► Antonino Almazán Arteaga, operador de la mafia agraria en Quintana Roo, y el exdiputado Jorge Kahwagi, tendrán que presentarse a juicio ante el Tribunal Unitario Agrario acusados del despojo de un lote del ejido José María Pino Suárez

Redacción/CAMBIO 22

TULUM, 10 de enero.- Antonino Almazán Arteaga, alias La Muñeca, exdelegado del Registro Agrario Nacional (RAN), y el exdiputado federal Jorge Kahwagi fueron citados a comparecer ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Chetumal, por juicio al que los tiene emplazado un ciudadano, como parte de los conflictos por invasiones y despojos en Punta Piedra, zona de playas aledaña al ejido José María Pino Suárez, en el municipio de Tulum.

El citatorio fue publicados por el Tribunal Unitario Agrario en el Periódico Oficial de Quintana Roo, el martes 9 de enero.

Antonino Almazán Arteaga fue emplazado junto con Jorge Kahwagi Macari, exdiputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por el Partido Nuevo Alianza (Panal), así como junto a Miguel Aburto López, para la audiencia de instrucción programada para el 22 de febrero.
El juicio fue presentado por Víctor Manuel Chávez de la Torre, quien los acusa del despojo de una superficie de más de 5 hectáreas, en el kilómetro 8.5 del camino costero Tulum-Boca Paila, del lado oeste, lote 1780 de la manzana del núcleo agrario de José María Pino Suárez, en el municipio de Tulum.

El ciudadano, que es adulto mayor, fue desalojado con una golpiza de ese predio en octubre de 2020 por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por Óscar Montes de Oca Rosales, bajo el gobierno estatal de Carlos Joaquín González, para entregarlo al socio de Almazán y Kahwagi, Miguel Aburto López.

Chávez de la Torre dijo entonces que el predio lo había ocupado por 35 años, pero hacía 21 que lo había comprado a Salvador Guerrero Martínez, ejidatario de Pino Suárez, y 10 años después adaptó en el predio un estacionamiento público.

De este predio también había sido amenazado de desalojo por el exboxeador ocasional y exdiputado federal Jorge Kahwagi, por lo que también está emplazado en el juicio.

Por lo pronto, el conflicto sigue, y por ese motivo fue emplazado uno de los principales representantes de la mafia agraria, Antonino Almazán Arteaga, quien durante la primera década del presente siglo, junto con el desaparecido Alfonso El Mosco Pereira, operó los trámites para que el millonario Roberto Hernández Ramírez, expresidente de Banamex, se quedara con más de la mitad de los derechos agrarios del ejido José María Pino Suárez usando prestanombres.

Inclusive, entonces, quisieron expandir los límites del ejido hasta ocupar 400 hectáreas de las playas de Punta Piedra para despojar a sus posesionarios, pero perdieron todos los procedimientos ante el gobierno federal.

Desde entonces, las invasiones, despojos y desalojos están a la orden del día en lotes del ejido y en la aledaña costa de Punta Piedra, e inclusive, antes de este juicio, Antonino Almazán Arteaga fue emplazado en septiembre del 2022 en otro litigio, promovido por la empresa Desarrollos Coco y Mar S. A. de C. V.

Entonces, el director general de la cadena de cines Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, también fue citado a un juicio agrario por asuntos semejantes, por un juicio presentado por Promotora Arena y Sal S. A. de C. V.

Lo anterior es porque Alejandro Ramírez Magaña fue uno de los que compraron el derecho de ser integrado como ejidatario cuando Antonino Almazán Arteaga operaba la ampliación del ejido hasta las playas de Punta Piedra, para que se le asignara un predio colindante al mar.

Sin embargo, estos terrenos también tenían presuntos dueños, por el régimen de propiedad privada, y luego de muchos años de litigios, demandas, amparos, así como de desalojos, incluso con violencia, en 2021 el Tribunal Superior Agrario determinó que el ejido no llegaba hasta el mar, por lo que todas las constancias y certificados que habían expedido carecían de valor.

Esto fue confirmado entonces en una conferencia “mañanera” junto al presidente Andrés Manuel López Obrador por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Mayer Falcón, quien acusó de mala actuación de algunos funcionarios que inscribieron estas constancias.

 

 

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