• La Cancillería argentina califica la acción de las fuerzas de seguridad venezolanas como una violación del derecho internacional y reclama la liberación inmediata del detenido.

 

Redacción / CAMBIO 22

A través de un comunicado, la Cancillería argentina rechazó con “la máxima firmeza” la detención de un empleado de su Embajada en la capital venezolana, añadiendo que el actuar de las fuerzas de seguridad locales en contra de personal diplomático argentino representa una violación del derecho internacional.

“Esta acción constituye una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal, incluidos aquellos que desempeñan funciones esenciales”, menciona el comunicado, en donde Buenos Aires pide al Gobierno de Nicolás Maduro “la liberación inmediata” del detenido.

 

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Además, el Gobierno de Javier Milei avisó que la detención del empleado “no es un hecho aislado” y que la misma corresponde a una “campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina”.

Desde agosto, la Embajada argentina se encuentra en resguardo de Brasil, después de que el Gobierno venezolano ordenara la expulsión del personal diplomático argentino en respuesta al desconocimiento de Javier Milei a los resultados de las elecciones presidenciales de julio.

Por su parte, los asilados políticos venezolanos dentro de la Embajada argentina hacen eco de las denuncias de Buenos Aires. Desde marzo, seis figuras antichavistas se encuentran dentro de la representación diplomática argentina después de que ese país les otorgara asilo político, y desde el 23 de noviembre, los asilados denuncian “acoso policial” en los alrededores de la Embajada.

 

 

En una rueda de prensa este 14 de diciembre, Magalli Meda, Omar González y Pedro Urruchurtu – tres de los seis asilados venezolanos – afirmaron que el “asedio policial” al que está sometida la Embajada argentina en Caracas ha escalado, denunciando el uso de drones y personal armado en los alrededores de la representación diplomática.

“Hemos podido observar a agentes de seguridad con los rostros cubiertos con pasamontañas, con trajes camuflados, con fusiles Kaláshnikov (…) con miras telescópicas, y desde luego esto viene escalando porque son armas de asalto”, expresó González.

Los asilados, que mencionaron estar “en una situación de alto riesgo”, urgieron a los Gobiernos de Brasil y Argentina a acelerar las negociaciones con Caracas para obtener salvoconductos fuera del país, indicando que temen que las fuerzas de seguridad venezolanas terminen ingresando a la Embajada argentina para detenerlos.

 

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Denuncian la muerte de un segundo detenido en la crisis poselectoral 

Por otro lado, el hijo de otro de los detenidos durante la crisis poselectoral en Venezuela denunció la muerte de su padre en la cárcel. Se trata de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, quien fue arrestado junto a su esposa el pasado 2 de agosto y que se encontraba recluido en el centro penitenciario de ‘Tocuyito’, en la provincia norteña de Carabobo.

“A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel”, escribió Jesús Álvarez, hijo mayor del detenido, en un comunicado difundido por el Observatorio Venezolano de Prisiones y el Comité para la Libertad de los Presos Políticos. En el texto, Álvarez también expresó preocupación por el paradero de su madre, exigiendo su liberación.

Es el segundo detenido durante la crisis poselectoral venezolana que pierde la vida mientras permanecía en custodia judicial. El primero fue Jesús Manuel Martínez, miembro de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien falleció en un hospital a consecuencia de un problema cardíaco.

 

 

Entre tanto, la PUD condenó el fallecimiento de Jesús Rafael Álvarez y pidió al Estado venezolano justicia por su muerte. Según el hijo del recluso, las autoridades venezolanas niegan la muerte de su padre.

“Jesús Rafael Álvarez se encontraba bajo custodia del Estado en el penal de Tocuyito y, por tanto, es su responsabilidad garantizar la vida e integridad de todos los privados de libertad. Exigimos justicia en este caso y la libertad de su esposa, Anny Suárez, y la de todos los presos políticos”, dijo la mayor coalición opositora del país a través de un comunicado.

Tras la difusión de los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas, las autoridades han reportado alrededor de 2.400 detenciones en las manifestaciones ciudadanas posteriores. Aunque Caracas informó que unos 300 arrestados han sido liberados, la incertidumbre continúa para miles de personas cuyo paradero sigue siendo incierto dentro de las cárceles venezolanas.

 

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Fuente: France 24

redaccion@diariocambio22.mx

GAVC / AGF

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