► El Congreso del Estado se apresuró a aprobar este sábado la reforma que crea el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, ordena sustituir a sus magistrados y a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos y otorga autonomía a la Fiscalía Anticorrupción

 

► Aprueba que el nuevo período de 12 años del Fiscal General comience a contar para Raciel López Salazar a partir de la entrada en vigor del decreto, no desde su nombramiento en julio del 2023, por lo que rendirá nuevamente protesta de ley, le “regalan” un año y le permiten en los hechos permanecer 13 años en el cargo

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 7 de septiembre.- La XVIII Legislatura de Quintana Roo se apresuró para aprobar las reformas a la Constitución local y legislación secundaria promovidas por Morena para renovar el sistema estatal anticorrupción, y este sábado, en cuestión de horas, sometió a votación los dictámenes en comisiones y en sesión del pleno, para turnar de inmediato la reforma constitucional a los municipios a fin de que realicen su ratificación.

Con estas reforma, se crea el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, se ordena sustituir a sus magistrados y a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos, se da autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y se aumenta el periodo del Fiscal General del Estado de 9 a 12 años, extendiendo en los hechos la permanencia de Raciel López Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado a 13 años, asuntos decididos por los nuevos diputados en una sola reunión de análisis y dictamen.

Además, aprobaron una reforma a la normatividad ambiental para prohibir a los notarios y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio la inscripción de ventas de bienes de proyectos de desarrollo inmobiliario o comunal que no cuenten previamente con las autorizaciones en materia de impacto ambiental correspondientes.

Los legisladores realizaron dos sesiones este sábado, la primera en la mañana para dar prórroga al análisis de las iniciativas del paquete de reformas, después de lo cual se reunieron las comisiones de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para aprobar en el lapso de una hora los dictámenes que se mandaron a elaborar en la única sesión de comisiones realizada por los diputados de la legislatura anterior para analizar estos temas.

Una vez turnados los dictámenes al pleno, la XVIII Legislatura sesionó por segunda ocasión a las 2 de la tarde, para aprobar por mayoría la reforma constitucional y turnarla a los 11 ayuntamientos del estado para su ratificación.

A la sesión de aprobación no asistieron los diputados del PAN, Reyna Tamayo Carballo y Ángel Álvarez Cervera, así como tampoco el de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, por lo que no hicieron oír su postura sobre estas reformas, mismas que fueron aprobadas por unanimidad de los 21 presentes, entre los que estuvo la supermayoría formada por Morena, PVEM y PT, pero también el voto a favor del diputado del PRI, Filiberto Martínez Méndez.

En la reforma a la Constitución Política del Estado se establece lo siguiente:

-La sustitución del actual Tribunal de Justicia Administrativa por un Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, sustituyendo también a sus magistrados.
La gobernadora deberá mandar al Congreso las ternas para nombrar a los 5 nuevos magistrados en un plazo no mayor de 15 días hábiles después de la entrada en vigor del decreto, y durarán en su cargo 12 años, con un presidente que durará 5 años con posibilidad de una reelección.

-Ampliación del período de gestión de los titulares de órganos internos de control de los órganos autónomos a 7 años con posibilidad de una reelección, sustituyendo también a los actuales.

La legislatura nombrará a los nuevos titulares en un plazo que no exceda de 45 días hábiles después de la entrada en vigor del decreto.

-Convierte a la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en un órgano constitucional autónomo, separándola de la Fiscalía General del Estado, y amplía la duración de su titular a 12 años.

La gobernadora del estado deberá enviar al Congreso la terna para nombrar a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de la entrada en vigor de la reforma.

-Aumenta de 9 a 12 años el período de gestión constitucional del titular de la Fiscalía General del Estado, aunque esta disposición no se motivó ni justificó en la reforma, sino que se introdujo de manera encubierta en un artículo transitorio del decreto.

En el dictamen se precisó que este periodo de 12 años comenzará a contar para el actual fiscal, Raciel López Salazar, a partir de la entrada en vigor de la reforma, no desde julio del 2023, cuando fue nombrado, e inclusive volverá a rendir protesta de ley ante la Legislatura, por lo que el Congreso le otorgó como “pilón” su primer año en funciones, permitiendo en los hechos que permanezca 13 años en el cargo.

Las reformas a las leyes secundarias aprobadas fueron las siguientes

-Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para incluir las nuevas regulaciones del titular de su órgano interno de control y suprimir las normas referidas a la Fiscalía Anticorrupción antes de su autonomía.

-Reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que todos los proyectos que requieran manifestación de impacto ambiental y tengan por objeto la venta de inmuebles, primero cuenten con la autorización ambiental antes de poder realizar sus operaciones ante notario e inscribirlas ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que éstos deberán verificar que se cuente con el documento y, de lo contrario, negar el registro.

La reforma constitucional en materia anticorrupción fue turnada a los 11 ayuntamientos del estado para que se pronuncien en ratificación, a fin de que pueda ser decretada la reforma, lo que se espera que suceda al comenzar la semana.

 

franciscohcambio22@gmail.com

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