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• Productores de maíz se sienten traicionados y radicalizan sus protestas tras una mesa fallida con Segob

 

• Contratación directa por 346 millones a empresa ligada a la asesora presidencial Altagracia Gómez aviva acusaciones de conflicto de interés y captura del mercado del maíz.

 

• Productores rompen diálogo tras exigir precios de garantía y pago de adeudos; anuncian bloqueos más radicales y alertan sobre un vacío de gobernanza.

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

El campo mexicano está al borde de un estallido. Una adjudicación directa por 346 millones de pesos a Minsa Comercial S.A. de C.V., empresa de la familia de Altagracia Gómez presidenta de Grupo Minsa y asesora empresarial del gobierno de Claudia Sheinbaum, para transformar y empacar maíz de Diconsa, ha detonado la furia de los productores. Este contrato, firmado el 24 de enero de 2025 como parte del programa “Maíz para Todos”, fue justificado por la Dirección Comercial de Alimentación para el Bienestar (DICONSA) con el argumento de “urgencia” y atención a poblaciones vulnerables.

Sin licitación pública, Minsa obtuvo el servicio de maquila y empaque a un costo de $3,962.96 por unidad más $249.90 por empaque y flete, con un monto total de 346,175,400 pesos y la obligación de presentar una póliza de garantía de 10%.

El objetivo oficial era vender harina nixtamalizada por debajo del precio de mercado a 3,500 tortillerías en 13 estados predominantemente indígenas y afromexicanos.

Pero la noticia llegó en el peor momento posible, campesinos y transportistas mantenían bloqueos carreteros y paros de siembra exigiendo precios de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz y 6,000 para el sorgo, denunciaban que harineras como Minsa pagaban apenas cuatro pesos por kilo mientras la tortilla se vendía hasta en 27 pesos.

En octubre y noviembre decenas de miles de agricultores de 10 estados tomaron casetas y carreteras, reclamando que el maíz y otros granos sean excluidos del T-MEC y que se restablezcan los apoyos eliminados en la última década.

La Silla Rota documentó que la Fiscalía General de la República comenzó a citar e intimidar a campesinos por los bloqueos, lo que avivó el enojo del sector.

El descontento explotó tras la última reunión con la Secretaría de Gobernación, Heraclio Rodríguez, dirigente del Movimiento Agrícola Campesino (MAC), denunció que no hubo avances y que el gobierno los entretuvo dos horas redactando una minuta “que no dice nada”, Lo único que propuso Gobernación fue gestionar una cita con el senador Ricardo Monreal a cambio de levantar las movilizaciones.

Indignados, agricultores y transportistas anunciaron que rompían el diálogo y preparaban bloqueos más radicales, incluso en accesos a la Ciudad de México, Rodríguez señaló que ya hay alrededor de 40 puntos cerrados, incluidos puentes fronterizos, y que la participación crece cada día; alertó que el movimiento podría verse reprimido por el Ejército y denunció un “vacío de gobernanza”.

“No quedamos en nada… seguiremos viniendo aunque sean vaciladas”, remató.

#ULTIMAHORA 🚨 / Diálogo roto entre Gobierno agricultores y transportistas:

🔴Tras una reunión sin acuerdos, anuncian más bloqueos.

🔴Aseguran que solo les ofrecieron una cita con Ricardo Monreal.

📷: Rafael Ramírez / El Sol de México pic.twitter.com/04yRnmuBdc

— El Sol de México (@elsolde_mexico) November 26, 2025

Altagracia Gómez: la Empresaria en el centro del conflicto

La figura de Altagracia Gómez Sierra es clave para entender la irritación, cacida en 1991 en Guadalajara, es abogada y empresaria, presidenta del consejo de Grupo Minsa y de Almacenadora Mercader (ALMER).

En 2024 fue designada titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora del gobierno de Claudia Sheinbaum, un cargo que la posiciona como enlace con el sector privado, su familia controla un conglomerado que incluye empresas automotrices, de transporte, alimentos, desarrollo inmobiliario y almacenamiento; ella forma parte de los consejos de Nafin y Bancomext.

Una investigación señala que el mercado del maíz en México opera bajo una asimetría estructural donde un oligopolio de harineras controla los granos a través de la infraestructura de almacenamiento:

“Quien tiene la bodega, tiene el precio”.

La dualidad de Altagracia como presidenta de Minsa/ALMER y coordinadora del Consejo Asesor Empresarial plantea un conflicto de interés que amenaza la soberanía alimentaria.

El reportaje destaca que la privatización de silos tras la extinción de CONASUPO y la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo dejó al campo indefenso frente a actores privados que especulan con el precio del maíz y maximizan sus márgenes a costa de los productores.

En este contexto, la adjudicación de 346 millones a Minsa no solo aparece como una operación irregular por la falta de concurso; también evidencia la creciente captura del sector público por intereses privados.

El contrato se firmó en medio de protestas donde los agricultores denunciaban que la industria harinera absorbe los apoyos gubernamentales, cuando el gobierno propuso subsidios de 850 pesos por tonelada para elevar el precio a 7 mil pesos, las empresas bajaron su oferta a 5,200, apoderándose del subsidio y dejando a los productores con las manos vacías, según narró un líder del Frente Nacional en Sinaloa en un mensaje dirigido a sus bases.

Los riesgos de un gobierno que pacta con empresarios y niega al campo

La tormenta política y social que se avizora no es casual, el gobierno de Sheinbaum ha privilegiado alianzas empresariales y proyectos emblemáticos mientras descuida al campo.

Organizaciones campesinas advierten que la “Simulación del maíz” puede reventar si no se fijan precios de garantía adecuados y se pagan los apoyos atrasados.

Exigen una mesa de diálogo real con la presencia de la presidenta y el secretario de Agricultura para resolver adeudos en maíz, trigo y arroz, y frenar iniciativas como la nueva Ley de Aguas que pretende reemplazar concesiones con permisos anuales, de lo contrario, amenazan con tomar aduanas y fronteras para presionar a la federación, un escenario que convertiría el conflicto en un problema diplomático.

En contraste, la reacción oficial ha sido menor, la Segob afirmó que ya respondió a “dos de tres demandas” y pidió levantar los bloqueos, pero los líderes replican que no negociarán hasta ver pagados los apoyos y fijado un precio de garantía justo.

Mientras tanto, el gobierno entrega contratos millonarios a empresas de sus asesores y consiente un oligopolio harinero que manipula los mercados.

¿Cuál es el verdadero fondo del enojo en el Agro-mexicano?

No se trata solo del precio del maíz, es la sensación de abandono, de injusticia estructural y de abuso de poder, la simulación que se vive es la evidencia de que el Estado ha sustituido a las instituciones públicas por los intereses de un puñado de empresarios a fines a un partido, si el gobierno no cambia de rumbo y responde con seriedad a las demandas del campo, la rebelión de campesinos y transportistas podría convertirse en la mayor crisis social de la administración actual.

México es una potencia agrícola en términos de volumen, pero sus productores viven en condiciones de precariedad cada vez más profundas. Informes recientes muestran que en 2022 había 46.8 millones de personas en pobreza en el país y 33.1% residía en zonas rurales; estados líderes en producción agrícola como Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa presentan tasas de pobreza de 17 % a 58 %, muchas familias campesinas carecen de servicios financieros, seguros agrícolas y asistencia técnica; la falta de inversión en investigación  México invierte unos 3.2 dólares por hectárea frente a 19.9 en Estados Unidos y 47.1 en China  limita el acceso a semillas, riego y tecnología.

El panorama del campo en la Península de Yucatán es igualmente crítico, si bien la región es un bastión productivo estratégico para el sureste siendo líder nacional en miel y un pilar en la producción porcícola y ganadera bovina, sus productores operan bajo una de las estructuras de costos más altas del país, esta desventaja competitiva se debe al elevado costo de la energía eléctrica (necesaria para el bombeo de agua), a la dependencia de insumos importados, y a la logística de traslado de mercancías.

A pesar de sostener la economía estatal con su productividad, el campesinado enfrenta un escenario de abandono institucional marcado por sequías recurrentes, falta de precios de garantía, y una presión inmobiliaria y turística creciente sobre las tierras ejidales, el resultado es un sector primario que, para sobrevivir, depende más del sacrificio económico y social de las familias rurales que del respaldo sistémico que requiere para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Sequías severas, el cambio climático, la inseguridad y las extorsiones que elevan hasta 142 % el precio final de los alimentos, lo que erosiona los márgenes de pequeños productores y ganaderos y provoca el abandono del campo.

Como sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca sostienen a millones de hogares y son la base de la seguridad alimentaria, pero la mayoría de los agricultores son pequeños propietarios con escasa tierra y capital. Jornaleros migrantes en regiones como la Sierra Madre de Chiapas laboran en condiciones de pobreza o pobreza extrema, con salarios precarios, albergues insalubres, falta de contratos, acceso limitado a salud y jornadas extenuantes; además sufren exposición a agroquímicos que incrementan el riesgo de cáncer.

Se calcula que alrededor de 71 000 trabajadores agrícolas en Chiapas viven en pobreza y 27 % en pobreza extrema, estas condiciones, combinadas con la violencia del crimen organizado, han forzado a muchas familias a migrar, dejando a las comunidades rurales sin relevo generacional.

Pese a este panorama, el campo sigue siendo un pilar de la economía, en 2024 la agricultura, silvicultura y pesca aportaron aproximadamente 3.8 % al Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Banco Mundial, y otras fuentes oficiales sitúan el valor cercano al 3.3 %.

México es el séptimo productor mundial de maíz con 27.5 millones de toneladas al año, pero sus rendimientos por hectárea son de los más bajos entre los países líderes.

El campo genera divisas por exportaciones agroalimentarias y empleo directo e indirecto para más de 6 millones de personas, sin embargo la precariedad y la falta de apoyo público amenazan su futuro. Elevar la inversión, garantizar precios de garantía justos y restaurar programas de apoyo son esenciales para que el agro deje de ser un sector de sacrificio y se consolide como motor sostenible del desarrollo nacional.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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