por el proceso que está llevando todo indica que se derivará en denuncias penales por presuntas irregularidades de más o menos 90 millones de pesos.

Asimismo, dijo que en el caso de Solidaridad se estima una afectación al erario público por 127 millones de pesos que también llevaría a estos procesos.

Insistió que no se tiene una fecha para que la Aseqroo pueda presentar las denuncias penales, ya que se deben agotar los tiempos y etapas del debido proceso, para entonces hacer lo conducente, y en su caso las del órgano fiscalizador se sumarán a las denuncias ya presentadas por las alcaldesas Lili Campos en Solidaridad y Atenea Gómez Ricalde en Isla Mujeres, mismas que en su momento deben ser judicializadas por la Fiscalía Anticorrupción.

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