Muestra además lo bien estudiado que lo tenían en Washington. Hace poco más de tres años, funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado admitían que Biden había decidido voltear la vista ante los abusos de López Obrador en materia de libertades y ataque a los contrapesos –la política estadounidense tolera a los autócratas cuando no afectan sus intereses vitales– porque, pese a sus gritos mañaneros, hacía lo que le pedían para frenar la migración. Pero cuando le levantaban la voz, se achicaba, como cuando bajo presión ordenó la recaptura de Rafael Caro Quintero y la detención de Ovidio Guzmán López. El perfil de López Obrador era claro: es un bravucón que cuando lo confronta a quien no puede reprimir, se acobarda.
Funcionarios del gobierno reconocieron que para bajar la presión de Estados Unidos el año pasado, se envió un mensaje desde Palacio Nacional a Los Chapitos para que dejaran de producir fentanilo, porque “las cosas estaban muy calientes”. Fue cuando Los Chapitos colgaron mantas diciendo que no estaban metidos en el fentanilo y que actuarían contra quienes lo estuvieran. Fue una burla, pero como López Obrador continuaba acatando sus peticiones migratorias, se la dejaron pasar. Lo que cambió la ecuación fue que Trump, en campaña electoral, escaló las amenazas contra México y se burló de la debilidad de López Obrador ante los cárteles. Las prioridades se modificaron.
No se sabe qué sucedió exactamente el jueves 25, pero algunas afirmaciones de funcionarios estadounidenses no son ciertas. No les cayeron del cielo por el engaño del Chapito a su padrino, ni lo supieron una hora antes de que aterrizaran en Nuevo México. Un periodista con fuentes de primer nivel en ese gobierno recibió la información de la captura de Zambada tres horas antes de que se hiciera público. Se desconoce si fue entrega, detención, secuestro o extracción. Lo que se sabe es que la operación la encabezó un agente del FBI con gran experiencia en las redes de corrupción y colusión de autoridades con los cárteles, que estuvo tejiendo por años descabezar al Cártel del Pacífico/Sinaloa.
Dentro del gobierno mexicano hay dos hipótesis. Una del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que piensa que fue una entrega pactada; la otra, que ha circulado en los últimos días, es que los estadounidenses los capturaron en suelo mexicano. Nadie sabe nada aquí, porque no les han querido informar en Washington algo que los sacara de la oscuridad. El desdén con el que los han tratado es humillante.
Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, cabeza de la relación bilateral, no sabía de lo que le preguntaba Jesús Ramírez Cuevas, portavoz presidencial, buscando confirmación sobre lo que corría con frenesí en las redes sociales. Sigue igual, y su par como responsable de la relación bilateral, Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Territorial de la Casa Blanca, no le ha convidado ningún dato. Gertz Manero nunca estableció una relación entre pares con el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, por lo cual tampoco tiene información directa.
El fiscal se achicó a sí mismo y escogió como interlocutor al embajador en México, Ken Salazar, que fue excluido por Washington de lo que iba a suceder. Salazar no ha recibido información de su gobierno, lo que se explica por la desconfianza que tienen de él, por su cercanía genuflexa con López Obrador. Incluso estuvo cancelando la semana pasada visitas a Palacio Nacional. La única intervención clara de Salazar, quizá por acomodaticio y no por instrucción, es que cuando López Obrador comenzó a decir que todo había sido producto de la cooperación bilateral, advirtió a sus enlaces que si continuaba engañando a los mexicanos, el Departamento de Justicia lo iba a desmentir. El Presidente se calló. Y lo más grave, se cayó.
