• Entre la Necesidad de Viviendas y la Controversia en Asentamientos Irregulares

 

• Desafíos en la Regularización de Asentamientos Irregulares y la Disputa por Tierras

 

 

Redacción/CAMBIO 22 

TULUM.- De los 125 asentamientos irregulares en Quintana Roo reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedatus) y donde viven unas 60 mil personas, Tulum reporta 8, pues prácticamente la mitad de la ciudad cuenta con ocupaciones ilegales en 17 colonias, colocando a la invasión ‘2 de Octubre’ como la más conflitiva, donde se cometen el mayor número de crímenes.

“Tulum tiene un déficit de más de 7 mil viviendas además de rezago en infraestructura urbana, lo que genera una problemática social grave; hace falta inversión federal en el ciudadano, pues hay 7 mil 500 personas en asentamientos irregulares; pese al crecimiento esperado a raíz de los proyectos federales, no hay en el horizonte una planeación para solucionar esta problemática”, denuncia insistentemente el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, sin que sus palabras encuentren respuesta en los tres niveles de gobierno.

En los últimos 12 años, se han emitido 65 órdenes de desalojo para predios de localizados dentro del polígono ‘2 de Octubre’, lo que ha culminado con fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los habitantes de esa zona, llegando incluso a cerrar por mas de 10 horas la carretera federal Tulum-Carrillo Puerto en señal de protesta, causando caos y molestias entre turistas y locales.

Para el presidente de la asociación ‘Tulum Por Una Vivienda Digna’, Valeriano Ramírez Córdoba ha dicho que tienen más de cinco años que tomaron posesión de estas tierras, por la simple razón que” en Tulum son carísimas las rentas, por lo que hubo la oportunidad con el gobernador Carlos Joaquín, logrará que la gente entrara a estos predios, somos legítimos posesionarios y no vamos a renunciar a estos predios’.

Los posesionarios aseguran que en la anterior administración de Víctor Mas Tah, hubo una reunión con la Procuraduría Agraria para conocer la situación de los predios 2 de Octubre, en dónde les dijeron que son tierras nacionales.

“El señor Andrés Manuel López Obrador nos denominó posesionarios de zonas irregulares, no somos invasores, porque no estamos invadiendo tierras de nadie, son tierras del gobierno, así se denomina este grupo de personas”, mencionó.

Valeriano Ramírez Córdoba aseguró que tenían conocimiento que Aldea Zamá (residencial de lujo) y una de las áreas más predominantes de la región habría la Universidad de Tulum, pero estás tierras se entregaron a extranjeros, los cuales pagaron una ridícula cantidad de 50 pesos el metro cuadrado, “sabemos que desde 1981 se iban a hacer muchas cosas en Tulum, desde que se entregaron estas tierras, pero para la gente de Tulum no se entregaron que son los verdaderos dueños, pero los lanzaron a las tierras que ahora son el Ejido. Es demasiada la gente que está llegando, no hay servicios, falta drenaje, alumbrado, una universidad”, aclaró.

Valeriano Ramírez remarcó que tuvieron un dialogo con director general Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), José Alberto Alonso Ovando, el cual tenían entendido que no los iban a desalojar, hasta no tener una buena información sobre las tierras porque ahora cualquiera llega con una orden de desalojo con dos o tres meses de atraso para decir que las tierras que actualmente ocupan alrededor de 7 mil 200 familias de la 2 de Octubre son de su propiedad

Ante esta problemática el 16 de junio pasado, ante la presencia de cientos de invasores de predios en Tulum, autoridades estatales y municipales anunciaron el inicio y oportunidad del proceso de regularización de los asentamientos irregulares de la cabecera municipal.

El director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), José Alberto Alonso Ovando, recordó que por instrucciones de la gobernadora del estado, Mara Lezama, y por la voluntad del presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, se está buscando que haya orden, porque el ordenamiento les va a dar una certeza jurídica de tierra, luego servicios públicos y después que se vayan erradicando algunos males como la contaminación y la delincuencia.

“Son 12 o 14 colonias contadas y otras más que no registramos, pero nosotros dividimos en dos partes estas invasiones que son Tulum norte y sur. En el caso del norte son aproximadamente 30 hectáreas que están en proceso de ocupación irregular, donde ya liberamos 21 hectáreas y en las demás vamos a ir avanzando, incluso negociando, porque no todos (los terrenos) son del estado y tenemos que ir platicando con los particulares para ver de qué manera nos arreglamos con ellos”, pormenorizó el titular de Agepro.

Añadió que para este logro tuvieron que hacer importantes esfuerzos, como un programa de organización interno por parte de la junta de gobierno de la Agepro, porque había que poner reglas y a su vez dar una solución definitiva a estos asentamientos que en su momento no fueron ocupados correctamente.

“En Tulum (las invasiones) son de poco más de 20 hectáreas, donde una buena parte ya fuimos readquiriendo o negociando con los propietarios para empezar el proceso. Ya tenemos algún avance en las colonias, ninguna está completa pero sí quieren regularizarse”, indicó.

Alonso Ovando mencionó que ante este ordenamiento se requieren espacios públicos, resolver el aspecto de la construcción de casas en calles e incluso depurar a quienes se aprovecharon de este movimiento -suscitado el 2 de octubre del 2016- para apoderarse de varios terrenos. De esta manera serían alrededor de miles de lotes que serán atendidos en estas negociaciones para que obtengan certeza jurídica.

El edil Diego Castañón expuso que el objetivo es que los pobladores se sientan tranquilos y seguros, por eso los invitó a acercarse a las oficinas de Agepro para iniciar su proceso de regularización.

“Lo que queremos es que ya haya una certeza jurídica, que cada uno de los ciudadanos de estas colonias tengan un pedazo de tierra, tenga una seguridad de vida y que no estén pensando que los van a sacar”, externó.

Estos ‘acuerdos conciliadores de palabra’ fueron en respuesta al intento de desalojo el primer día de febrero de este año a los invasores de la colonia ‘2 de Octubre’ en el mismo sitio donde en el mes de julio del 2021 se intentó la misma acción sin poder lograrlo, porque fuerzas armadas -encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE)- simplemente se acercó al asentamiento y se retiró, mientras que los invasores desde temprana hora ya se habían preparado con una defensa de rocas y quemas de llantas.

La intentona de desalojo en el asentamiento irregular había iniciado con el lanzamiento de posesionarios de varios inmuebles en la zona costera, los habitantes de la invasión ‘2 de Octubre’, ubicada en la calle Mercurio con Escorpión, se enteraron de la nueva diligencia para retirarlos del lugar, de manera que para evitar lo ocurrido un año antes, se atrincheraron bloqueando con piedras y palos el acceso al asentamiento, e incendiando llantas en al menos tres manzanas de la zona.

Estas diligencia de desalojo obedecen a la orden del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo a través del número de oficio 549/2022-11, en el que la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Fiscalía de Investigación en Tulum de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo giró la orden para lograr el aseguramiento de los inmuebles que son material de las carpetas FGE/QR/TUL/03/255/2018 y FGE/QR/TUL/03/256/2018. Todo esto forma parte de un juicio de amparo indirecto (el 729/ 2021-11) promovido por Ana Josefa Peralta Alonzo, por lo que dice que atrás de estos intentos de desalojo se sencuntran políticos y ex gobernadores que a quieren apropiarse de dichas tierras para comercializarlas como inmuebles de lujop por la ubicación tan extratégica y de acceso al mar y la zona arqueológica de la invasión.

Sobre el tema, el abogado Ernesto Cuxim Che, presidente del Colegio de Abogados de Tulum declaró que “aunque no se concreten los desalojos, estos juicios seguirán su curso y es probable que a mediano plazo -en cuatro o cinco años- se vean acciones efectivas en el tema de las invasiones en esta zona”.

“Estamos en un estado de derecho donde lo que tiene que prevalecer es la impartición de justicia y aplicación de las leyes, y a pesar de que en el plano social y moral pudiera ser cuestionado, si ya fue estudiado en todas sus instancias pues se tiene que acatar y ejecutar incluso por vía de la fuerza pública”, acotó.

Dejó en claro que se tienen que agotar todas las instancias, porque cuando una autoridad ejecutora argumenta que no puede por falta de elementos, tendrán que buscarse otras medidas para cumplimentar una orden o mandato. Estos mandatos trascienden cuando surgen cuestiones de violencia en actos de desalojos, como ha ocurrido en las invasiones de Tulum, porque nadie espera daños en el desempeño de una orden realizada por la autoridad.

“Los procedimientos legales tienen muchas particulares, cuando se debe hacer efectivo un derecho se revisa que estén cumpliendo con los requisitos de ley, que son las principales funciones de una autoridad que ordena o gira un mandamiento con fuerza judicial o poder coercitivo del Estado, en este caso los órganos de auxilio, como la fuerza pública de la policía municipal y estatal”, acotó.

Los habitantes de ‘2 de Octubre’, diden que no son 7 mil 500 habitantes, que son 12 mil, que los invasores no son ellos, sino las inmobiliarias que buscan explotar el predio de 137 hectáreas en donde se establecieron desde 2016; los pobladores se niegan a ser reubicados por el Gobierno de Quintana Roo a quien acusan de haber vendido esta zona de tierra pública a diversos inversores desde inicios de los 2000.

Los condominios de lujo que colindan con la invasión, construidos por las inmobiliarias que han ido ganando terreno, tienen un precio de entre 100 mil a 150 mil dólares que contrastan con las viviendas de los locales y sus habitantes quienes tienen un sueldo promedio de 20 dólares al día; las autoridades siempre han dichco que el campamento representa una zona sin ley, a la que señalan como culpable de empeorar la imagen de la zona ante el turismo, creando una percepción de inseguridad.

En esta zona se han cometido 37 ejecuciones de 2016 a la fecha y es el centro de narcomenudeo más grande de la ciudad, verdaderamente nadie entra a la zona si no es residente y la misma es custodiada por ‘halcones’ que sirven a un cártel que mantiene en jaque a las autoridades locales y federales: ‘2 de Octubre’ no es tierra sin ley, es tierra de la delincuencia organizada.

La Dirección Municipal de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático y la Dirección de Servicios Públicos de Tulum, insisten que en esta invasión solo hay entre 5 y 6 mil habitantes en terrenos de invasión, que se ubican en las calles Mercurio, Kukulcán y Oko’ot y que dicha cantidad representa casi el 10 por ciento de la población del noveno municipio, pues el censo de 2020 indica que hay más de 70 mil habitantes, de los cuales cerca de 40 mil están en la cabecera municipal.

Las invasiones son la alegoría precisa de la marginación social. Sus habitantes viven dos mundos diferentes: el rezago en el interior de las viviendas y el lujo y sofisticación en los centros de hospedaje en los que muchos de ellos trabajan.

Cabe mencionar que el pasado 13 de agosto, el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en el estado de Quintana Roo, otorgó la suspensión definitiva en un juicio de amparo, que ayudará a frenar los cambios de uso de suelo en Tulum, con base en la aplicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS), que, a decir de la Semarnat, aprobó el Ayuntamiento de manera ilegal, porque no se convocó a la Federación.

De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), esta decisión de la autoridad judicial sienta un precedente fundamental que puede impedir que en los otros 11 municipios del estado se utilice este instrumento normativo “para seguir modificando las densidades del suelo con fines de especulación inmobiliaria”.

En un comunicado de prensa, recordó que el pasado 14 de mayo, habitantes del municipio de Tulum, con asesoría del Cemda, presentaron una demanda de amparo en contra de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo , así como el PMOTEDUS de Tulum.

“Violan derechos fundamentales de nuestra Constitución como el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, así como el derecho al desarrollo urbano controlado y sustentable”, se lee en el documento.

Cemda señaló que el estado de Quintana Roo cuenta con una rica biodiversidad reconocida y protegida tanto a nivel nacional como internacional.

Específicamente, el municipio de Tulum tiene manglares, inscritos en la Convención Ramsar para la protección de humedales de importancia internacional, en cuyo interior se albergan diversas especies de flora y fauna; además, dentro de esta área existen cenotes de agua dulce, ligados a las tradiciones, ceremonias y leyendas del pueblo maya.

Asimismo, la zona está rodeada por cuatro Áreas Naturales Protegidas como son el Parque Nacional de Tulum; la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an -ubicada en los municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto e incorporada en 1986 por la UNESCO en su Programa El Hombre y la Biosfera-; la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an y la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. (Con información de medios)

 

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