Asociación Civil Propone Crear Comisión Ciudadana para Depurar Poder Judicial del Estado 

• Al hacerse una investigación pueden quedar expuestos los presuntos pactos entre el gobierno y el crimen organizado, y se podrá sancionar a los responsables, ya que las instituciones encargadas de esta tarea no están realizando su labor, señaló Luis Humberto Gutiérrez Ramírez, representante de Lidesol.

Redacción/CAMBIO 22

San Francisco de Campeche, Cam., 28 de noviembre.- Más que una elección de jueces y ministros, lo que propone el grupo político Liberación Política Nacional (LIDESOL) es una depuración del Poder Judicial Estatal y la Fiscalía General, para atacar de raíz el problema de la corrupción.

En conferencia de prensa, Luis Humberto Gutiérrez Ramírez, representante de la citada organización propuso la investigación y depuración de las mencionadas instituciones mediante la conformación de una comisión independientes conformada por la sociedad civil y observadores internacionales.

De esta forma pueden quedar expuestos los presuntos pactos entre el gobierno y el crimen organizado, y se podrá sancionar a los responsables, ya que las instituciones encargadas de esta tarea no están realizando su labor.

De ser posible, este esfuerzo abarcaría además de jueces y magistrados, también a los altos funcionarios del Ejecutivo, relacionadas con la procuración de justicia.

En ese tenor también se buscaría, mediante la aplicación de auditorías ciudadanas, depurar a los fiscales  que mantengan vínculos con el crimen organizado o que favorezcan a las élites, dijo el representante de Lidesol.

Consideró que solamente con la participación ciudadana se podrá lograr el desmantelamiento de las redes de corrupción judicial y las existentes en la fiscalía estatal.

Mientras las tareas de combate a la corrupción recaiga en los propios funcionarios del ramo judicial, no se podrá desaparecer o exterminar las presuntas alianzas entre el gobierno, jueces e investigaciones, consideró.

Ante ello, manifestó que debe crearse la conformación de lo que llamó un órgano autónomo de supervisión, conformado por representantes auténticos de la sociedad civil.

Consideró que el combate a la corrupción en las instituciones procuradoras y administradoras de justicia no prosperan porque los funcionarios no están dispuestos a aplicar sanciones ejemplares.

Desde luego -reconoció- esta iniciativa solamente podría aplicarse si es retomada por el Poder Legislativo, pues implicaría una serie de reformas a las  constituciones Federal y local, así como a diversos ordenamientos y leyes generales.

Fotos: Baltazar Can

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