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• El empresario acumula denuncias por más de 200 millones de pesos, procesos penales en Yucatán y Quintana Roo y señalamientos por integrar redes inmobiliarias y agrarias irregulares

 

• Su reciente detención por incumplir una reparación de 2.8 millones de dólares marca el primer golpe real a un historial de impunidad sostenido por viejos y nuevos vínculos políticos

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

MÉRIDA, Yucatán- La reciente detención del empresario Arturo Millet Reyes en Yucatán por incumplir el pago de una millonaria reparación del daño ha puesto nuevamente bajo la lupa su polémico historial legal.

Millet Reyes, conocido desarrollador inmobiliario, acumula desde hace más de una década acusaciones de fraude, abuso de confianza y despojo de tierras.

Diversos procesos judiciales en Yucatán y Quintana Roo han revelado montos millonarios involucrados y han señalado presuntas redes de complicidad que le habrían permitido evadir la acción de la justicia en años anteriores.

A continuación, presentamos un recuento de sus antecedentes legales y mediáticos, que dan contexto a su situación actual.

El nombre de Arturo Millet Reyes figura en múltiples expedientes penales por fraude y abuso de confianza equiparado, uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Yucatán, donde inversores yucatecos lo denunciaron por la venta simulada de 13 terrenos en Tulum, Quintana Roo.

De acuerdo con la denuncia, Millet recibió en depósito 2.8 millones de dólares de un grupo de al menos ocho empresarios con la promesa de escriturarles los lotes antes de 2014.

Sin embargo, llegada la fecha pactada, no entregó las escrituras ni devolvió el dinero, pese a requerimientos judiciales formales, tras años de litigio, en 2022 el Tribunal Primero de Enjuiciamiento de Yucatán lo condenó a 4 años de cárcel por abuso de confianza agravado y a pagar la suma defraudada a las víctimas.

En dicha sentencia que Millet apeló se negaron beneficios sustitutivos, por lo que debía cubrir el pago si quería evitar la prisión.

No se trata de un hecho aislado, las autoridades yucatecas reconocen que Millet Reyes enfrenta al menos tres procesos similares en el estado, bajo un mismo modus operandi.

En uno de ellos, un grupo de inversionistas (los mismos del caso de Tulum) afirmaron haberle entregado 117.8 millones de pesos adicionales como depósito para la compra de varios inmuebles en Quintana Roo, recurso que tampoco fue reintegrado ni resultó en escrituras a su favor.

A pesar de la magnitud del presunto fraude, en 2020 dicho asunto sufrió un controvertido revés, el juez de control Rómulo Bonilla Castañeda rehusó vincular a Millet a proceso, argumentando que se trataba de un “asunto mercantil” y no de materia penal esto por haberse quedado con más de 117 millones de pesos de sus clientes.

La decisión generó suspicacias, pues no era la primera vez que a este juez se le señalaba por nexos con círculos de poder y se puso en duda su imparcialidad.

Otro frente legal se abrió en Valladolid, Yucatán, donde Millet fue acusado de fraude específico por vender un predio en Temozón que no era de su propiedad.

En primera instancia, la jueza Claudia Crisol Antonio Mayor lo encontró culpable y lo sentenció a 7 años y 6 meses de prisión, además de ordenarle pagar 71.84 millones de pesos por concepto de reparación del daño a dos afectados.

Según la acusación, el empresario había recibido dicha suma en 2013 mediante un contrato de promesa de compraventa, ocultando que el terreno estaba en litigio y tenía ocupantes.

No obstante, en agosto de 2025 la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó ese fallo, considerando que Millet actuó como apoderado legal de la propietaria legítima y que los compradores ya estaban advertidos del pleito legal sobre el inmueble.

Esta resolución absolvió al empresario del pago millonario, aunque fue vista por algunos como otro ejemplo de cómo sus defensas han logrado desactivar sentencias adversas.

Paralelamente, en Quintana Roo existe un proceso penal abierto contra Millet Reyes por fraude que asciende a más de 1.3 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes judiciales, estas imputaciones podrían estar relacionadas con inversiones inmobiliarias fallidas en Cancún. En total, sumando los distintos casos, los daños patrimoniales denunciados superan los 200 millones de pesos, una cifra extraordinaria que refleja la dimensión de las operaciones atribuidas al empresario.

Organizaciones de víctimas y medios locales incluso lo han llegado a calificar como “gángster inmobiliario” o “mafioso” dada la reiteración de esquemas de engaño y montos involucrados. Pese a ello, hasta hace poco Millet había logrado mantenerse fuera de la cárcel, dilatando los juicios con recursos legales como amparos y suspensiones e incluso ausentándose de audiencias con justificantes médicos de última hora.

Despojo de tierras en la Ruta de los Cenotes

Además de defraudar a inversionistas privados, Arturo Millet ha sido señalado por despojo y tráfico de tierras en desarrollos de gran escala.

Ejidatarios de Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos (Quintana Roo), lo acusan de formar parte de la llamada “Mafia Agraria” que busca apoderarse ilegalmente de terrenos comunales en la zona conocida como Ruta de los Cenotes, dicho grupo integrado presuntamente por el comisariado ejidal José Leonel Noya Cruz, Millet Reyes, Juan García Ásbun, Jorge Alberto Abraham y otros colaboradores habría orquestado maniobras de intimidación y engaño para que los dueños originales cedan alrededor de 10,000 hectáreas de selva virgen.

El objetivo de este esquema sería desarrollar el megaproyecto inmobiliario “Ciudad Aurum”, una ciudad privada planeada para un millón de habitantes aprovechando la futura cercanía del Tren Maya. De consumarse, el proyecto implicaría la devastación masiva de selvas, cenotes y lagunas que son vitales para el abasto de agua en el norte de Quintana Roo. Representantes de los ejidatarios, como el activista Rogelio Concha, han denunciado que la supuesta inversión es en realidad un despojo disfrazado, terrenos que figuran como “aportaciones” al proyecto habrían sido obtenidos bajo presión, extorsión y asambleas ejidales irregulares donde solo participan incondicionales de la Mafia Agraria.

Concha y otros opositores relatan que quienes se resisten han sido amenazados, mientras que a espaldas de la comunidad se negocia vender las lagunas y cenotes principales a consorcios turísticos privados. Incluso se menciona el interés de Grupo Xcaret, firma conocida por sus parques ecoturísticos en adquirir parte de estas tierras ricas en atractivos naturales.

Estas denuncias en Quintana Roo amplían el perfil de Arturo Millet de simple defraudador a presunto operador de una red de especulación inmobiliaria de alto nivel.

En la prensa local ya se le atribuía participación en una “mafia inmobiliaria” peninsular, caracterizada por la adquisición irregular de tierras ejidales y su reventa a desarrollos turísticos, tales actividades habrían requerido colusión con funcionarios agrarios y autoridades municipales.

De hecho, los ejidatarios señalan que en la Mafia Agraria figuran también exservidores públicos de Puerto Morelos, por ejemplo, Renán Cruz Ramírez, exdirector municipal de Gobierno (quien incluso estuvo preso por un fraude previo de tierras en Leona Vicario), y Leouvin Medina Cahuich, actual funcionario local, entre otros, todos ellos, junto con Millet y sus socios, habrían estado operando para fragmentar el ejido y apoderarse de predios estratégicos en la ruta de los cenotes, ante la alarma de las comunidades mayas afectadas.

Conexiones políticas y años de impunidad

Una de las constantes en la trayectoria de Arturo Millet Reyes ha sido la aparente protección política de la que ha gozado, la cual habría contribuido a que muchos de sus procesos se prolongaran sin consecuencias inmediatas.

En Yucatán, su círculo cercano se entrelaza con figuras del poder público, Su esposa, Gabriela López Gómez, es una operadora política que ha ocupado cargos de confianza, fungió como asesora de comunicación en los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello (exgobernadores priistas de Yucatán), y más recientemente ha colaborado con altos funcionarios afines al partido Morena.

De hecho, López Gómez ha sido senadora suplente por Morena, apareciendo en la fórmula legislativa de la quintanarroense Marybel Villegas Canché.

De acuerdo a crónicas periodísticas plasmaron que la Esposa de Millet Reyes, por algún tiempo fungió como “Asesora de imagen y comunicación” del entonces delegado federal Joaquín Díaz Mena, hoy gobernador de Yucatán.

Estas conexiones habrían servido de escudo para Millet Reyes. Personas cercanas al proceso señalan que, durante años, sus causas penales avanzaban lentamente o se archivaban, “congeladas” por intervenciones extraoficiales. Su vínculo con operadores del PRI y de Morena le habría permitido tejer una red de protección tras bambalinas.

Por ejemplo, se sabe que Millet ha sido socio en al menos 20 empresas registradas públicamente principalmente del ramo inmobiliario, y en dos de ellas comparte sociedad con Hugo César Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez Hernández (exdelegado del PRI en Yucatán y compadre de la exgobernadora Ivonne Ortega).

Esta asociación evidencia sus lazos con el antiguo régimen político local. Sumado a ello, la cercanía de su esposa con figuras del poder actual le habría brindado cierto manto de impunidad: durante varios años, Arturo Millet prácticamente permaneció ilocalizable para las autoridades, pese a tener órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales pendientes en su contra.

No obstante, la era de intocabilidad podría estar llegando a su fin, la detención de Millet Reyes la noche del pasado viernes interceptado por la policía cuando intentaba salir de Mérida rumbo a Quintana Roo, demuestra que sus influencias ya no bastaron para evitar la acción de la justicia.

La captura obedeció a una orden girada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencia de Yucatán, luego de que el empresario incumpliera con el pago de $2.8 millones de dólares correspondiente a la reparación del daño en el caso de abuso de confianza ya sentenciado.

Según el expediente 150/2022, la juez Silvia Carolina Estrada Gamboa le había otorgado un plazo legal para cubrir dicha cantidad a los afectados, plazo que venció sin pago alguno. Ante ello, Estrada Gamboa determinó que no había más margen legal y ordenó hacer efectiva la sanción, ahora, el adeudo de Millet (50 millones de pesos) será tratado como crédito fiscal a cobrar por la vía de embargo de bienes, mediante intervención de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Reparaciones millonarias y daño patrimonial

Los casos acumulados contra Arturo Millet Reyes involucran sumas extraordinarias de dinero, reflejando el alto impacto económico de sus presuntas estafas. Tan solo en dos sentencias penales firmes en Yucatán, los jueces habían ordenado que indemnizara a las víctimas con un total de 127 millones de pesos (entre ambas) por concepto de reparación del daño.

Estos montos corresponden, por un lado, a la inversión en dólares no devuelta por los terrenos de Tulum, y por otro, al pago recibido en la fallida venta del predio de Temozón.

Adicionalmente, las querellas activas señalan perjuicios adicionales, el caso del depósito de 117.8 millones de pesos mencionados para gestionar propiedades en Quintana Roo sigue pendiente de justicia, y la causa abierta en Cancún por 1.35 millones de dólares defraudados continúa en los tribunales. En conjunto, el daño patrimonial atribuido a las operaciones de Millet Reyes considerando dinero de inversionistas privados y valor de tierras ejidales asciende a cientos de millones de pesos.

A lo largo de este tiempo, la situación de las víctimas ha sido de frustración e incertidumbre. Muchos de los afectados son empresarios yucatecos que confiaron en Millet para invertir en bienes raíces, así como familias ejidatarias que ven peligrar su patrimonio territorial.

Algunos llevan más de una década litigando para recuperar su dinero o tierras, de acuerdo con sus testimonios, el caso de Arturo Millet ejemplifica las dificultades para hacer justicia cuando el acusado cuenta con recursos económicos y alianzas políticas.

No obstante, la reciente actuación de las autoridades yucatecas al detenerlo y comenzar el cobro forzoso de la deuda envía un mensaje de que, aunque tarde, la impunidad no es absoluta.

Con esta trayectoria de fraudes millonarios, señalamientos de despojo y presuntos padrinazgos políticos, el caso de Arturo Millet Reyes seguirá dando de qué hablar.

Su detención marca un capítulo crucial, pero quedan por delante las resoluciones de los procesos pendientes y, sobre todo, la materialización de las reparaciones para quienes resultaron afectados.

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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