Aguakan Anuncia que Impugnará la Abrogación de la Prórroga de su Concesión de Agua Potable en Quintana Roo

► Sus principales accionistas, Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y GBM Infraestructura, que se respalda con fondos de ahorro para el retiro, anunciaron a la Bolsa Mexicana de Valores que van contra el decreto aprobado por la XVII Legislatura del Estado y por que les reconozcan la ampliación del título de concesión por 30 años más

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 26 de diciembre.- La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., empresa respaldada con capital de fondos de ahorro para el retiro, que opera bajo el nombre de Aguakan, intentará frenar en los tribunales la decisión del Congreso de Quintana Roo de abrogar la ampliación de su título de concesión para prestar el servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad hasta el 31 de diciembre de 2053.

Como se recordará, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la abrogación del decreto emitido hace 9 años, que amplió por 30 años más la concesión de Aguakan, tras una iniciativa del diputado de Morena, Luis Humberto Aldana, quien argumenta cumplir con una consulta ciudadana que habría determinado la oposición a la concesionaria y por ilegalidades realizadas en el procedimiento de aprobación de dicho decreto.

El mismo viernes 22 de diciembre, el decreto de abrogación fue promulgado en el Periódico Oficial del Estado, estableciendo que entrará en vigor el domingo 31 de diciembre del 2023, mismo día en que finaliza la concesión original de Aguakan, por lo que como efecto inmediato operará el fin del contrato y la reversión de servicios, recursos, obras y bienes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

En respuesta, el Grupo Mexicano de Desarrollo y GBM Infraestructura, que son los principales accionistas de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, señalaron en comunicaciones distribuidas en la Bolsa Mexicana de Valores que la Legislatura estatal está ignorando los términos y procedimientos establecidos en el título de concesión, que imponen mecanismos para proceder contra la empresa.

Asimismo, las empresas hicieron un llamado a los gobiernos municipales y al Poder Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, a cumplir con las normas aplicables y con resoluciones judiciales firmes.

La empresa, que dice haber invertido más de 187 millones de dólares, es controlada en 50.1% por GMD, mientras que el resto le pertenece a GBM Hidráulica, cuya matriz GBM Infraestructura administra un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) respaldado por fondos de ahorro para el retiro.

“El Decreto 195 desconoce absolutamente la naturaleza y normatividad rectora del Título de Concesión e invade esferas y atribuciones de los Municipios soberanos concedentes de la Concesión, así como del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable”, expresó Aguakan.

GMD y GBM Infraestructura también manifestaron su compromiso de continuar prestando con normalidad los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en los municipios afectados, en cumplimiento de lo dispuesto en el Título de Concesión y su modificación de diciembre de 2014, en tanto se resuelve el procedimiento de impugnación.

Fue en diciembre del 2014 cuando se aprobó el decreto 250, que prorrogó la concesión en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, abarcando al posteriormente creado municipio de Puerto Morelos, y lo amplió al municipio de Solidaridad, por 30 años más, hasta el año 2053, pese que aún faltaban 9 años para que venciera la primera concesión, emitida en 1993 y que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

Para abrogar este decreto, la XVII Legislatura argumentó que todavía no surten sus efectos la prórroga, puesto que no ha finalizado el título de concesión original, y se cometieron violaciones de legales en la aprobación del mismo, porque la XIV Legislatura no ratificó el contrato firmado, ya que el documento nunca le fue presentado, y se establecieron cláusulas que violan la ley local.

(Con información de bloomberglinea.com)

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