Asesinato de Carlos Manzo: México Indignado Contra el Estado

Redacción/ CAMBIO 22

La muerte del presidente municipal de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo, a manos del crimen organizado, está a punto de cambiar el ritmo de la política mexicana ante una creciente ola de indignación popular contra el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata del suceso criminal más traumático de los últimos años, que ha despertado la ira de la población contra la política oficial de lucha contra la delincuencia, que no atendió las peticiones públicas de ayuda del alcalde, tanto al Gobierno del estado de Michoacán como al Gobierno central. Además, el alcalde había formulado claras advertencias sobre el funcionamiento de la Guardia Nacional, integrada recientemente en la Secretaría de Defensa Nacional y implicada, en su opinión, en actos de corrupción.

El hecho de que la matanza se produjera en la plaza de la ciudad que gobernaba Carlos Manzo, después de cargar a su pequeño hijo en plena celebración del Día de Muertos, estando protegido, según el Gobierno federal, por catorce agentes de su confianza y la Guardia Nacional, ha apagado para siempre la voz de un funcionario joven, de cuarenta años, que repetía continuamente que no cedería frente a los criminales y que, en cierto modo, hasta en sus discursos pronosticaba el fatal desenlace del pasado sábado.

¿Un punto de inflexión para Michoacán y a nivel nacional?

Al haber exigido una y otra vez al Gobierno federal que actuara en materia de seguridad para su pueblo, acosado por diferentes grupos criminales, Manzo nunca obtuvo el respaldo solicitado. A su muerte le antecedió el homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la asociación de limoneros de Michoacán y representante de un sector que, junto con los acuacateros, está sufriendo el embate del crimen organizado en forma de impuestos “invisibles” y extorsiones que deben entregar a los líderes criminales ante la pasividad de las autoridades de seguridad y la falta de acciones reales para terminar con la violencia en la Tierra Caliente.

Michoacán ha sido un escenario tradicional de relaciones muy complejas entre grupos de crimen organizado, autodefensas de diferente índole y los órganos de seguridad de diferentes niveles, sin que se haya logrado cambiar la continuidad de las turbulencias para la población local con las intervenciones de las administraciones pasadas.

Con la muerte de Manzo, han estallado manifestaciones espontáneas y actos de vandalismo por parte de miles de estudiantes y ciudadanos en la ciudad de Uruapan, otras poblaciones y la capital del estado, Morelia. La gente ha salido a las calles para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan. Así muchas personas están viendo abrirse una ventana de verdad que permite descubrir el nexo entre la política y el crimen, encubierto durante tanto tiempo en materia de homicidios dolosos y las desapariciones. Por ello, lo primero que piden es la revocación del mandato del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, del partido Morena, y de la presidenta, culminando en la consigna “¡Fuera Morena!”. De esta manera, la indignación del momento alcanza hasta el Palacio Nacional, del cual no se ha logrado recibir una respuesta adecuada a este nuevo momento del país, que se está expandiendo más allá del estado de Michoacán.

La Generación Z en México

También en el seno del Gobierno se está empezando a notar la fuerza del golpe, no solo en su estrategia de seguridad, sino también en la propia presidenta, Sheinbaum, y en el lema de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien, con su dicho “Abrazos, no balazos“, había hecho una declaración poco oportuna para la lucha contra el crimen.

La presentación del nuevo “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” por parte de la presidenta difícilmente será capaz de calmar los ánimos de los indignados de Uruapan y otras ciudades, especialmente de los jóvenes que han convocado una marcha nacional para el 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Iniciativas como esta de la Generación Z ha tenido un papel muy relevante en el caso de Perú contra el Gobierno de Dina Boluarte, que ha acabado con su vacancia, y el presidente actual José Jerí.

La Generación Z actúa de manera esporádica, sin liderazgo centralizado y no está vinculada a ideologías políticas establecidas, lo que siempre genera sospechas por parte de los gobernantes que sospechan influencias externas y financiamientos ajenos al control nacional. Es posible que esta ola de movilización pueda rebasar la acción gubernamental y, en cierta medida, la actuación del partido Morena, debido a la indignación y la necesidad popular de expresar sus miedos ante los años de inacción de Morena en sus siete años de control del Gobierno nacional y de una gran mayoría de gobernadores de su partido en el país.

Los casos recientes de corrupción en el partido gobernante que no se están resolviendo por parte de la Fiscalía General de la República refuerzan la sensación popular de que se están encubriendo los nexos con el crimen organizado, lo que genera nuevos resentimientos en la sociedad, también entre los jóvenes, que podrían ser impulsores no solo de protestas, sino también de resistencias contra los representantes en los distintos niveles de gobierno de México.

El despertar social, no solo contra el crimen, sino también contra el propio Gobierno, puede generar cambios políticos a corto plazo si el Gobierno de la presidenta Sheinbaum no logra demostrar más empatía con la población. Sus inquietudes ante el avance del deterioro en materia de seguridad busca expresarse ahora frente a un discurso de seguridad que se ve superado por la realidad de una sociedad con miedos acumulados que espera una acción más contundente por parte del Estado.

Fuente: DW

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