Apartheid Turístico en Tulum

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

La lucha por la liberación de las playas de Tulum refleja un problema mucho más profundo que la simple privatización de un recurso natural. Es un síntoma del despojo, el racismo y la corrupción que aquejan a esta comunidad, perpetuando la violencia histórica de la guerra de castas y la marginación de los pueblos originarios.

En Tulum se han conjuntado una serie de intereses, prácticas, ilegalidades, que han ido reafirmando el dicho de que quien no transa no avanza y esto representa un retroceso para un municipio que fue creado para administrar y regular la actividad turística no solo en beneficio de los inversionistas nacionales, sino de los que nacieron en la región y de aquellos que decidieron arraigarse en este nobel municipio mexicano.

Durante una conversación con Rafael Barajas Valenzuela, representante del Observatorio Ciudadano de Tulum, surgieron algunos aspectos sobre la participación ciudadana, también plagada de opacidad y divisiones internas del colectivo como el de Playas Libres, lo cual derivó en su falta de transparencia en el manejo de fondos y su rechazo a la colaboración del Observatorio, incluyendo la transmisión en vivo de las negociaciones con el gobierno.

Las instancias gubernamentales se resiste al escrutinio público, prefiriendo acuerdos ocultos que benefician a los intereses particulares, principalmente de los hoteles que han acaparado las playas, creando “prisiones” que impiden el acceso público a la costa.

Ejemplos como Papaya Playa y Casamarca, son emblemáticos de esta situación. El municipio de Tulum es cómplice de este delito, permitiendo la concesión o venta ilegal de playas, un recurso que pertenece a todos los mexicanos.

Las consecuencias son devastadoras. Hay niños que nacen y crecen en Tulum sin conocer el mar, un derecho fundamental negado por la desigualdad y el apartheid turístico. La situación se agrava con el silencio cómplice de los medios de comunicación, que no reflejan el dolor y la injusticia que se vive.

El activista Barajas Valenzuela sostiene que el problema no se limita a las playas. La construcción desmedida de edificios de lujo, muchos de ellos vacíos la mayor parte del año, contrasta con la pobreza extrema en la que vive una gran parte de la población, especialmente en las colonias irregulares.

La falta de servicios básicos como drenaje y alumbrado público en estas zonas, mientras se levantan palacios de lujo, es una muestra más de la desigualdad y la corrupción. La violencia, incluyendo el asesinato del secretario de Seguridad Pública y de dos mujeres en menos de 12 horas, es otro reflejo de la crisis que vive Tulum.

Ante esta situación, el Observatorio Ciudadano convoca a una marcha pacífica el 22 de junio, un acto de resistencia civil que busca llamar la atención del mundo sobre la problemática de Tulum. No se trata solo de liberar las playas, sino de luchar contra la corrupción, el racismo, la desigualdad y la violencia que afectan a toda la comunidad.

El Observatorio invita a la participación de todas las personas, incluyendo a los turistas, para construir un frente unido y exigir justicia. El objetivo es demostrar que es posible un cambio, que se puede jugar el juego de manera diferente, confiando en la ciudadanía y no en instituciones políticas corruptas.

La marcha será un acto simbólico, un clamor por la paz y la justicia en Tulum, un llamado a la reflexión sobre la necesidad de un cambio profundo en la forma en que se gestiona el turismo y se respeta a la comunidad.

Entre las propuestas de este Observatorio Ciudadano de Tulum, está la transparencia en las negociaciones, cuando se reúnan autoridades con colectivos se realicen transmisiones en vivo para asegurar el escrutinio público.

Es necesario que organismos con experiencia y ética de servicio como el Observatorio Ciudadano de Tulum intervengan en negociaciones con el gobierno para asegurar la apertura inmediata de los accesos a las playas.

Es urgente que el ayuntamiento derribe las barreras físicas (muros) que impiden el acceso público a la playa en lugares como Papaya Playa y Casamarca, considerando estas barreras como “prisiones” y un delito en el que aparecen como cómplices instancias estatales y municipales.

La convocatoria para el 22 de junio es para una marcha pacífica para llamar la atención sobre la problemática de las playas y otros problemas de Tulum. Será una marcha diferente, con flores, en lugar de actos violentos. Se busca la participación ciudadana y la de turistas, para el principio de la transparencia y sumar en beneficio de la comunidad.

Rafael Barajas Valenzuela resaltó durante la conversación que en México al gobierno no le gusta el escrutinio en vivo y a todo color, pero con esto mismo “…los vamos a derrotar porque la era de la tecnología, como lo hemos platicado aquí, ya nos alcanzó y ya podemos transmitir en vivo todas estas transas que hace el gobierno en estas reuniones privadas. Yo se los dije y la respuesta de este colectivo Playas Libres fue expulsarme del grupo de WhatsApp”.

Recordó que a este colectivo el Observatorio les ofreció ayuda “…para que no los chamaquearan en las negociaciones, que eso fue exactamente lo que hizo el gobierno. Los encerró en un cuarto ahí de del ayuntamiento, y ahí en lo oscurito, ¿quién sabe qué acuerdos?

Integrantes de dicho colectivo no aceptaron “…la intervención del Observatorio Ciudadano en esas reuniones con el gobierno para que se concretara y se lograra la apertura de los accesos inmediatamente y que el ayuntamiento mandara al personal con la herramienta y les tumbara la barda al Papaya Playa, que les tumbe la barda al Casamarca que son literalmente prisiones, son prisiones en la playa”.

“Son estos estas paredes que no permiten que ni siquiera te pegue la brisa del mar. Y ese debería ser un delito. Es un delito, el estado de Quintana Roo está en flagrancia delictiva, está cometiendo un delito, el municipio de de Tulúm es cómplice de este delito también. Las playas secuestradas. Están secuestradas, están vendidas y concesionadas”.

Barajas advirtió de la situación que se vive en Tulúm, el racismo hacia la etnia maya, hacia los verdaderos nativos de aquí, de Quintana Roo, es horrible la gente. Hay niños que nacieron en Tulúm que tienen 10 años y no conocen el mar.

Muchas personas que nacieron en los pueblos originarios, jamás han podido disfrutar un día en Tulúm, niños, adultos que ya crecieron y tuvieron su vida y son originarios de aquí, no tienen acceso a la playa. No hay manera de que puedan pagar un camastro en un club de playa, que puedan pagar una noche en uno de estos hoteles.

Durante la entrevista resaltó: “Es abominable el estado de apartheid turístico y nos preocupan muchas cosas como los medios de comunicación silentes al respecto. No hay una difusión de este dolor, no hay una reflexión acerca de que hace dos generaciones hubo una guerra de castas en este lugar y ahora es el turismo y aquí todo el mundo en la casa de todos”.

Consiera que hay un dolor muy grande en este en esta zona, un reclamo de justicia que ha sido desatendido. “Entonces, la situación de las playas es simplemente un eco de ese dolor, la privación del acceso a las playas, que es un recurso natural, un recurso de todos los mexicanos”.

Es una violencia directa hacia la población que perpetúa la violencia de la guerra de castas, perpetúa la violencia del racismo hacia los pueblos originarios de México. Y es también el despojo de tierras, el despojo del patrimonio de los mayas.

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