Aseguramientos de la FGE Golpea a Bailarinas, Meseros y Empresarios de Centros Nocturnos en Chetumal

• Bailarinas, meseras y meseros protestan por desempleo y denuncian abusos en irregular acoso y persecución

• Afectadas supuestamente “rescatadas” de los bares se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para denunciar excesos y vejaciones padecidas de parte de la FGE 

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 30 de julio. – La política de cateos implementada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestas denuncias de trata de personas que hasta ahora no han generado ningún proceso judicial por falta de elementos empujó hacia una crisis el sector de centros nocturnos de Chetumal.

Bajo el argumento de combatir la trata de personas, la Policía Ministerial de Investigación (PMI) intensificó desde febrero los operativos en bares y clubes, dejando un saldo de 12 establecimientos clausurados solo en la zona sur y al menos 300 personas desempleadas, incluidas bailarinas, meseras, meseros y personal de apoyo.

Tal es el caso que las trabajadoras de los centros nocturnos, supuestas víctimas  “rescatadas” que presume la FGE en sus comunicados, junto con sus compañeros varones igualmente afectados se manifestaron este miércoles frente al Palacio de Gobierno en Chetumal, para denunciar excesos y vejaciones cometidas durante los cateos, además de la privación de sus fuentes de empleo.

Según su testimonio, las revisiones derivan no solo en el cierre de locales, sino también en detenciones arbitrarias y tratos degradantes hacia mujeres que laboran en el sector, algunas de las cuales, por ser de origen extranjero, habrían sido incluso deportadas sin procesos claros.

“Queremos una audiencia para exponer esta problemática, porque no somos delincuentes”, señalaron los manifestantes en medio de pancartas y consignas dirigidas a la gobernadora Mara Lezama.

El impacto económico es severo, pues empresarios denuncian pérdidas millonarias debido a los aseguramientos prolongados, que impiden el uso de los inmuebles y provocan el deterioro o robo de su mobiliario y equipo.

Mientras las secretarías de Finanzas, Salud y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco permiten la operación regulada de estos giros y cobran por permisos y tarjetas de salubridad, la persecución y el hostigamiento de la FGE se mantienen como los únicos obstáculos para su reapertura.

“Hemos invertido hasta dos millones de pesos y todo lo hemos perdido”, reclamó uno de los afectados.

Es evidente la falta de coordinación interinstitucional y la opacidad en los protocolos de la Fiscalía, que supuestamente busca combatir delitos graves como la trata de personas, pero dejó en la indefensión a trabajadores de los centros nocturnos.

Una reunión sostenida entre una comisión de manifestantes y la Subsecretaría de Gobierno será clave para definir si se abre un canal de diálogo o si el sector nocturno continúa enfrentando una política de clausuras sin alternativas claras de subsistencia.

redaccion@diariocambio22.mx

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