Amagan Escuelas Privadas de Yucatan en Cerrar sus Puertas Ante Incremento en Impuestos

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Redacción/ CAMBIO22

Mérida, Yucatán. – Un panorama sombrío se cierne sobre el sector educativo privado en Yucatán, con un aproximado del 97% de las escuelas privadas en riesgo de cierre ante el reciente anuncio del aumento del Impuesto Sobre la Nómina. Elías Dájer Fadel, presidente de la Asociación de Escuelas Privadas, señaló la desconexión entre las políticas fiscales y la sostenibilidad de estos planteles, que luchan por ajustar sus tarifas al ritmo de los incrementos salariales y los cambios fiscales imprevistos.

Desde el año 2018, la entidad ha sido testigo del cierre de más de 200 escuelas privadas. En lo que va del año en curso, se han sumado 20 cierres más, lo que no solo reduce la oferta educativa sino que también ha generado una disminución de 120 millones de pesos en el presupuesto destinado a becas para estudiantes yucatecos, impactando directamente a las familias y el acceso a la educación de calidad.

Si bien los representantes del sector educativo privado enfatizan su vocación educativa y no meramente lucrativa, el argumento económico presentado —que estas escuelas generan un ahorro anual de 4,000 millones de pesos al estado— se percibe como una justificación ante políticas fiscales que, según denuncian, se implementan sin el diálogo previo necesario. La preocupación subyace en la dificultad de mantener la calidad educativa ante aumentos impositivos y salariales no planificados.

El problema se agrava por una falla estructural en la toma de decisiones gubernamentales: la imposición de gravámenes sin una consulta previa a los operadores del sistema educativo privado, poniendo en peligro la continuidad de cientos de instituciones y, por ende, el acceso y la calidad educativa en la región.

La crítica al gobierno estatal no se limita únicamente al incremento fiscal, sino que abarca la falta de planificación y comunicación efectiva. Para un fortalecimiento genuino de la educación en Yucatán, es fundamental que las autoridades incorporen a todos los actores del sistema educativo, tanto públicos como privados, en la discusión y análisis de medidas que tienen un impacto directo en los estudiantes.

La lección para las autoridades es clara: la inobservancia de la realidad operativa de las escuelas privadas no solo compromete su existencia, sino que también vulnera el derecho a la educación de miles de niños y familias que dependen de ellas para acceder a una formación de calidad.

Fuente: El Congresista

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