Broma Entre Jóvenes Chetumaleños, Exhibe la Normalización de la Violencia entre Menores de Edad en México

• La cartulina fue retirada por los elementos de seguridad y, tras las primeras indagatorias

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 23 de mayo. – Lo que comenzó como un reporte ciudadano por un presunto mensaje de amenaza del crimen organizado terminó revelando un síntoma preocupante de la degradación social que permea incluso entre menores de edad. En el condominio Cieneguilla, ubicado en la colonia Centenario de Chetumal, una madre encontró una cartulina con una advertencia explícita dirigida a su hijo Joan, firmada supuestamente por un grupo delictivo identificado como “CJNG”. El contenido del mensaje incluía lenguaje violento y referencias directas al líder criminal conocido como “El Mencho”, lo cual generó una inmediata intervención policial.

La cartulina fue retirada por los elementos de seguridad y, tras las primeras indagatorias, la madre del menor dialogó con los adolescentes del condominio, quienes confesaron que ellos mismos habían escrito el mensaje como una “broma” entre amigos. A pesar de que el contenido alarmante, no se trató de una amenaza real, sino de un acto que, aunque carece de consecuencias penales por decisión de la denunciante, deja entrever una realidad mucho más perturbadora: la banalización de la violencia y la naturalización del lenguaje criminal entre los jóvenes.

El uso del nombre de un cártel con presencia nacional, las amenazas directas y la reproducción de códigos delictivos no pueden entenderse como una simple travesura. Esta acción, aparentemente inofensiva para quienes la realizaron, refleja un entorno en el que las referencias al crimen organizado ya dejaron de causar asombro para convertirse en parte del lenguaje cotidiano, incluso entre adolescentes. En contextos como el de Chetumal, donde las brechas de atención social se profundizan, este tipo de conductas deberían ser señales de alerta para autoridades educativas y de seguridad.

Más preocupante aún es la falta de acción institucional más allá del retiro del cartel. Si bien la madre del menor optó por no presentar una denuncia, el hecho debería haber detonado mecanismos de intervención preventiva por parte de instancias como el DIF, la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes o la propia Secretaría de Educación. La omisión institucional refuerza el mensaje de que estas conductas pueden quedar impunes, perpetuando un ciclo donde la violencia simbólica se convierte en antesala de hechos más graves.

Lo anterior, lejos de ser anecdótico, ilustra con claridad el deterioro del tejido social en colonias populares de la capital del estado. La infancia y adolescencia expuestas a estos entornos enfrentan riesgos de exclusión y de reclutamiento simbólico por una cultura de la violencia que se infiltra en su lenguaje, relaciones y referentes. Urge reconstruir la presencia del Estado y las redes sociales para garantizar que la juventud de Quintana Roo no crezca entre amenazas disfrazadas de bromas.

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