abril 20, 2024 11:49

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 1 de marzo.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo analizará diversas iniciativas en materia de bienestar animal, violencia de género y financiamiento público a partidos.

En su última sesión, los diputados dieron lectura a una iniciativa de reforma al Código Penal en materia de bienestar animal, en la cual se propone establecer el delito de zoofilia y permitir que la Fiscalía General del Estado pueda iniciar la investigación o pueda integrar la averiguación previa correspondiente, y lograr que las autoridades policiacas y de seguridad en los municipios tengan conciencia de que este sería un delito que no necesita querella de parte afectada.

Además, se dio lectura a una iniciativa para reformar los capítulos sobre Lesiones y Disposiciones Comunes para los Delitos de Homicidio y Lesiones, ambos del Código Penal del Estado, para incrementar las penas a quien cometa el delito de lesiones a una mujer en razón de su género, causando daño o alteración en la salud, que les deje huella material en el cuerpo.

La iniciativa propone aumento de penas de 15 a 20 años de prisión y sanciones de 30 a 40 años de prisión si, entre el activo y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil, matrimonio, similar, laboral, docente, confianza, cualquiera que implique subordinación o superioridad o cuando el sujeto activo, mediante engaños, tenga comunicación con la víctima a través de redes sociales o cualquier plataforma tecnológica, logrando tener su confianza.

Por último, se dio lectura la iniciativa para la armonización de algunas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de financiamiento público a partidos políticos, presentada por la diputada Alfonsa Leticia Padilla Medina.

La iniciativa plantea establecer en la Constitución local que el financiamiento público ordinario de los partidos políticos se determine multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

 

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