Por Gabriel Alcocer/CAMBIO 22

CANCÚN, QUINTANA ROO, 17 de julio.- Los diputados que aprobaron una reciente modificación al artículo 186 del Código Penal de Quintana Roo, para sancionar con cárcel el conducir bajo los efectos del alcohol, no tomaron en cuenta que las autoridades encargadas de su aplicación no tienen la capacidad en personal, infraestructura y recursos para atender una mayor carga de trabajo.

Por este motivo, la recién aprobada Ley Anti-alcohol se encuentra detenida y no ha sido publicada en el Diario Oficial para que entre en vigor. Esto lo reconoció la secretaria de Gobierno, Cristina Torres durante su participación en la conferencia del Gabinete de Seguridad de Quintana Roo.

“Creo que el tema del mecanismo, la implementación es lo que hizo falta, consultar a quienes les corresponde la implementación para llegar al cumplimiento, las policías de tránsito, son los autorizados para detener, la comprobación del grado de intoxicación, ese es el segundo, hasta aquí administrativo, y el tercero que son las puestas a disposición ante las agencias del MP, más que se les haya barrido, creo que no se consultó la capacidad que se puede tener en estas instituciones para poder llegar al cumplimiento de la norma”, explicó.

Cristina Torres reconoció que todavía no se tiene la certeza de que la vía correcta sea la judicialización directa o posiblemente llegar al extremo de contemplar sanciones administrativas que no permitan la conmutación.

Además, pidió a los empresarios a no satanizar el tema de esta ley, sino pidió a la ciudadanía y organismos empresariales para buscar la manera de evitar que cualquier persona pueda conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

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