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• Arturo Boix y su Grupo Abandonan el Ejido Leona Vicario tras Extorsiones con “Blindaje”

 

• El grupo de abogados  hicieron entrega formal de documentos y responsabilidades ante la asamblea, poniendo fin a su polémica intervención en los asuntos ejidales.

 

• Con la salida de Boix y su despacho Grupo Barca & Asociados, se abre paso a la depuración de una red de intereses y presunta corrupción en la Ruta de los Cenotes.

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

Este lunes 3 de noviembre de 2025, el abogado Arturo Boix Castillo y su despacho Grupo Barca & Asociados fueron oficialmente desvinculados de todos los asuntos de regularización en la Ruta de los Cenotes y del Ejido Leona Vicario. Alrededor de las 11:00 horas, Boix y su equipo fueron retirados de las oficinas que ocupaban en la planta baja de la casa ejidal de Leona Vicario, poniendo fin a su polémica injerencia en la administración de tierras comunales.

Este hecho marca un parteaguas en el conflicto agrario de la zona, después de más de dos años en los que Boix operó con mano libre en el ejido bajo el amparo de un contrato de asesoría legal que, según comuneros, se había extendido más allá de su objetivo inicial.

Boix alias “El Pájaro” es un abogado con antecedentes penales por extorsión, habiendo sido detenido en 2012 en Cancún y purgado cerca de tres años en el CERESO local, a pesar de ese historial, logró posicionarse como gestor del ejido desde 2023, incluso tomando control de unas 250 hectáreas de tierras de uso común sin la autorización formal de la asamblea ejidal.

Su influencia se mantuvo mediante un contrato de regularización que le garantizaba pagos mensuales se estima que su despacho cobró 120 mil pesos mensuales, acumulando más de 3 millones de pesos sin avances sustanciales en la titulación original.

Durante su gestión, Boix presumía de tener “contactos” en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en autoridades municipales, lo que reforzaba la percepción de protección política en torno a sus actividades.

“Blindaje” Extorsionador, El Surgimiento del Top Ten

Uno de los esquemas más controversiales de Boix fue la creación del “Top Ten”, una lista de desarrollos ejidales irregulares a cuyos dueños él ofrecía un “blindaje” especial, bajo el discurso de una “regularización” protegida, Boix y su grupo exigían pagos millonarios a fraccionadores y posesionarios a cambio de garantizarles impunidad para seguir vendiendo lotes ilegales.

⚠️💰 VIDEO | Quitan sellos de clausura tras “negociaciones” económicas en la Ruta de los Cenotes
Un video muestra el momento en que operadores del grupo vinculado a Arturo Boix retiran los sellos de clausura en el desarrollo Chak Balam, tras un presunto acuerdo económico… pic.twitter.com/FKP77tI6Mk

— Diario CAMBIO 22 (@DiarioCAMBIO22) October 21, 2025

Testimonios señalan que inicialmente se pedía un primer pago calculado en aproximadamente $40 pesos por metro cuadrado, seguido de un segundo depósito al cabo de 30 días.

A cambio, los extorsionadores entregaban a sus víctimas un código QR que supuestamente “blindaba” sus proyectos contra acciones de la Fiscalía o inspecciones de la autoridad ambiental.

                           (El grupo de Arturo Boix ofrecía un “blindaje” mediante códigos QR a desarrolladores, prometiendo protección contra clausuras oficiales.)

👉 https://ejidoleonavicario.mx/fichatecnicaxul-ha.pdf

En realidad, dichos códigos QR dirigían a páginas web donde aparecía el nombre del fraccionamiento y material promocional que simulaba legalidad, pero se trataba de proyectos previamente clausurados por las autoridades y boletinados por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) como asentamientos irregulares.

En otras palabras, el supuesto “blindaje” era un montaje digital: amparaba a desarrolladores en terrenos oficialmente catalogados como ilegales, vendiéndoles una ilusión de protección jurídica.

Como prueba, el sitio web al que redirigía uno de estos QR correspondiente al complejo Fincas Xul-Ha en la Ruta de los Cenotes actualmente muestra una pantalla de “Página en construcción”, evidencia de la desaparición del contenido con el que se promovía la venta irregular.

Conforme avanzó el 2025, Boix formalizó este esquema en un “paquete” de extorsión a gran escala, según fuentes internas, el costo del blindaje ascendía a $1,800,000 pesos de pago inicial, más cuotas mensuales de $200,000 a $300,000 pesos durante dos años (dependiendo del tamaño del desarrollo).

A cambio, quien pagaba recibía un certificado con código QR y la promesa de que podría continuar vendiendo y publicitando sus lotes sin ser inspeccionado ni clausurado por las autoridades ambientales.

El propio Boix, junto con sus colaboradores Pablo Canseco Benítez, David Carmona, Arturo Velázquez y Elfego Pinzón Peña fungían como “blindadores”, presumiendo tener conexiones dentro de la Fiscalía (vía un agente del Ministerio Público, de nombre Jorge Luis M.G.) y en las dependencias estatales de medio ambiente, para así garantizar la impunidad de los proyectos “protegidos”.

La gran mayoría de los desarrolladores abordados rechazó participar en el blindaje, sin embargo, Boix logró convencer a 10 desarrolladores de que les convenía pagar por esta supuesta protección, conformándose así el grupo conocido como el “Top Ten”.

Esta estrategia de recaudo extorsivo inició el 7 de mayo de 2025 y, hasta la salida de Boix en noviembre, dichos fraccionadores continuaban promoviendo y vendiendo sus desarrollos irregulares bajo la aparente inmunidad brindada por el grupo, cabe destacar que uno de los 10 inicialmente incluidos decidió no pagar el desarrollo Punta del Cielo, optando por esperar el proceso de regularización oficial, Boix lo expulsó del grupo y, días después, Punta del Cielo fue clausurado por las autoridades, usado como escarmiento público para advertir a quienes osaran negarse a la extorsión disfrazada de blindaje.

Clausuran desarrollo “Punta del Cielo” En la Ruta de los Cenotes

Los Desarrollos Irregulares “Blindados” por el Top Ten

Los proyectos inmobiliarios involucrados en el Top Ten abarcan extensas superficies en la selva de la Ruta de los Cenotes, todos **fraccionamientos ejidales **vendidos de forma irregular (sin permisos ni factibilidad urbana) pero que, gracias al “blindaje” de Boix, han continuado ofertándose.

Entre estos desarrollos que en conjunto suman más de 1,099 hectáreas irregulares, con un valor de regularización estimado en más de $347 millones de pesos destacan los siguientes:

 

• Imperio Maya – 191 hectáreas. Propietario/Representante: Abel Campos. Ubicación: 20°57’32.5″N, 87°09’13.4″W. Es uno de los fraccionamientos irregulares más extensos; figura a la cabeza del “Top Ten” promovido por Boix.

• Tubuul Kiin Eco Hábitat – 137.5 hectáreas. Propietario/Rep.: Horacio Ledezma. Este desarrollador, además, impulsa otros dos proyectos irregulares en la misma zona bajo distintos nombres: Juul Kiin Eco Residencial (coordenadas 20°55’32″N, 87°09’04″W) y Chiibal K’ín (otro fraccionamiento contiguo). Ledezma fue uno de los principales aliados de Boix en el esquema de “blindaje”, incorporando un volumen considerable de tierra ejidal al inventario irregular.

• Fincas de Xul-Ha – 97 hectáreas. Propietario: Sebastián Lavia. Ubicación: 20°58’00″N, 87°09’53″W. Proyecto clausurado por autoridades y señalado por SEDETUS, pero promocionado fraudulentamente por el grupo de Boix como parte de la “regularización”.

• Xul-Ha Eco Hábitat – 48 hectáreas. Propietario: Sebastián Lavia. Ubicación: 20°53’54″N, 87°05’59″W. Es otro fraccionamiento de Lavia en la zona; aún en julio de 2025 se observó al desarrollador promoviendo abiertamente la venta de lotes en redes sociales, pese a la ilegalidad de los mismos.

• Kaax Baalam (también anunciado como “La Granja”) – 74 hectáreas. Ubicación: Ruta de los Cenotes, Km. 27. Propietario: Alejandro Ayala. Forma parte del catálogo del Top Ten de Boix, continuando la oferta de terrenos selváticos como supuestos “ecodesarrollos” comerciales.

• Edén Residencial – 74 hectáreas. Propietario/Rep.: Jonathan Méndez. Ubicación: 20°57’47″N, 87°08’41″W. Otro asentamiento irregular en venta que, al pagar el blindaje, obtuvo un QR de “protección” para seguir captando compradores incautos./ https://www.eden-residencial.com

(Nota: Boix incluso se incluyó a sí mismo en el Top Ten como supuesto desarrollador, adjudicándose 150 hectáreas “en proyecto” a fin de proyectar confianza ante los demás inversionistas, también figuraron en la lista otros particulares con terrenos sin nombre comercial por ejemplo, un predio de 120 ha ligado a Miguel Magaña y otro de 70 ha de Raúl Fuentes que complementaban el decálogo de fraccionamientos.)*

Red de Corrupción Desde las Altas Esferas hasta la Delincuencia

Detrás del negocio del “blindaje” operaba una estructurada red de corrupción que vinculaba a funcionarios públicos de alto nivel, autoridades locales y elementos del crimen organizado.

La estrategia de Boix fue tejer alianzas tanto con políticos de cuello blanco como con operadores criminales para consolidar la extorsión a gran escala.

En la cúspide de la red se menciona la participación de un alto funcionario estatal del área ambiental encargada de otorgar o negar permisos de cambio de uso de suelo en áreas naturales quien habría colaborado frenando o permitiendo desarrollos según los intereses del grupo.

Asimismo, los extorsionadores alardeaban de influencia dentro de la Fiscalía General del Estado gracias a su relación con una exdiputada local, de hecho en audios y mensajes atribuidos al grupo de Boix, se referían a su protectora política como “Susi”, en aparente alusión a la exlegisladora; con su respaldo decían “tener a la Fiscalía controlada” para volcarla contra quien no se sometiera.

Estas conexiones políticas les permitían amenazar creíblemente a los ejidatarios y empresarios: “si no pagan, la Fiscalía se les va a echar encima”, advertían, presumiendo su capacidad de fabricar cateos o clausuras a conveniencia.

Paralelamente, Boix contaba con operadores de choque provenientes del crimen organizado, un personaje clave fue Mario A. C. M., alias “La Nalga Chula”, un conocido operador de trabajos sucios que fungió como intimidador principal hasta su encarcelamiento este 2025, tras la detención de “Nalga Chula”, el señor Elfego Pinzón un pseudo “ingeniero topógrafo” con supuestos vínculos delictivos asumió el papel de brazo ejecutor de las amenazas.

Junto a Canseco y otros emisarios de Boix, enviaban mensajes intimidatorios exigiendo “adelantos” de hasta $10 millones de pesos, bajo la advertencia de que si no pagaban, activarían operativos judiciales en su contra.

Esta mezcla de coacción criminal y trámites legales mantuvo a muchos posesionarios aterrorizados y pagando, generando una red de extorsión que buscaba despojar más de $600 millones de pesos del patrimonio colectivo.

Toda esta operación ocurrió al margen de la ley, aprovechando vacíos institucionales y la complicidad de autoridades corruptas, cabe subrayar que el Gobierno de Quintana Roo, a través de SEDETUS y con aval de la Gobernadora, había decretado una veda de venta de terrenos ejidales en la Ruta de los Cenotes, con la intención de frenar los asentamientos irregulares mientras se avanzaba en la regularización ordenada, Boix y su grupo ignoraron dicha veda y, por el contrario, la convirtieron en herramienta para lucrar, bajo el pretexto de “regularizar en lo que dura la veda”, impusieron sus blindajes extorsivos a desarrolladores, posesionarios e incluso a ejidatarios, barriendo parejo y lucrando a costa de todos los involucrados.

Las investigaciones periodísticas han dejado claro que Boix y su grupo actuaban sin ningún sustento legal ni contractual válido en el ejido, usando amenazas, códigos QR apócrifos y proyectos clausurados como fachada de “regularización” para obtener recursos ilícitos.

Hacia la Regularización y la Recuperación de la Legalidad

La salida de Arturo Boix Castillo y sus colaboradores del Ejido Leona Vicario representa un triunfo importante para la comunidad ejidal y las autoridades honestas que buscan restablecer el estado de derecho en la Ruta de los Cenotes.

Con Boix fuera de escena, el camino queda despejado para que la empresa legítimamente contratada Terracasa Inmobiliaria Real Estate, S.A. de C.V., única autorizada para la regularización de las tierras ejidales retome las riendas del proceso legal.

De hecho, Terracasa ya había advertido por escrito en agosto de 2025 que ni Boix ni “Grupo Barca” tenían relación legal alguna con el proceso de regularización, desmintiendo la fachada que el abogado ostentaba.

No obstante, la amenaza no se ha disipado por completo, la red de extorsión construida por Boix dejó huella en diversas instituciones y en la psique de los afectados.

Ahora corresponde a las autoridades estatales y federales investigar a fondo y deslindar responsabilidades tanto de funcionarios coludidos como de los desarrolladores que participaron en el Top Ten para desmantelar definitivamente la estructura de corrupción y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de proteger el patrimonio ejidal.

El desenlace de este caso marcará no solo el destino de cientos de hectáreas en Leona Vicario, sino también enviará un mensaje claro sobre la cero tolerancia a la impunidad en los esfuerzos de ordenamiento territorial en Quintana Roo.

En resumen, este especial investigativo evidencia cómo un grupo bien organizado, liderado por Arturo Boix, pudo infiltrarse hasta las entrañas del ejido explotando las ambiciones de unos y los temores de otros, hoy con su expulsión del ejido, se sienta un precedente para que nunca más un intermediario sin escrúpulos se aproveche de la buena fe de una comunidad.

El objetivo ahora es claro, restablecer la legalidad en la Ruta de los Cenotes, garantizar justicia a los comuneros y encaminar los desarrollos ecoturísticos bajo un orden real y transparente, que sin simulaciones ni extorsiones, comenzará una nueva etapa para una de las zonas con mayor valor y potencial de Quintana Roo.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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