Admitió la SCJN la Segunda Controversia Constitucional del Poder Judicial Quintana Roo contra la Legislatura y la Gobernadora del Estado

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 9 de junio.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó auto de admisión a la segunda demanda de controversia constitucional presentada por el Poder Judicial de Quintana Roo en contra de la XVII Legislatura del estado y la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la cual está dirigida a combatir el decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, en busca de que se le asigne un aumento de presupuesto y de que se les legalice el cobrar sueldos superiores al de la titular del Poder Ejecutivo local.

El auto de admisión de la controversia marcada con el número de expediente 161/2023 fue dictado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue designado instructor de esta demanda, y determinó que en ella quedan encausados a juicio únicamente el Poder Legislativo y la Gobernadora de Quintana Roo, dejando de lado a la Secretaría de Gobierno y al Director General del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que también habían sido demandados en la querella presentada por el magistrado Heyden Cebada Rivas.

La admisión de la controversia fue realizada el pasado 19 de mayo, y fue publicada en estrados electrónicos de la Corte el pasado 2 de junio, mismas fechas en las que el ministro instructor rechazó y publicó en estrados, respectivamente, una solicitud de suspensión de actos que el Poder Judicial del Estado promovió junto a la demanda principal, pero por separado.

Esta coincidencia de las dos resoluciones ha sido aprovechada por integrantes del oficialismo estatal, como el coordinador parlamentario de Morena, el diputado Humberto Aldana Navarro, para hacer creer que esta demanda no es otra diferente a la que se presentó contra la reforma constitucional sobre facultades para reducir presupuesto al Poder Judicial y los órganos autónomos, e inclusive se ha atrevido a decir que ya está resuelta.

Sin embargo, o el diputado está desinformado o miente descaradamente a la ciudadanía, porque lo único que se resolvió de manera concluyente, y con respuesta negativa, fue el incidente de suspensión que el Poder Judicial presentó junto con la demanda principal de la segunda controversia constitucional, mientras que en cambio ésta se encuentra en curso firme, puesto que al mismo tiempo fue admitida a estudio de fondo, como consta en los estrados electrónicos de la Corte.

Esta nueva controversia constitucional ya debe estar en proceso de notificación a la XVII Legislatura y a la titular del Poder Ejecutivo, pues inclusive se instruyó al Juzgado de Distrito de Quintana Roo que esté en turno para realizar la notificación urgente del inicio del juicio, luego de lo cual ambos poderes tendrán un plazo de 30 días hábiles para dar contestación jurídica a la misma.

Para eso, el ministro instructor requirió que la contestación se acompañe de los siguientes documentos:

-Al Poder Legislativo, las los antecedentes legislativos del decreto 38, que emite el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023; y

-Al Poder Ejecutivo, el ejemplar del Periódico Oficial del Estado que contenga la publicación de dicho decreto.

Como se informó el jueves, en esta segunda controversia constitucional los magistrados quintanarroenses demandan invalidar el techo financiero que les asignó el Congreso del Estado, de 714 millones de pesos, y que en lugar de eso se les entregue la cantidad que pidieron en el anteproyecto que ellos presentaron, por 1,070 millones de pesos; además de que se invalide la aplicación del artículo que establece que ningún funcionario puede tener una remuneración mayor que la de la gobernadora del estado, regla que ellos están violando desde el 2020, al tener sueldos de entre 213 mil y 265 mil pesos mensuales.

Se trata de una controversia constitucional totalmente diferente a la primera promovida por el Poder Judicial, porque ambas tratan de asuntos jurídicos distintos, tanto que no fueron acumuladas en una sola, sino que son atendidas por dos ministros de la SCJN por separado.

Como se recordará, la primera controversia constitucional que presentó el Poder Judicial es la marcada con el número de expediente 27/2023, fue presentada por el magistrado Heyden Cebada Rivas el 2 de febrero pasado y admitida a proceso el 18 de abril, teniendo como ministra instructora a Loretta Ortiz Ahlf.

Esta controversia fue encausada contra los artículos 67 y 109 de la Constitución del Estado, que otorgaban facultades al Legislativo y al Ejecutivo para reducir el presupuesto del Poder Judicial al momento de su aprobación y durante cualquier momento del año, respectivamente, a partir de una reforma decretada en diciembre del 2022.

La segunda demanda de controversia constitucional, que al igual que la primera era mantenida en secreto a la ciudadanía por los magistrados, fue presentada el 11 de febrero pasado y turnada el 7 de marzo a su ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con el número de expediente 161/2023; pero, como se informa en esta nota, fue hasta el 19 de mayo que se le dictó auto de admisión, al mismo tiempo que se negó al Poder Judicial la suspensión de actos que solicitó junto con la demanda.

En esta segunda controversia el Poder Judicial directamente pide que se invalide el presupuesto que le autorizó el Congreso del Estado para el 2023 y en su lugar se le asigne el que el mismo Poder Judicial pidió en el anteproyecto que presentó, además de que se anule la regla de que ningún funcionario puede ganar más que la gobernadora del estado, a fin de legalizar sus abultados sueldos.

De nueva cuenta, debe recordar el lector que apenas el pasado lunes el Congreso del Estado retrocedió en la reforma constitucional que había aprobado en diciembre, realizando una corrección a la misma, en la que los poderes Legislativo y Ejecutivo renuncian a la facultad de reducir el presupuesto del Poder Judicial; le devuelven el carácter de irreductible al presupuesto a ese mismo poder; y además le garantizan la asignación de al menos el 2 % del presupuesto total anual del estado.

Esta aprobación la realizaron los diputados de Quintana Roo con la intención de dejar sin materia la primera controversia constitucional, la que tiene número de expediente 27/2023, al reformar los artículos constitucionales que están impugnados por el Poder Judicial, pero también esperando que los magistrados mismos se desistan de la demanda ante a SCJN.

Sin embargo, esta contrarreforma constitucional no afecta a la segunda controversia constitucional, la del expediente 161/2023, porque versa sobre otra ley, que en este caso es el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, por lo que, por el momento, todo indica que ésta seguirá su curso en la SCJN y difícilmente los magistrados la van a retirar, porque en ella tienen interés personal, ya que buscan, sobre todo, la protección legal para que sus sueldos sigan siendo abultados y por encima de la remuneración de la gobernadora Mara Lezama.

franciscohcambio22@gmail.com

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