** La relación iniciada hace más de 35 años entre el gobierno mexicano y la mayor productora de materiales para la construcción estadounidense, se transformó en una historia de denuncias y recursos legales que derivaron en tres clausuras de operaciones, un arbitraje internacional, acusaciones de estragos en materia ambiental y un socavón de dimensiones industriales, a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, Quintana Roo

 

Diego Badillo/CAMBIO 2

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador amaga con que, de ser necesario, acudirá a tribunales internacionales, si la empresa estadounidense Vulcan Materials Company y su subsidiaria en México Sac-Tun (antes Calizas Industriales del Carmen (Calica)), no deja de extraer materiales para la construcción de la costa de Quintana Roo, pues con ello acentúa la “catástrofe ecológica” que ha provocado durante más de 30 años, la compañía solicitó desde septiembre de 2018 un panel de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual se espera una resolución durante el segundo trimestre de este año.

La relación iniciada hace más de 35 años entre el gobierno mexicano y la mayor productora de materiales para la construcción estadounidense, se transformó en una historia de denuncias y recursos legales que derivaron en tres clausuras de operaciones, un arbitraje internacional y acusaciones de estragos en materia ambiental y un socavón de dimensiones industriales, que desde el cielo se mira como un enorme lunar blanco que escurre hasta la playa entre lo verde de la selva, a la altura de Punta Venado, a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen.

Hoy las actividades están paradas y de acuerdo con la empresa, si no pudiera operar completamente para el resto de 2022, el impacto potencial en el EBITDA oscilaría entre 80 y 100 millones de dólares, lo que representaría aproximadamente 5% de la guía de EBITDA ajustado de Vulcan de 1,720-1,820 millones de dólares para 2022. Por ello pretende buscar “enérgicamente” todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos, tanto bajo el derecho mexicano, como internacional y reanudar las operaciones normales tan pronto como sea posible.

En agosto de 1986, Vulcan Materials Company se asoció con el consorcio mexicano Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para constituir Calizas Industriales del Carmen (Calica) propietaria de la cantera más grande de América y la más grande de Vulcan. En 2001 ICA vendió sus acciones a Vulcan. En 2019 cambió su nombre a Sac-Tun (que significa piedra blanca en lengua maya) y que se dedica a la extracción de piedra caliza y otros materiales pétreos en las cercanías de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde tiene la propiedad tanto de los terrenos como de las reservas de cuatro lotes: El primero es el predio La Rosita, de donde extrae y procesa piedra caliza desde 1987 y lo hace mediante un permiso que, según la firma, hoy se encuentra totalmente vigente.

El segundo es Punta Venado. La empresa exporta piedra caliza desde la terminal marítima del mismo nombre, la cual construyó y opera conforme a una concesión válida hasta el año 2037. En ese lugar hay operaciones del ferry de carga y vehículos a Cozumel, pero están bajo la responsabilidad de terceros.

El tercero y cuarto lotes son El Corchalito y La Adelita. Estos dos predios están designados para la extracción de piedra caliza y han estado regulados por dos autorizaciones de impacto ambiental, una estatal y otra federal. La compañía no está extrayendo materiales actualmente en ninguno de estos predios.

De acuerdo con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) emitida por el Instituto Nacional de Ecología el 30 de noviembre de 2000 (el último día de la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León), firmada por el entonces director del organismo, Pedro Guillén Rodríguez, y de la cual este autor tiene copia, Calica obtuvo el permiso para el aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en los predios El Corchalito y La Adelita en una superficie total de 1,251.43 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 276 más 160 y el kilómetro 282 más 600 de la carretera federal 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, tramo Tulum-Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De acuerdo con la diputada federal morenista, Alma Anahí González Hernández, Sac-Tun saca más de 14 millones de toneladas de piedra caliza al año que exporta a Estados Unidos (sus reservas se calculan en 540 millones de toneladas), lo cual ha generado un daño irreparable a la flora y fauna que ha sido desplazada de la zona.

La MIA referida dice que Calica “espera una producción estimada de 248 millones 765,360 toneladas de gravas y 120 millones, 957,909 toneladas de bases; el total anual de materiales para aprovechar será de cinco millones 992,746.66 toneladas de gravas y dos millones 879,950.21 toneladas de bases”.

Una “papa caliente” heredada por EPN a AMLO

Los desencuentros protagonizados durante los últimos años entre Sac-Tun, tienen su origen en una reclamación arbitral internacional que fue uno de los asuntos delicados heredados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto a la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 3 de septiembre de 2018, la empresa Legacy Vulcan, en representación propia y de Calica, presentó una notificación de intención para someter una reclamación a arbitraje en contra del Gobierno de México al amparo de la Sección B del Capítulo XI del TLCAN.

La empresa reclama una compensación de más de 1,500 millones dólares, más intereses.

Para revisar el asunto se integró un tribunal formado por el holandés Albert Jan Van  Den Berg, como presidente, y Guido Santiago Tawil (argentino, portugués) y Sergio Puig (mexicano estadounidense, como árbitros.

De acuerdo con la controversia presentada por la empresa, el gobierno mexicano habría incurrido en incumplimiento de dos acuerdos firmados en 2014 y 2015, lo cuales tenían el objetivo de resolver problemas relacionados con los derechos de la compañía, en virtud de su concesión portuaria, su proyecto de extracción, así como cuestiones relacionadas con los pagos de impuestos locales y federales.

Concretamente, las medidas en litigio incluyen la omisión de la autoridad de modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL 2009), el cual impediría a la demandante operar uno de sus predios; la clausura parcial de uno de sus predios por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el supuesto cobro ilegal de tarifas portuarias.

El 18 de mayo de 2020, la Secretaría de Economía (SE) recibió la Memorial de Demanda de la demandante al amparo del TLCAN, por el que se argumenta concretamente que México violó el artículo 1103 del TLCAN, relacionado con el trato de Nación más Favorecida y artículo 1105 del mismo instrumento comercial, que habla del Nivel Mínimo de Trato.

El 23 de noviembre de 2020, México presentó su Memorial de Contestación de Demanda. La Demandante presentó su Memorial de Réplica el 22 de febrero de 2021 y México presentó su Escrito de Dúplica el 24 de mayo de 2021. La audiencia ante el Tribunal Arbitral fue celebrada del 26 al 30 de julio de 2021. La resolución está prevista para el segundo semestre de 2022.

El director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, Orlando Pérez Gárate solicitó al tribunal “desestimar por completo” la reclamación, así como la correspondiente determinación del pago de costos a favor de México.

Explicó que en su Memorial de Demanda, la empresa refiere supuestas acciones del Estado que involucran a diferentes autoridades de distintos niveles de gobierno, y basa sus reclamaciones en tres grupos de medidas, las cuales no necesariamente están directamente relacionadas entre sí, y no generan, ya sea de manera individual o colectiva, responsabilidad para el Estado mexicano.

Concretamente, la empresa reclama el supuesto incumplimiento de un Memorándum de Entendimiento de 2014, por el cual Calica aparentemente se ha visto impedida para iniciar operaciones en uno de sus predios (La Adelita); la presunta falta de un supuesto reembolso que deriva de una decisión del Poder Judicial relacionada con la legalidad de las tarifas portuarias por el uso de la terminal pública y privada (Punta Venado); y la supuesta clausura ilegal de operaciones de Calica en El Corchalito, como consecuencia de un procedimiento realizado por la autoridad encargada de procurar y defender el derecho humano a un ambiente sano y el cumplimiento de la legislación en materia del medio ambiente.

Según el funcionario, ninguno de estos hechos constituye una violación a alguna obligación internacional por parte del Estado mexicano y planteó que  no es casual que la demandante pretenda armar un caso a la medida, invocando la aplicación de un estándar autónomo de Trato Justo y Equitativo (TJE) –en vez del estándar de Nivel Mínimo de Trato–, alegando la aplicación y violación de la llamada cláusula paraguas cuando el TLCAN simplemente no recoge ninguno de estos estándares y, de hecho, ningún tribunal en el marco del propio tratado ha confirmado que alguna de esas teorías legales resulten aplicables.

Asimismo, señaló que en la reclamación basada en el supuesto incumplimiento de un memorándum de entendimiento y un adendum, “como el propio nombre lo indica, carece de obligatoriedad alguna y no forma parte del marco jurídico mexicano”.

Calica adquirió en 1996 los predios de El Corchalito y La Adelita donde realiza extracción de material para la construcción. De acuerdo con el gobierno mexicano, la empresa solamente explotó el predio de El Corchalito, pero no respetó el ritmo de extracción determinado de siete hectáreas por año; mantiene el predio La Adelita en estado natural, con la vegetación y fauna nativas; y nunca gestionó la totalidad de permisos, autorizaciones o concesiones necesarias para explotar el predio La Adelita.

El 22 de enero de 2018 la Profepa notificó a Calica la clausura temporal y parcial, como una medida de seguridad y la imposición de medidas correctivas.

El principal motivo por el cual la Profepa emitió la clausura temporal y parcial sobre el predio El Corchalito, fue para impedir daños ambientales adicionales, ocasionados por la extracción de roca caliza sobre una superficie mayor y a un ritmo mucho mayor que al autorizado.

Se detectó que se extrajeron 2.15 hectáreas más de las permitidas, y esto se agrava, ya que el área de explotación autorizada del proyecto presentado por Calica debía realizarse y distribuirse en los dos predios y no exclusivamente en El Corchalito tal como aconteció.

El 6 de noviembre de 2020, la Profepa notificó a Calica la imposición como sanción, de la Clausura Temporal Parcial en el predio El Corchalito, exclusivamente, por lo que se refiere a una superficie de 2.15 hectáreas y la imposición de diversas sanciones económicas por los incumplimientos y afectaciones ambientales, por un total de siete millones 985,053 pesos.

AMLO ventila el caso desde Palacio Nacional 

El inicio de la administración del presidente López Obrador no terminó con esos desencuentros; se hicieron más visibles porque el jefe del Ejecutivo se encargó de exponerlos en su conferencia matutina, particularmente a partir del inicio del año en curso.

La visibilidad de los desencuentros entre la empresa y el gobierno ocurrieron en el marco de las manifestaciones de ecologistas y famosos en contra del trazo del Tren Maya, particularmente en el tramo 5 Norte, de unos 50 kilómetros que va de Cancún a Playa del Carmen y 5 Sur, Playa del Carmen-Tulum, que es de unos 60 kilómetros. Las vías del tren pasarán muy cerca de las instalaciones de Sac-Tun.

El dos de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores González, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán quien fue comisionado por el mandatario para tratar el asunto con los directivos de la empresa Vulcan Materials Company.

Al día siguiente, durante la conferencia matutina, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que de los tres predios impactados, dos estaban en explotación. “En el primero hay una concesión sin límite, en el segundo hay una concesión a 20 años que ya se venció y en el tercero hay una concesión que está por vencerse”.

Dijo que en el primero de los predios está almacenada en una parte del material, pero no tienen el permiso de exportación.

Iniciaron el trámite del permiso, se les negó la exportación de ese material y tienen una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que seguramente se resolverá en el transcurso del año, apenas están ellos presentando las pruebas y el (Sistema de Administración Tributaria (SAT) acaba de ser notificado de que inicia el proceso de pedimento de exportación, explicó.

En ese sentido la empresa matriz con sede en Birmingham, Alabama, confirmó que el gobierno mexicano suspendió el permiso aduanero de tres años otorgado en marzo de 2022 a su subsidiaria mexicana y ha iniciado un procedimiento que podría resultar en la revocación de ese permiso. La decisión de mantener o revocar el permiso se tomará dentro de unas semanas.

Recordó que este permiso renovado rutinariamente había sido otorgado recientemente para fines aduaneros en la terminal portuaria dentro de su propiedad y destacó que la terminal portuaria es operada por la Compañía conforme a una concesión que es válida hasta 2037.

Eso permite a la subsidiaria de Vulcan exportar su producción a los Estados Unidos; sin embargo, en ausencia del permiso aduanero, ninguna entidad podrá realizar operaciones de exportación o importación de ningún tipo en el recinto portuario.

Plantea gobierno tres posibles salidas al conflicto

El 20 de abril pasado, el presidente explicó que se buscaba llegar a un acuerdo con la empresa a quien le plantearon tres opciones:

La clausura “porque ya no se permite que extraigan material”.

Convertir las áreas impactadas en un parque turístico y que usen la concesión del puerto Venado como terminal de cruceros.

Que el gobierno federal compre el terreno.

El 2 de mayo el presidente denunció que había sido “engañado” por la empresa, porque le habían dicho que sus actividades estaban suspendidas pero, al hacer un sobrevuelo por la zona se dio cuenta que seguían sacando material del país, por lo que dijo, “, he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato”.

Luego dijo que “se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país”.

Cuatro días después, la Semarnat informó que la Profepa realizó una visita de inspección en el predio La Rosita, se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio.

La empresa manifestó que ha sido reticente a abordar públicamente las menciones o cometarios del presidente López Obrador expresadas desde la conferencia matutina, mientras las conversaciones se encuentran en marcha; sin embargo, “en virtud de las repetidas manifestaciones falsas”, aseveró que está comprometida a operar debida y responsablemente con el cumplimiento de las leyes, permisos y autorizaciones correspondientes.

Además, aseguró que tiene el compromiso de invertir en la salud y sustentabilidad de las personas, las comunidades y el medio ambiente en la Riviera Maya.

Además, reiteró que está dispuesta a explorar adaptaciones a sus operaciones para apoyar al turismo y otras actividades de interés en la región, “siempre y cuando podamos continuar suministrando agregados pétreos a nuestros clientes en los Estados Unidos de América”.

Durante los últimos días el director general de Vulcan Materials Company, Thomas Hill ha acudido a Palacio Nacional a reunirse con el presidente y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

El desencuentro continúa, las actividades de la empresa estarían paradas. Las huellas de más de 30 años de extracción son profundas.

 

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RHM