abril 13, 2024 17:36

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

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  • Se dice en Quintana Roo que se busca sacar a Aguakán porque se tiene prometida la concesión a otro operador

 

Redacción/CAMBIO 22

 

El gobierno de la 4T emprendió una cruzada para arrebatar a la firma Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, mejor conocida como Aguakán, la concesión del servicio de agua y alcantarillado en la zona turística de Quintana Roo.

Detrás de este embate, según fuentes de alto nivel, se esconde la intención de entregar el negocio multimillonario a otra empresa.

La intención del Congreso local de Quintana Roo para extinguir en los últimos días de diciembre una concesión cuya vigencia vencía hasta el 2054 escaló en pocos días al ámbito nacional; sobre todo desde que el Juez Octavo de Distrito del Estado de Quintana Roo, Julio César Ortiz Mendoza, concedió a la concesionaria que dirige Paul Andrew Rangel una suspensión definitiva contra los efectos del llamado Decreto 195.

Aguakán ya es un tema de la conferencia de prensa mañanera, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Mara Lezama y hasta la Fiscalía General de la República pugnan porque el servicio de agua y alcantarillado en cuatro de los municipios más turísticos de la entidad, Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen), regrese a manos del sector público.

Hablamos de dar servicio a 1.5 millones de personas, a través de 463 mil tomas de agua, esto con una infraestructura a la que, según reportes de la compañía, se le han invertido más de 8 mil millones de pesos, y que consta de 217 pozos de extracción, 71 tanques de agua potable, 101 cárcamos de agua residual, 3 mil 250 kilómetros de tuberías de agua, 2 mil 157 kilómetros de tuberías de alcantarillado, 3 plantas de ósmosis inversa y 13 plantas de tratamiento de aguas residuales.

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Efectivamente, Aguakán tiene múltiples quejas de los usuarios, casi siempre por las altas tarifas del vital líquido ―aunque estos costos los establece el propio Congreso―, pero su mayor pecado con la 4T y con AMLO es que está ligada a la polémica constructora Grupo Mexicano de Desarrollo y al empresario Jorge Ballesteros, a quien el actual mandatario identifica como beneficiario de las privatizaciones de los gobiernos del periodo neoliberal.

Aun así, se dice en Quintana Roo que la verdadera razón por la que se busca dejar fuera de la jugada a Aguakán es porque su nuevo gobierno tiene prometida la concesión a otro operador. De hecho no existe posibilidad alguna de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado brinde el servicio; tendría que recurrirse a una expropiación de la infraestructura y a esos multimillonarios costos o enredos judiciales que tanto han hecho sufrir a las finanzas de la 4T.

No hay muchas opciones de empresas con operaciones en México que tengan la capacidad de brindar un servicio como el que requieren esos cuatro municipios quintanarroenses, en especial por los niveles récord de crecimiento poblacional en la zona: alrededor del 30% anual. Se piensa en la firma Aguas de Barcelona, pero estuvo en el pasado también ligada a Aguakán y, peor aún, está manchada por la trama de Odebrecht.

La alternativa que queda es la francesa Veolia, la firma que operó esa concesión con la que en 2004 el gobierno de López Obrador privatizó el servicio de agua en el Distrito Federal. Dicha concesión la entregó directamente su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum; con ella el operador privado controlaba la totalidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, aunque siempre bajo la cortina, también estipulado por contrato, de la marca SACMEX.

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Aquel 1 de mayo de 2004, la Sedema firmó el contrato con la razón social Servicios de Agua Potable SA de CV; para el 2006 esta empresa cambió su denominación social por Proactiva Medio Ambiente SAPSA SA de CV, y para 2019, ahora con Sheinbaum como jefa de Gobierno, la concesionaria se convirtió en Veolia Agua Ciudad de México SA de CV.

Dos años después, ante el estigma neoliberal de la privatización, el gobierno de Sheinbaum decidió cancelar el acuerdo, pues intensificaron los problemas de agua en la capital y parece que a esa empresa se le debe un favor.

Grupo Televisa, codirigido por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, causó revuelo ayer, luego de que se diera a conocer el prospecto de colocación para escindir al Club América y que cotice de forma independiente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Con la clave de pizarra ÁGUILAS, Grupo Televisa enlistará 340 mil millones de acciones y 119 millones 375 mil Certificados de Participación Ordinaria de su negocio deportivo. El debut se espera para el 24 de febrero y realizará a través de la empresa Ollamali.

No se fijó un precio de salida de las acciones, pero según cálculos de analistas consultados la oferta pública con la que se rompería la sequía de IPOs en el mercado bursátil mexicano, alcanzaría los 10 mil millones de pesos.

El Club América es uno de los equipos mexicanos con mayor popularidad en México y en los Estados Unidos y cuenta con un gran número de aficionados. Dicha popularidad y base de aficionados genera oportunidades comerciales muy relevantes para sus propietarios.

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La empresa Nielsen estimo en 2019 que el Club América cuenta con una base de más de 30 millones de aficionados en México y más de 13.6 millones en los Estados Unidos. Los partidos en los que participa generalmente cuentan en promedio con el doble de una audiencia promedio de 8.1 millones por partido, cifra mayor que su competidores.

Junto con el equipo y el Estadio Azteca, el cual va a ser renovado para el Mundial de 2026, se colocarán en la nueva empresa las unidades de entretenimiento, juegos, sorteos, así como publicaciones editoriales que forman parte del segmento de Otros Negocios del grupo de Emilio Azcárraga Jean.

Posdata 2

La huelga de trabajadores de Audi podría convertirse en un gran dolor de cabeza para el resto de las armadoras del país y un mal precedente para otras empresas que van llegar a instalarse, como Tesla.

Las reformas laborales impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador y los aumentos al salario mínimo, aunado a las reglas del TMEC, han envalentonado a prácticamente todas las agrupaciones laborales a pedir aumentos que las empresas consideran insostenibles.

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En el caso de Audi, el Sindicato Independiente de la empresa en México (Sitaudi), solicitó un incremento de 15.5%, dividido en 10% de alza salarial y 5.5% en prestaciones. La empresa les ofreció 6.5%, 5% directo al salario y 1.5% en prestaciones. Los directivos de Audi señalan que este ya es un aumento por arriba de la inflación, que repuntó a 4.9% en la primera quincena de enero.

Por lo pronto los sindicatos agrupados en la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN), entre los que se están los sindicatos de Volkswagen, Saint Gobain, Goodyear y Minero, ya anunciaron su apoyo al Sitaudi. A ver cómo termina este caso.

 

 

 

Fuente:EL UNIVERSAL

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