Redacción/CAMBIO 22

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, festejó el 14 de febrero con un mensaje en redes sociales, la vía preferida para hacer anuncios de política pública o referirse a los temas más relevantes para su administración: “¡hemos llegado a 300 días sin homicidios! Para ponerlo en contexto, el gobierno anterior no tuvo un solo día sin homicidios”.

Con esa cifra, el mandatario celebraba no sólo la reducción en el número de asesinatos, sino que presentaba ese hecho como un éxito de su política de mano dura conocida como “régimen de excepción”, impuesta en marzo de 2022, que suspende ciertas garantías individuales, como la exigencia de que exista una orden para detener a alguna persona.

La aplicación de estos criterios ha resultado en la detención de unas 64 mil personas desde que entró en vigor el estado de excepción.

En automático, el gobierno ha identificado el aumento en la cantidad de arrestos con la baja en el número de homicidios, mientras organismos defensores de derechos humanos y activistas señalan que esta medida ha traído como consecuencia detenciones arbitrarias masivas, torturas, muertes y procesos penales abusivos.

Horas después del mensaje del presidente salvadoreño, el Congreso, dominado por el movimiento Nuevas Ideas, liderado por el propio Bukele, aprobó sin problemas la extensión del estado de excepción por otro mes.

El Salvador, que pasó por un proceso de guerra civil en los años 80, seguido por el desarme que dejó cientos de miles de armas en manos de los ciudadanos y de grupos irregulares, estaba catalogado como uno de los países más violentos del mundo cuando Bukele ascendió al poder, en julio de 2019.

La prioridad que se planteó el nuevo mandatario fue combatir la inseguridad, materializada en las maras, pandilleros responsables de la extorsión, tráfico de migrantes y drogas.

Bukele recurrió a un movimiento doble para su cruzada contra los maras y la inseguridad: aumentar la presión contra las pandillas y remover a los jueces de 60 años o mayores, o con más de 30 años de ejercicio.

Pero sus iniciativas no dieron resultados inmediatos y, en marzo de 2022, tras un fin de semana en que más de 80 personas fueron asesinadas, el presidente echó mano del recurso excepcional para bajar la incidencia delictiva.

Esa decisión, de acuerdo con Human Rights Watch, ha afectado, principalmente, a personas de escasos recursos, a quienes se criminaliza precisamente por vivir en zonas pobres.

“Desde que se adoptó el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos, y han arrestado a más de 58 mil personas, incluidos más de mil 600 niños y niñas. Con frecuencia, los operativos se han dirigido específicamente a comunidades de bajos recursos que han sufrido por la inseguridad y falta de oportunidades económicas y educativas durante años”, señala un informe de HRW dado a conocer en diciembre.

El prestigioso periódico digital El Faro, uno de los que han recibido la embestida del gobierno salvadoreño por dar a conocer un plan de la administración para pactar una tregua con las pandillas, daba a conocer estos días la historia de un albañil detenido sin motivo acusado de esconder en su casa a integrantes de una mara.

Sin embargo, un informe de la propia Policía Nacional indica que el hombre detenido no tenía relación alguna con las pandillas, que el reporte de la detención fue firmado por agentes que no participaron en la captura y, en resumen, se le aprehendió sin motivo. Pese a las irregularidades evidentes, el gobierno ha insistido en que el albañil es responsable de complicidad con mafiosos y lo ha mantenido preso.

Mano dura, buena imagen

Aunque periodistas, activistas de derechos humanos y congresistas de Estados Unidos ven con preocupación la deriva autoritaria del presidente Bukele, sus decisiones arriesgadas, imprevisibles, como convertir al bitcoin en la moneda de uso corriente en el país e invertir recursos públicos en activos digitales, le han acarreado simpatías entre una ciudadanía harta de la inseguridad y desconfiada de los políticos tradicionales.

El político de 41 años ganó las elecciones de 2019 con 53% de los votos. Pero con el paso de los años su imagen no ha sufrido desgaste, sino al contrario: los sondeos muestran que su gobierno está bien evaluado y más del 85% de los consultados tienen una buena imagen de su presidente.

El dirigente salvadoreño se precia de no ser un gobernante ortodoxo y quizá la mayor muestra de eso es su apuesta por cambiar la moneda de uso corriente e imponer el bitcoin. Bukele presumió su conocimiento de la economía digital y sus antecedentes como empresario para optar por esa moneda virtual.

Sin embargo, la decisión no fue afortunada, no sólo por el hecho de que la mayoría de los ciudadanos no haya adoptado esa divisa y que los migrantes sigan enviando dólares en lugar de criptomonedas, sino que hasta 2022 había invertido 107 millones de dólares del erario en bitcoins, pero la pérdida de valor en esos activos causó una merma al patrimonio del país.

Los 2 mil 381 bitcoins que compró hoy valen menos de 50 millones de dólares, ni siquiera la mitad de lo que se pagó por ellos, y ningún analista en el mercado prevé una recuperación pronta de esas inversiones. De modo que su desempeño en puntos clave como la economía y la seguridad, antes de la cruzada con el régimen de excepción, son para presumir, pero esa debilidad no ha afectado su imagen.

Legitimado por la aprobación de sus gobernados, que de acuerdo con sondeos difundidos por la televisión y potenciados por el propio mandatario, Bukele ya anunció su intención de romper con la tradición de los gobiernos surgidos de elecciones después de la guerra civil: él no respetará la ley que restringe el mandato a un periodo cinco años y prepara su reelección, confiado en su mayoría legislativa y el apoyo de los jueces.

Su discurso tendrá como base, ha quedado claro en estos días, la guerra contra los criminales y presumirá la reducción en el número de homicidios. Ante la perspectiva de optar por un demócrata que no controla a los criminales y un autoritario que los enfrenta, la mayoría optará por los segundos, como ya ha ocurrido muchas veces en la historia.

 

Fuente Reuters
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RHM