Redacción / CAMBIO 22

JMM, 17 de septiembre. – El silencio institucional frente a un caso de acoso sexual en la secundaria Andrés Quintana Roo, de la cabecera municipal de José María Morelos, ha encendido las alarmas entre el personal docente y administrativo. El hecho ocurrió a finales de febrero y, siete meses después, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) no ha tomado medidas contundentes contra el presunto agresor, quien hasta principios de esta semana continuaba en contacto con alumnos y alumnas dentro del plantel.

La denuncia fue realizada por la maestra Érika Sabalá, secretaria general de la Delegación Sindical D-III-247, quien consideró preocupante que, pese a las pruebas y testimonios, las autoridades educativas se limiten a una nota administrativa sin garantizar la separación del trabajador señalado. “Mi temor es que este caso se repita, y más grave aún, que llegue a involucrar a estudiantes”, advirtió.

El acoso, de acuerdo con el testimonio de Sabalá, ocurrió en las oficinas de la dirección de la escuela. Una trabajadora intentaba ingresar al baño cuando fue interceptada por un compañero de la institución que, con el pantalón abierto, le pidió explícitamente que lo ayudara a abrocharse. La víctima reaccionó con miedo y de inmediato levantó un documento dirigido a la SEQ para solicitar sanciones y la separación del presunto agresor.

El caso no quedó en un simple señalamiento. Según la dirigente sindical, hubo al menos cinco testigos que respaldaron la versión de la víctima. Incluso se presentó una denuncia judicial para evitar que el asunto quedara en la impunidad. Sin embargo, las autoridades educativas han sostenido que, al tratarse de “personas adultas”, no procede la separación inmediata del trabajador, un argumento que Sabalá calificó de “inaceptable y peligroso”.

La secretaria sindical denunció además que, lejos de mostrar disposición a esclarecer los hechos, el acusado intentó desacreditar a sus compañeros con fotografías y videos, en un intento de desviar la atención y evitar responsabilidades. Mientras tanto, la comunidad escolar se mantiene en incertidumbre y con la sensación de que el caso ha sido minimizado.

Estamos hablando de un tema que no solo afecta la integridad de una compañera, sino que pone en riesgo la confianza y seguridad de toda la comunidad escolar. Si hoy no se actúa, mañana podríamos estar lamentando un caso contra una alumna o un alumno”, alertó Sabalá. Exigió a la SEQ que se aplique el protocolo establecido: separar al señalado y garantizar que ningún integrante de la escuela quede expuesto a este tipo de conductas.

La falta de respuesta institucional no solo ha generado indignación, sino que también abre un debate sobre la protección real que existe para los trabajadores de la educación y, sobre todo,

para los estudiantes. La comunidad espera un pronunciamiento firme, pues lo que hoy es un caso interno podría mañana convertirse en una tragedia mayor.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

AFC

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