• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO22

Mientras organismos públicos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) realizan trabajos de vocería a favor de la 4T, instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o Amnistía Internacional, desde sus sedes en México, levantan la voz para advertir que las violaciones a derechos humanos están erosionando el tejido social mexicano.

El 17 de abril de 2025, la oficina en México de Amnistía Internacional presentó su informe de trabajo 2024 en el que resalta una serie de temas que fueron abordados por el organismo con sede en Londres y que a pesar de las advertencias, las autoridades mexicanas han sido omisas.

En el apartado de Derecho a un medio ambiente sano, Amnistía Internacional, sostiene que el gobierno mexicano “sigue impulsando la producción y el uso de combustibles fósiles para reducir las importaciones de gas”.

Este organismo inglés recuerda que el gobierno de México, en agosto de 2024 informó que el procesamiento de crudo alcanzaría los 340 mil barriles diarios en la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco. El ferrocarril interurbano “Tren Maya” que atraviesa la península de Yucatán, inaugurado en diciembre de 2023, sigue funcionando a pesar de las preocupaciones por la contaminación del agua y el suelo, el impacto en las rutas migratorias, en los hábitats de los animales y los efectos negativos en la biodiversidad de la región y el acceso de los pueblos indígenas a los alimentos.

También detalla que el Aeropuerto Internacional de Tulum, inaugurado en diciembre de 2023, siguió funcionando a pesar de las preocupaciones en torno a los efectos de la contaminación y el ruido en los hábitats de la vida silvestre y el derecho a un medio ambiente sano.

El 15 de febrero, el Congreso del estado de Tabasco aprobó un decreto para reubicar a los miembros de la comunidad El Bosque, que fue evacuada en 2023 debido al aumento del nivel del mar atribuido al cambio climático. Al cierre del año, 51 familias habían recibido nuevas viviendas. 

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examina la situación de derechos humanos en los Estados miembros. Cada Estado es sometido a un examen en el que otros Estados pueden formular recomendaciones que se nutren de aportaciones de diversos actores. Las recomendaciones tienen el objetivo de reforzar la protección de los derechos humanos a nivel nacional.

En el lapso de enero a junio Amnistía Internacional México realizó un trabajo de incidencia para posicionar diversas violaciones de derechos humanos en las recomendaciones que se realizaron al Estado mexicano en el marco del EPU. En enero, en el marco del 45° período de sesiones del grupo de trabajo sobre el EPU, el organismo hizo un llamado a los Estados para que emitieran recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres, derecho a la protesta y sobre el proceso de militarización de la seguridad pública en México.

Se logró que más de 100 países retomaran las recomendaciones de informe “México: ¿De cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?”, así como de los informes temáticos que se realizó en Colectivo EPU.

Durante el primer trimestre de 2024 se realizaron trabajos de incidencia con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Embajadas de diversos países en México para dar seguimiento a la aceptación o no aceptación del Estado mexicano de las recomendaciones que recibió durante el examen.

El 4 de julio, el Estado mexicano aceptó 304 de las 318 recomendaciones recibidas en el marco del EPU. Se trata de un número importante, varios problemas de derechos humanos fueron aceptados.

Amnistía Internacional lamenta la falta de voluntad del Estado mexicano para aceptar 14 recomendaciones en materia de seguridad, acceso a la justicia, migración y desplazamiento forzado interno. Se trata de temas cruciales para abordar la crisis de derechos humanos del país.

Asimismo, esta organización inglesa, pero con trabajo en diversas partes del mundo realizó trabajos de incidencia en el marco de los Exámenes Periódicos Universales de otros países.

Personal de la oficina de México participó en una reunión con representantes de la SRE para dialogar sobre las recomendaciones que la delegación mexicana puede retomar en el marco del EPU en su 46° sesión ante el Consejo de Derechos Humanos para 14 países.

La SRE decidió retomar las recomendaciones de Amnistía Internacional, Sección

Mexicana para Camboya, Chile, Eslovaquia, Uruguay, Vanuatu, Vietnam y Yemen.

El 17 de enero se lanzó una acción urgente para exigir al gobierno mexicano tomar medidas para garantizar verdad y justicia a las víctimas de desaparición en México, así como la transparencia y participación de las familias de las personas desaparecidas en el recuento de personas desaparecidas.

El recuento realizado en 2023 por la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas no consultó a los colectivos de búsqueda y generó confusiones al reducir drásticamente la cifra de personas desaparecidas en el país.

El 27 de enero Amnistía Internacional México realizó el activismo digital para exigir protección para las personas que integran el colectivo Hasta Encontrarte, quienes recibieron amenazas directas. Se exigió a las autoridades federales y estatales de Guanajuato, a la Secretaría de Gobernación y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se garantice la seguridad e integridad de personas que realizan labores de búsqueda en contextos con presencia del crimen organizado.

El 9 de febrero se lanzó una acción urgente para exigir al gobierno del Estado mexicano que proporcione todos los documentos relativos a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) obstaculiza las investigaciones y el derecho a la verdad y procesamiento de los responsables, al negarse a entregar 800 documentos fundamentales para la investigación.

 

 

 

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