Auditorías Exhiben Red de Corrupción e Impunidad en Yucatán con más de 288 millones Desviados por Alcaldes Reelectos

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La ASEY documenta irregularidades en 26 municipios entre 2023 y 2024, mientras los mismos funcionarios vuelven a aparecer en los informes sin consecuencias

El Congreso aprueba los dictámenes sin sanciones, confirmando una crisis de rendición de cuentas y el fracaso del sistema anticorrupción en el estado

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

MÉRIDA, Yucatán, 25 de octubre de 2025.– Dos auditorías consecutivas de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) han puesto bajo la lupa el manejo de recursos públicos en los ayuntamientos de la entidad.

Los informes uno correspondiente a 2024 y otro al ejercicio 2023 exponen irregularidades por más de 288 millones de pesos, y confirman que varios alcaldes reelectos vuelven a aparecer en los reportes de daño patrimonial.

Primera auditoría: nueve municipios observados en la cuenta pública 2024

La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la primera entrega de la cuenta pública correspondiente a 2024, aplicada a 11 ayuntamientos de los trienios 2021-2024 y 2024-2027.

De estos, nueve municipios incurrieron en daño patrimonial por un monto total de 15 millones 398 mil 599.38 pesos, según el reporte remitido por la ASEY.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de los diputados de Morena, PAN y PT, y será turnado al Pleno en la próxima sesión legislativa.

La revisión abarca los últimos ocho meses del trienio 2021-2024 (enero a agosto de 2024) y los primeros cuatro meses del actual 2024-2027 (septiembre a diciembre de 2024).

Entre los municipios observados destacan:

Yobaín: 3.53 millones de pesos (alcalde reelecto Jesús Alberto Cool Aké).
Bokobá: 3.60 millones (exalcaldesa Rubí Alejandrina Sosa Pérez y actual Yanely Ortega Canché).
Buctzotz: 769 mil pesos (exalcalde Víctor Manuel Campos Baeza y actual Carlos Argáez Be).
Chichimilá: 1.89 millones (reelecto Francisco Medina Martín).
Maní: 482 mil pesos (reelecto Freddy Interián Bojórquez).
Panabá: 743 mil pesos (exalcalde Omar Mena Narváez y actual José Nicolás Iuit Alcocer).
Samahil: 509 mil pesos (reelecto Samuel Mayen Poot).
Tekom: 1.07 millones (reelecta Gloria Cocom Can).
Tetiz: 2.68 millones (exalcalde Melesio Canché Ruiz y actual Cristian Poot Chan).

Segunda auditoría: 17 municipios bajo investigación por la cuenta pública 2023

En una auditoría previa, presentada en abril de 2025, la ASEY detectó un daño patrimonial de 273 millones 317 mil 927.48 pesos, de los cuales 259 millones 831 mil 564.68 pesos (el 95%) corresponden a ayuntamientos del trienio 2021-2024.

Este tercer y último informe del ejercicio 2023 incluyó la revisión de 126 entes gubernamentales, entre ellos 78 ayuntamientos, seis organismos autónomos y 40 dependencias del Poder Ejecutivo.

Los 17 municipios señalados son: Celestún, Dzemul, Dzilam Bravo, Espita, Maxcanú, Mocochá, Motul, Opichén, Río Lagartos, Tekax, Telchac Puerto, Temax, Tinum, Yaxcabá, Tzucacab, Conkal y Yobaín.

Entre los mayores desvíos destacan:

Celestún – José Asunción Ramírez Perera: 24.7 millones de pesos.
Telchac Puerto – Juan Alfredo Marrufo Díaz: 22.6 millones.
Mocochá – Pablo Alejandro Cutz Domínguez: 16.8 millones.
Dzemul – José Wilberto Flota Aké: 16.2 millones.
Tinum – Alicia Aurora Góngora Mejía: 13.9 millones.

Otros municipios como Motul, Yaxcabá, Espita y Maxcanú también figuran entre los observados, con montos que superan los 7 millones de pesos cada uno.

Dinero en el aire y falta de sanciones

Aunque ambas auditorías confirman daños patrimoniales por más de 288 millones de pesos, ninguna ha derivado en sanciones públicas ni en recuperación de los recursos.
Los expedientes fueron turnados a la Comisión de Vigilancia, pero hasta ahora no se ha informado de denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción ni de resoluciones administrativas.

El procedimiento indica que los casos deben remitirse al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, sin embargo, en ejercicios anteriores muchos expedientes han terminado archivados o prescritos.

La ASEY es el órgano técnico del Congreso del Estado encargado de fiscalizar la correcta aplicación de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno estatal, Ejecutivo, Judicial y municipal.

Su función principal es revisar las cuentas públicas, detectar irregularidades en el gasto, y, en teoría, promover las acciones legales para recuperar el dinero desviado o mal ejercido.

Sin embargo, su papel termina, casi siempre, en la documentación, la ASEY audita, redacta los informes y los remite al Congreso; el Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, aprueba los dictámenes y los turna al Pleno; los medios reproducen los hallazgos; y ahí se detiene todo.

En la práctica, los procedimientos de sanción avanzan lentamente o se diluyen entre trámites administrativos y tiempos procesales, lo que convierte a la fiscalización en un mecanismo más de registro que de justicia.

El resultado es un ciclo predecible, cada año se revelan nuevos daños patrimoniales, pero pocos funcionarios rinden cuentas y casi nunca se logra recuperar el dinero público perdido.

En conjunto, los reportes 2023 y 2024 confirman que la rendición de cuentas en Yucatán enfrenta una crisis de efectividad, donde el dinero público sigue “en el aire” y los mecanismos de fiscalización solo documentan, pero no corrigen.