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• Pese a que el Diario CAMBIO 22 ha revelado sus operaciones, continúan amedrentando a posesionarios con amenazas de la Fiscalía y cobros de hasta 40 pesos por metro cuadrado

 

• El modus operandi incluye entregar códigos QR ligados a proyectos clausurados como Xul Ha Eco Hábitat y Fincas de Xul Ha, usados como fachada de “regularización”

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

Leona Vicario, Q. Roo a 25 de sept.- La investigación del Periódico Diario CAMBIO 22 sobre las irregularidades en la zona de Leona Vicario registra un nuevo giro, además de las presiones y amenazas telefónicas denunciadas en semanas recientes, ahora se conoció que Arturo Boix Castillo y su grupo Barca & Asociados han dado ocho días a varios posesionarios y fraccionadores plazo que vencería el 26 de septiembre para pagar millonarias sumas por una supuesta “regularización” de sus terrenos.

Si no acatan, advierten que “la fiscalía se les va a echar encima” y afirman que controlan esa dependencia gracias a su relación con la exdiputada Susana Hurtado.

Un cobro con QR: la mecánica de la extorsión

Testimonios recabados por este medio señalan que el grupo de Boix solicita un primer pago calculado a razón de 40 pesos por metro cuadrado y, a los treinta días, exige un segundo depósito.

A cambio entrega un código QR que supuestamente “blinda” a quien lo recibe contra acciones de la Fiscalía General del Estado.

Este QR lleva a una página en la que aparece el nombre de un fraccionamiento; sin embargo, se trata de proyectos clausurados por las autoridades y boletinados por la Secretaría de Desarrollo Territorial Sustentable (SEDETUS) como asentamientos irregulares, como , promocionados con el engaño de calidad de vida aunque carecen de permisos de lotificación.

☟ Link para verificar en plataforma oficial de SEDETUS 

https://tinyurl.com/3thx3c5t

De acuerdo con el Artículo 268 del Código Penal de Quintana Roo, comete delito contra el desarrollo urbano quien fraccione sin contar con autorización o, teniéndola, no respete las especificaciones, con el fin de transferir lotes; también incurre en delito el servidor público que expida licencias o permisos para construir en lotes previamente fraccionados sin la autorización correspondiente.

Además del QR, Boix utiliza a Pablo Canseco y a un pseudo “ingeniero topógrafo”, Elfego Pinzón, señalado por vínculos con grupos delictivos en el kilómetro 102 de la carretera Valladolid Nuevo, para presionar a los posesionarios, Pinzón se convirtió en el brazo ejecutor tras la detención de Mario A.C.M, alias “La Nalga Chula”, los mensajes de texto obtenidos por el Diario CAMBIO 22 muestran que, desde diferentes números telefónicos, exigen “adelantos” de hasta 10 millones de pesos y amenazan con cateos judiciales si no pagan; aseguran que “tienen a su cargo todos los asuntos del ejido” y que cuentan con el respaldo de “Susi”, en referencia a Susana Hurtado.

Carta de Terracasa desmiente a Boix y fija la ruta legal

Frente a este escenario, la empresa Terracasa Inmobiliaria Real State S.A. de C.V., contratada por el ejido Leona Vicario para regularizar las 250 hectáreas de uso común, dirigió el 14 de agosto de 2025 una carta al presidente del comisariado ejidal, Juan García Asbun, en la que aclara que Arturo Boix Castillo, Pablo Canseco Benítez y quienes conforman Barca & Asociados no tienen relación legal ni contractual alguna con “Terracasa”.

El documento subraya que Terracasa es la única empresa autorizada para realizar la regularización ante autoridades federales, estatales y municipales y que garantizará la conclusión de los trabajos.

La misiva firmada por su apoderado legal, el ingeniero Eusebio Amalda Arreola Semadeni también fue enviada a funcionarios del estado para que tomen nota de la situación.

Las investigaciones del Diario CAMBIO 22 han demostrado que Boix, alias “El Pájaro”, tomó el control de aproximadamente 250 hectáreas de uso común sin que la asamblea ejidal le otorgara esa facultad y que, desde 2023, su despacho cobra 120 mil pesos mensuales por servicios jurídicos que no han tenido avances sustanciales.

Comuneros denuncian que mantiene el litigio abierto para asegurar un flujo constante de dinero y presume tener contactos en la Fiscalía y autoridades municipales.

Antecedentes penales y red de extorsión

El historial de Arturo Boix no es nuevo, en 2012 fue detenido por extorsión en Cancún y pasó casi tres años en el CERESO.

El patrón de su modus operandi captar a las víctimas con un pretexto legal, ejercer presión psicológica y organizar la entrega de dinero es el mismo que hoy se replica en Leona Vicario.

De hecho, un reportaje anterior de CAMBIO 22 reveló que Boix presume vínculos con la FGE y aprovecha su imagen de abogado para encubrir extorsiones “de cuello blanco”, su socio Pablo Canseco Benítez ha sido señalado como el “legitimador institucional”, mientras que Mario A.C.M., alias “La Nalga Chula”, fungía como operador de presiones y hoy está detenido.

Riesgos legales y llamados a la acción

De acuerdo con especialistas consultados, exigir dinero por gestiones agrarias es un delito de extorsión, y la supuesta “regularización” que ofrecen Boix y su grupo no otorga derechos ni protege contra acciones judiciales.

La regularización de tierras ejidales sólo puede realizarse mediante las instancias agrarias y con costos transparentes comunicados por el ejido.

Por ello, las recomendaciones son claras, no entregar dinero, documentar cualquier amenaza y denunciar ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Agraria.

El caso también expone cómo la proliferación de desarrollos irregulares atenta contra el orden urbano.

El Decreto 360 que adicionó al Código Penal de Quintana Roo el título “Delitos contra el desarrollo urbano” establece que cometen delito quienes fraccionan sin permisos y quienes expiden licencias para construcciones en lotes ya fraccionados sin autorización.

Pese a esta prohibición, Boix y su grupo promocionan asentamientos como Xul Ha Eco Hábitat y Fincas de Xul Ha, que no cuentan con permisos ni factibilidad urbanística y están boletinados por SEDETUS.

La nueva evidencia muestra que Terracasa es la única empresa con facultades legales para regularizar el ejido y que Arturo Boix y su grupo actúan al margen de la ley, utilizando amenazas, códigos QR y fraccionamientos ilegales para obtener recursos.

Autoridades estatales y federales enfrentan el reto de intervenir para proteger a los terratenientes, desarrolladores y frenar una red de extorsión que, según testimonios, busca apropiarse de más de 600 millones de pesos a costa del patrimonio colectivo.

El desenlace de este caso marcará no solo el destino de las tierras, sino también la confianza en las instituciones encargadas de salvaguardarlas.

La vía legal y la denuncia pública aparecen como las herramientas para contener estas prácticas y devolver certidumbre en Leona Vicario y la Ruta de los Cenotes.

Mientras tanto, la situación permanece abierta y deja en suspenso lo que pueda ocurrir en las próximos días….

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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