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•  Senadores de la 4T, incluyendo los de Quintana Roo, aprobaron sin cambios las nuevas tarifas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y un nuevo aumento al DNR que se cobra a turistas internacionales por llegar a México

 

• Rechazaron reservas que pedían bajar las tarifas de zonas arqueológicas y del DNR

 

• También ratifican ola de alzas de impuestos e histórico endeudamiento de 2.3 billones de pesos

 

• Eugenio Segura, de Morena por Quintana Roo, dice que así el gobierno obtendrá recursos para combatir la pobreza

 

Redacción / CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre.- El Senado de la República aprobó los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, con lo cual fueron enviados a la titular del Ejecutivo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor el primero de enero de 2026.

La Cámara Alta no hizo cambios a las minutas que recibió de la Cámara de Diputados, por lo que las alzas de impuestos y tarifas federales que contemplan, así como el endeudamiento histórico de 2.3 billones de pesos que autorizan fueron votados a favor en sus mismos términos por los 74 integrantes de la mayoría integrada por Morena, PVEM y PT, incluyendo al senador Eugenio Segura Vázquez y la senadora Anahí González Hernández, de Quintana Roo, mientras toda la oposición votó en contra.

Con estas reformas aprobadas, el 1 de enero de 2026 entrarán en vigor aumentos a cuotas para extranjeros que visitan México por turismo, a los que el Derecho de No Residente (DNR) les subirá 14.2 %, de 861 a 983 pesos por persona en el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, además de que les aumentan al doble las tarifas de ingreso a las zonas arqueológicas y museos en todas sus categorías.

Como efecto de reformas al artículo  288, a partir del 1 de enero las tarifas para que los turistas extranjeros ingresen a  las zonas arqueológicas de Tulum, Cobá, el Museo Maya de Cancún con San Miguelito, San Gervasio, Kohunlich, Xelhá y Xcaret, del estado de Quintana Roo, así como otras importantes como Teotihuacán, Estado de México, la segunda más visitada del país, y Palenque, Chiapas, subirán de 95.58 a 209.09 pesos, que en los hechos será de 100 a 210 pesos porque se redondean.

Las de la Categoría II subirán de 78.71 pesos a 156.75 pesos, que en la aplicación será un alza de 80 a 160 pesos, para sitios de Quintana Roo como Dzibanché, Kinichná y Chacchoben, éste último asociado con visitas de cruceristas que llegan al puerto de Majahual.

Para la Categoría III, donde están los sitios de Quintana Roo El Rey, Oxtankah, El Meco y Muyil, el aumento es de 73.09 pesos a 143.69 pesos, que en los hechos será de 75 a 145 pesos.

Estos aumentos no aplicarán para los mexicanos y los extranjeros residentes en México, pues la reforma les concede descuentos de 50 % en las zonas de la Categoría I y de 45 % en los de las categorías II y III.

Sin embargo, la reforma otorga un trato especial a Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún, del estado de Yucatán, pues las sacó de la Categoría I y las incluyó en una nueva Categoría IV, con 104.50 pesos, que serán 105 pesos a la hora de la aplicación, tanto para extranjeros como para mexicanos.

 

 

El dictamen de la Ley Federal de Derechos también establece en el artículo 13 el cobro de 294 pesos en derechos por la autorización de salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela, que hasta este año no se cobraba.

Rechazan propuestas de modificación

Contra estas alzas se presentaron reservas para votación particular, como la de Movimiento Ciudadano (MC) para reducir a sólo 105 pesos el alza para la tarifa más alta de zonas arqueológicas y no elevar las demás, en el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos.

También la senadora panista Mayuli Martínez Simón propuso dejar sin aumento el DNR y repartir su recaudación 70 % a la promoción turística, 15 % a la atención del sargazo y 15 % al control migratorio en la frontera sur, así como repartir 70 % de los ingresos de las zonas arqueológicas a su preservación y mejora  y 30 % a la infraestructura social de las regiones donde se encuentra, aunque sin pedir que no se aplicara el aumento.

Las senadoras Laura Esquivel y Gina Campuzano, también del PAN, pidieron que no se cobre la salida de menores de edad del país, previsto en el artículo 13.

Las propuestas de modificación a los tres artículos fueron puestas a votación y fueron rechazadas por morenistas, ecologistas y petistas, incluyendo Eugenio Segura y Anahí González, de Quintana Roo, por lo que los artículos 8, 288 y 13 fueron aprobados en los mismos términos del dictamen, pese al sensible impacto que los primeros dos tienen para la actividad turística y a que Gino Segura es, además, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores.

En cambio, el senador Segura Vázquez subió a tribuna a expresar su respaldo a la política de ingresos del gobierno federal, afirmando que refleja el modelo económico de la 4T a favor de la justicia social, con la canalización de inversión social en beneficio de adultos mayores, mujeres, jóvenes, estudiantes y personas con discapacidad.

Más “impuestos saludables”

Con estas aprobaciones, también quedó firme la ola de alzas y nuevos gravámenes del IEPS en más de una docena de artículos de su ley, que suben las tasas de 160 % a 200 % a cigarros, puros y otros tabacos labrados, y de 30.4 % a 32 % a puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, para hacer menos asequibles esos productos.

También se adecúa la definición de bebidas con edulcurantes artificiales y se eleva la cuota por litro de 1.64 pesos a 3.08 pesos para las debidas azucaradas, supuestamente para cambiar los patrones de alimentación de la sociedad mexicana.

También aumenta la tasa de juegos con apuestas y sorteos, de 30 % a 50 %, supuestamente para ayudar al combate del lavado de dinero, obligando a los contribuyentes a transparentar sus ingresos y reduciendo espacios para operaciones ilícitas.

También se grava con tasa de 8 % del lEPS la venta de videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para personas menores de 18 años, en formato físico y los servicios digitales que se proporcionen en territorio nacional que permitan el acceso o descarga a dichos videojuegos, proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México y por residentes en el país.

Además, se estableció que las bebidas que imiten sueros orales e incluyan azúcares, edulcorantes u otros aditivos distintos a los autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) permanecerán gravados

Aprueban alto techo de deuda pública

El Senado también aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, en lo general y particular, en el que se establece que más del 57 % de los ingresos públicos tendrán su origen en el cobro de impuestos.

En el dictamen aprobado se contemplan ingresos públicos totales por 10.1billones de pesos para 2026, de los cuales 5.8 billones serán por impuestos; mientras los ingresos petroleros serán 1.2 billones, lo que representa el 12 % del total.

Pero también aprueba un techo de endeudamiento directo del gobierno federal hasta por 2 billones 64 mil millones de pesos, en deuda interna y externa, para financiar los ingresos del gobierno y para refinanciar deuda ya existente, junto con un endeudamiento indirecto aprobado para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por más de 285 mil 381 millones 818 mil pesos.

 

Con esto, el total de deuda pública que podrá contratar el gobierno en 2026 será de 2 billones 349 mil 381 millones 818 mil pesos, lo que significa que el 23 % de los ingresos del gobierno federal provendrán de préstamos, con 19.8 % proveniente del endeudamiento interno y 3.2 % en deuda externa.

En cuanto a deuda directa, se aprobó al gobierno federal un techo de endeudamiento interno de hasta 1 billón 780 mil millones de pesos, además de hasta 15 mil 500 millones de dólares, equivalentes a 284 mil 890 millones de pesos al tipo de cambio actual, en deuda externa.

En deuda indirecta, la Ley de Ingresos también autoriza el endeudamiento de Pemex, dividido en 160 mil 619.6 millones de pesos de deuda interna y 5 mil 342.1 millones de dólares, equivalentes a 98 mil 187 millones 798 mil pesos, en deuda externa; y para la CFE, por un monto de 8 mil 764.2 millones de pesos en deuda interna y 969 millones de dólares, equivalentes a 17 mil 810 millones 220 mil pesos, en deuda externa.

En este tema, el senador quintanarroense Eugenio Segura también salió en defensa de la política de endeudamiento del gobierno de la 4T, pues, en un contrapunto con el senador panista Ricardo Anaya en reunión de comisiones, argumentó que los que más endeudaron al país fueron el PRI y el PAN, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sólo se tuvo deuda de 20.4 %, que calificó de “sana, sostenible y los datos internacionales lo refieren”.

Además, dijo que los gobierno del PAN y el PRI la deuda de Pemex incrementó de 43 mil millones a 105 mil millones de dólares, mientras que los gobiernos de Morena la han reducido a 85 mil millones de dólares en 2025, con lo que pretendió justificar que en el 2026 puedan aumentarle casi 5 mil millones de dólares más a la deuda de la empresa paraestatal.

Más facultades al SAT

En las disposiciones transitorias se incluyó que se harán las retenciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) e ISR (Impuesto sobre la Renta) para plataformas digitales y para quienes ofrecen bienes o servicios a través de estas.

Además, los senadores y las senadoras votaron en el Código Fiscal de la Federación nuevas facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y combatir la evasión y la elusión fiscal, también dar fin a las operaciones simuladas para expedir facturas falsas, tener mayor control de las operaciones realizadas mediante plataformas digitales, además de trabajar en la simplificación fiscal y fortalecer la seguridad jurídica.

Entre las disposiciones más controvertidas se aprobó que las plataformas digitales den acceso permanente, en línea y en tiempo real, al SAT a la información necesaria del consumo de sus clientes para el cumplimiento de obligaciones fiscales, sin que se requiera una orden judicial.

Las reformas al Código establecen una tasa de retención unificada en plataformas digitales de 2.5 % para personas físicas, de 4 % para personas morales con Registro Federal de Causantes (RFC), y 20 % para quienes no proporcionen el RFC, con el argumento de garantizar un piso parejo para el comercio digital y tradicional.

 

 

 

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