• La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el 2023 se entregaron 608 apoyos alimentarios por 352 mil 700 pesos a personas que habían fallecido ese año y en ejercicios fiscales anteriores.

• Pero como el apoyo se fondeó con recursos federales, la máxima autoridad fiscalizadora del país los auditó y obligó a reintegrar el dinero a la Tesorería federal.

• En el DIF aseguran que se trata sólo de falta de actualización de padrones, pero la llamada de atención llega cuando han surgido señalamientos sobre irregularidades dentro de la administración del organismo.

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 24 de enero.- Con preocupación se supo que la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo se vio obligado a devolver a la Tesorería de la Federación 352 mil 700 pesos de recursos federales correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que representaron el costo de despensas que se entregaron en el 2023 a personas que la fiscalización detectó que están fallecidas.

Lo anterior resultó en el segundo informe de la fiscalización de la Cuenta Pública de la Federación correspondiente al año 2023, en el que la ASF dio a conocer los resultados de la revisión del gasto del FAM, que son recursos federales de uso etiquetado que reciben anualmente las entidades federativas, y en la que resultó que 12 estados reportaron entrega de ciertos montos de apoyos de programas sociales a personas difuntas.

En esta condición apareció el estado de Quintana Roo, en la revisión de los recursos del FAM destinados a la entrega de apoyos alimentarios, resultando que el DIF Quintana Roo, que dirige Abril Sabido Alcérreca, registró la entrega de 608 despensas por un monto de 352 mil 700 pesos a beneficiarios ya fallecidos, según un reportaje dado a conocer por el portal de noticias Emeequis.

Dichos recursos tuvieron que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, luego de que confirmó el deceso de los beneficiarios desde ejercicios fiscales anteriores y durante el 2023, según el informe de la ASF sobre casos semejantes en otras 11 entidades y que suman un monto de 17 millones de pesos.

De manera extraoficial, en el Sistema DIF Quintana Roo se aseguró que se trató de una “falta de actualización” del padrón de beneficiarios para dar de baja a las personas fallecidas y anotar a quienes seguirán recibiendo el apoyo alimentario.

Asimismo, dijeron que las despensas si se entregaron a las familias, porque las personas fallecidas tenían como dependientes a menores o personas en situación de vulnerabilidad que se consideró continuar apoyando, y que no hay desvío de recursos en esta situación observada por la ASF, sino que sólo hay que proceder a la corrección de la lista de beneficiarios.

No obstante, preocupa que esta corrección de la máxima autoridad fiscalizadora federal viene cuando ya han surgido varias voces en el estado que han alertado sobre que desde la administración del DIF Quintana Roo hay funcionarios que realizan “negocios” a espaldas de su presidenta honoraria, Verónica Lezama Espinosa, y de la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, aprovechando la amplia política social que ambas hermanas han impulsado para ayuda de las familias en situación de pobreza, y a quienes los responsables de la administración del organismo presentan listas de despensas y apoyos económicos entregados donde resultó que están incluidos nombres de personas fallecidas.

Lo preocupante de esta situación es que las “raspadas” al presupuesto estatal se estarían haciendo simulando apoyos a los que menos tienen y la responsabilidad es ineludible por parte de sus directivos, encabezados por la directora general Abril Sabido Alcérreca, a quien se señala de tener a colaboradores cercanos encargados de aprobar a los proveedores de la institución, con “moche” de por medio.

Mientras esto ocurre, se está en la víspera de que, el 7 de febrero del presente año, el DIF estatal destine unos cuantos millones de pesos para la realización del denominado Baile de Damas, una festividad que, en sus orígenes, estuvo destinada a la recaudación de recursos para asistencia social, pero que desde hace por lo menos tres sexenios se ha convertido en una fiesta a puerta cerrada, que es criticada por terminar en “borrachera” excluyente de señoras para las que contrata algún artista.

De hecho, hay vista puesta sobre el evento porque el año pasado se contó con la presencia de Mijares, quien cobró 6 millones de pesos por su presentación, que algunas de las damas asistentes deslucieron porque se liaran a golpes por un sitio privilegiado para admirar al cantante, al calor de las copas.

Sólo que el evento costó en total 9 millones y medio de pesos, porque al alto pago del cantante hubo que sumarle otros de la organización del baile, que demeritaron el beneficio social que se supone debería obtenerse en la recaudación producto de la venta de boletos, que sólo dejó un millón y medio de ingresos, por lo que el evento terminó con déficit de 8 millones de pesos.

Para este año se especuló que el cantante Chayanne sería el contratado, lo que elevaría el costo del evento inclusive a los 11 millones de pesos, pero extraoficialmente fuentes cercanas a la institución han informado que el espectáculo correrá a cargo del Grupo Matute, conocido por éxitos ochenteros, lo que debería aminorar el costo del evento.

Además, se indica que esta vez se espera tener unas 3 mil asistente, el doble del año pasado, y con la venta de los boletos a mil 500 pesos se considera que podría obtenerse más ingresos que en el baile anterior, por alrededor de 4 millones 500 mil pesos.

Lo anterior apunta a pasos hacia recuperar el propósito de beneficio social que se le dio en sus orígenes al baile, y que se fue perdiendo con en los últimos años, sobre todo durante la administración estatal anterior, la de Carlos Joaquín González, cuando el DIF de Quintana Roo fue calificado como el peor del país, pero esto podría verse reducido sin los gastos de operación y logística nuevamente son de alrededor de 3 millones de pesos como el año pasado, varios pagados a empresas de fuera de Quintana Roo.

Al inicio de la administración de Mara Lezama, con su amplio programa de asistencia social y con su hermana Verónica al frente, se han dado grandes pasos para recuperar el preponderante papel social del DIF Quintana Roo, por lo que preocupa que en la ejecución y operación de los programas la administración del organismo se obstaculice o entorpezca con fallas en la entrega de apoyos que cuesten al erario o con negocios personales en un organismo que tiene un presupuesto de 876 millones de pesos en este 2025.

Por eso el llamado de la ASF genera preocupación, sobre todo si se toma en cuenta que en la fiscalización del año anterior el gobierno de Quintana Roo había resultado con cero observaciones, récord que ahora impidió repetir la administración del DIF.

franciscohcambio22@gmail.com

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RHM