Redacción /CAMBIO22

La reciente ola de violencia en Guerrero, México, pone de relieve la disputa entre varios grupos criminales por el control de la extorsión en el estado sureño, al tiempo que resalta múltiples factores de inseguridad en la región.

Desde comienzos de 2024, municipios del estado de Guerrero como Taxco de Alarcón y Chilpancingo han sufrido una ola de asesinatos, dirigidos principalmente a conductores de servicio público.

Durante el primer fin de semana de febrero, seis conductores de taxi fueron asesinados en el municipio de Chilpancingo, capital del estado, lo que generó la suspensión del servicio del transporte público. Un mes antes, dos taxistas fueron asesinados en Acapulco, mientras que el homicidio de un conductor de bus en Taxco de Alarcón desató una huelga entre los transportistas por falta de garantías de seguridad, la cual paralizó el transporte en el municipio desde el 21 de enero.

Guerrero es un estado clave para el desarrollo de economías criminales como el narcotráfico y la extorsión. Por un lado, el estado ha sido epicentro de cultivos de marihuana y de amapola y recientemente ha visto la aparición de cultivos de coca, la materia prima para la producción de cocaína y que ahora empieza a expandirse por México.

Del mismo modo, Guerrero es un punto clave para el tránsito de drogas que se dirigen hacia Estados Unidos. Además, el estado alberga el puerto de Acapulco, un área bisagra para la cocaína que llega desde el sur del continente en lanchas rápidas.

Detrás de los homicidios recientes, por ejemplo, parece estar la disputa entre grupos criminales como la Familia Michoacana y los Tlacos, y entre estos últimos y los Ardillos, por el control de territorios claves para la extorsión.

Sin embargo, otros elementos como la fragmentación del crimen organizado, la presencia de diversas economías criminales, la gobernanza criminal y la corrupción contribuyen al entendimiento de la violencia que se vive actualmente en diferentes partes de Guerrero.

Un panorama criminal fragmentado

En Guerrero operan decenas de células delictivas, producto de varios procesos de fragmentación criminal tras disputas, arrestos y asesinatos que han generado ciclos de violencia.

Algunas organizaciones, como International Crisis Group, estiman que en el estado operan alrededor de 40 células criminales, las cuales se disputan entre sí el acceso a rentas en diferentes territorios.

La mayoría de estos grupos solían ser operadores locales de organizaciones criminales como los Zetas y la Organización Beltrán Leyva (OBL), sin embargo, su poder ha crecido desde 2008, después de que la OBL fuera desmantelada en gran medida y los Zetas se dividieran en varias facciones más pequeñas que ahora operan principalmente en el norte de México.

Actualmente, organizaciones criminales como el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, los Viagra, los Rojos, los Tlacos, los Ardillos, La Familia Michoacana y los Tequileros, protagonizan el escenario criminal en Guerrero.

En la región de Tierra Caliente –entre los estados de México, Michoacán y Guerrero– varios medios han reportado una disputa entre la Familia Michoacana y el grupo local los Tequileros, quienes fueron acusados de cometer la masacre de San Miguel de Totolapán en octubre de 2022, donde fueron asesinadas 20 personas entre ellas el alcalde del municipio.

Por su parte, los Tlacos y los Ardillos se disputan las región de montaña y Costa Chica, rivalidad que no solo ha afectado los índices de violencia sino que ha logrado paralizar en diferentes momentos a Chilpancingo, capital del estado.

Economías ilegales en función de la gobernanza criminal

Si bien el narcotráfico y la extorsión son las principales economías criminales en Guerrero, la primera ha perdido fuerza ante la última.

Guerrero fue un estado clave para el cultivo de marihuana y amapola, sin embargo, ante el auge de las drogas sintéticas –como la metanfetamina y el fentanilo– estas drogas de origen natural perdieron valor, lo que llevó a campesinos a sustituir sus cultivos y a grupos criminales a diversificar sus negocios principalmente a partir de la extorsión.

A partir de allí, los grupos criminales han extendido el cobro extorsivo al transporte público, tiendas, operadores turísticos, eventos religiosos, empresas mineras e incluso a comercios de productos cotidianos. Con esto, la violencia se ha expandido hacia estos sectores, pues quienes se niegan a pagar los cobros o a cumplir las normas, corren el riesgo de ser asesinados.

Este sistema de extorsiones, a su vez, les permite a los grupos ejercer una gobernanza criminal que les da poder sobre diferentes escenarios de la vida cotidiana de las comunidades.

En 2022, por ejemplo, el precio del pollo se disparó en Chilpancingo, la capital del estado, luego de la escasez derivada de la violencia contra los comerciales. En Iguala, se registraron bajas en los precios de las tortillas, presuntamente por presiones de grupos criminales. Con esto, los grupos controlan la venta y la distribución de estos productos, manteniendo su control criminal sobre el territorio y generando violencia sobre aquellos que se nieguen a pagar.

“Es la regulación de la vida, de todo lo que pueda producir un capital”, dijo una investigadora experta en seguridad en México consultada por InSight Crime.

Los nexos entre el crimen organizado y el Estado

La corrupción presente en el estado de Guerrero ha sido clave para mantener vigente el poder criminal de los grupos criminales y su capacidad de ejercer violencia sin tener mayores consecuencias.

Para los grupos criminales, asegurar su influencia sobre la política es igual de importante a controlar rentas como el tráfico de drogas o la extorsión. Con las elecciones locales a la vuelta de la esquina, los diversos grupos criminales con presencia en el estado buscarán solidificar su capital político, lo que podría desembocar en un incremento más drástico de la violencia.

Por otra parte, uno de los cuerpos donde la corrupción ha echado más raíces son las fuerzas de seguridad. A mediados de enero de 2024 siete personas fueron asesinadas en Chilpancingo. La fiscalía identificó el ataque como una consecuencia de la pugna entre los Ardillos y los Tlacos, sin embargo, uno de los presuntos responsables de la masacre fue identificado como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y agente de la fiscalía.

Esta colusión no solo obstaculiza el accionar estatal contra estos grupos sino que les permite seguir ejerciendo violencia con total impunidad.

En otras ocasiones este vínculo se ha divulgado públicamente. En agosto de 2023 fue difundido un video en el que se observa a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida con el líder de los Ardillos. En mayo de 2023, alcaldes, diputados y pobladores bloquearon el acceso a 9 municipios de la región de Tierra Caliente, demandando la destitución de la fiscal general del estado. El origen de la situación fue presuntamente el aseguramiento de dos vehículos propiedad de los líderes de la Familia Michoacana por parte de la fiscalía.

 

Fuente : Insightcrime

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