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• Un informe destaca los excesos de los militares en la construcción del Tren Maya a un año de su inauguración

 

• Colectivos evalúan en un informe “la gran obra de López Obrador” para el sur del país, que cumplirá un año de operaciones el próximo 1 de diciembre

 

Redacción/CAMBIO 22

Comunidades y expertos presentaron este martes un informe en el que denuncian graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades y el irreversible daño ambiental provocado por la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán.

Desde hace casi un año, el Tren Maya opera en el sur de México. Con 1.500 kilómetros de vía rodeando la península de Yucatán, este megaproyecto ha sido protegido por el Gobierno de México y criticado por las organizaciones de la sociedad civil. Este martes, un grupo de colectivos locales, nacionales e internacionales publicaron su informe Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones en los estados de Quintana Roo y Campeche. Centrado en los tramos 5, 6 y 7, los más complejos ecológicamente y encargados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el documento detalla un total de 15 aspectos como impactos ambientales, la ocupación militar, territorial y corporativa, la inseguridad, el impacto social, la privatización del territorio…. que, argumentan, se han visto causados o acelerados por el Tren Maya.

“Hicimos un viaje de campo en abril de 2025, siempre con la idea de una iniciativa de la sociedad civil para tratar de monitorear y denunciar los avances de la situación en violación de derechos humanos y de la naturaleza vinculada al megaproyecto”, explica Giovanna Gasparello, antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y una de las autoras. El informe es un seguimiento a la investigación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, una institución ciudadana que documenta afectaciones a ecosistemas causadas por gobiernos y corporaciones.

El Tren Maya fue el megaproyecto mimado de la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Durante su construcción, además de saltarse las leyes ambientales, hubo conflictos sociales, problemas de contaminación y sobrecostes. Con un presupuesto programado de 150.000 millones de pesos, finalmente superó los 500.000 millones de pesos. Mientras los primeros tramos fueron construidos por empresas civiles, al ver que estas no iban a poder acabar en los plazos políticos, López Obrador encargó a los militares los tramos 5, 6 y 7.

Consecuencia de esta decisión es una de las dimensiones que destaca en el informe: “Ocupación Militar”. “La Misión escuchó testimonios de vejaciones, abuso de poder y extralimitación de funciones de elementos castrenses sobre las personas, terrenos, instituciones comunitarias y espacios públicos de las comunidades”, se lee en el documento, que señala que esto se combina con un despliegue significativo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Sedena, que ha convertido “la intervención militar en el mecanismo de disciplinamiento principal para el desarrollo de la obra”.

“Este agente armado está monopolizando el sector de la obra pública, el control de la economía del turismo y de las Áreas Naturales Protegidas, la infraestructura como puertos y aeropuertos, ocupan de manera arbitraria espacios públicos, como playas, como plazas, o incluso escuelas y centros culturales”, acusa Gasparello, que señala a la propia idiosincrasia militar como la culpable de que no haya con quien presentar quejar por los malos tratos a la población civil.

Entre las organizaciones que han participado en este informe se incluyen, además de centros sobre derechos humanos como la Coordinación del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil o el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, asociaciones ambientalistas como Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible o Greenpeace.

En este campo, el documento apunta a que la construcción generó impactos ambientales irreversibles, que incluyen fragmentación del territorio, deforestación, construcción sobre humedales, apertura de nuevas canteras… Además, analiza el Tramo 5, la parte del proyecto va de Cancún hasta Tulum en Quintana Roo. Su trazo original, paralelo a la carretera que une estas poblaciones, fue desplazado varios kilómetros al interior de la selva por las presiones de empresarios que no querían que las obras entorpecieran la entrada a sus hoteles. Esto llevó a “se implantaran más de 15.000 pilares de metal y concreto en el sistema de cuevas, desoyendo a los especialistas, espeleólogos y buzos que las exploran y las conocen, provocó daños en 125 cenotes”.

Un tercer aspecto que destaca es el eje de especulación inmobiliaria, privatización y despojo. “A raíz de la construcción de la vía férrea, los terrenos colindantes y aquellos ubicados en las periferias de las ciudades que el tren atraviesa han incrementado de hasta un 400% su precio”, se lee en el documento.

Este también apunta a que, durante el desarrollo del megaproyecto, han surgido nuevos asentamientos irregulares y se están construyendo “desarrollos habitacionales de lujo que no cuentan con autorizaciones de cambio de usos de suelo, de construcción o incluso de propiedad legal sobre la tierra”. Esto fue reconocido por las autoridades de Quintana Roo, que hace un año explicaron a Reportur, portal especializado en turismo, que la llegada del Tren Maya aumentó la venta irregular de predios de gran dimensión a lo largo de la ruta.

La Misión de Observación, integrada por organizaciones de base, académicos y representantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), documentó “profundas transformaciones territoriales y una sistemática violación de los derechos humanos en la región“.

En la conferencia en el centro de Derechos Humanos Agustín Pro, en Ciudad de México, María Hernández, del Colectivo Vida, denunció “estrategias de división desde el Estado para dividir las comunidades y romper el tejido comunitario”.

Esto ocurre, sostuvo, a través de diferentes actores, incluidos líderes religiosos y figuras públicas como el actual presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, descrito como afín al gobierno y antiguo abogado de las comunidades de la región.

A esta situación, dijo, se suma un aumento de la violencia desde 2020, que incluye ejecuciones, asesinatos y desapariciones de jóvenes, niños, hombres y trabajadores del tren.

Los observadores enfatizaron que la vida en las comunidades se ha visto “radicalmente alterada por la presencia militar” que custodia la zona, lo que ha coincidido con un incremento en el tráfico de drogas y la trata de personas.

Según reportan, en la construcción de esta vía en los tramos 5, 6 y 7 se contabiliza “la pérdida de al menos 20 millones de árboles” provocando la destrucción de ecosistemas, nidos de aves y el hábitat del jaguar y de fauna protegida.

El informe confirmó la afectación de cerca de 130 cenotes y cavernas, que han sido perforadas, rellenadas o destruidas para la obra.
Además, se constató “la instalación de aproximadamente 15.000 cimientos de acero y concreto directamente en el acuífero“, lo que está causando la contaminación del segundo sistema más importante de México y un “daño inconmensurable“, tal como afirmó el investigador Guillermo D’Chisty.

La investigadora antropológica Giovana Gasparelo afirmó que “el proyecto del Tren Maya jamás fue un proyecto ferroviario, en realidad es un proyecto de reordenamiento territorial“.

Explicó que el verdadero objetivo no es el transporte, lo cual se refleja en la existencia de estaciones vacías debido a la gran distancia entre los núcleos poblacionales y las paradas del tren.

“El Tren Maya es un capricho político. Nunca se diseñó como una opción de comunicación o de desarrollo, como nos lo quisieron vender“, exclamó D’Chisty.

En materia jurídica, se señaló que el proceso de consulta realizado a finales de 2019 violó los estándares internacionales, pues no fue un proceso previo ni libre.

Además, se denunció que el proyecto avanzó sin contar con los permisos ambientales necesarios, segmentando los estudios para ocultar los verdaderos impactos de esta deficitaria obra.

Francesco Martone, en juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, recordó que el tribunal dictaminó en 2023 que el Tren Maya era un proyecto “etnocida y ecocida“, exigiendo al Estado mexicano la suspensión inmediata de la obra.

El Tren Maya fue un proyecto prioritario del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con una construcción de mil 554 kilómetros en los cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

 

 

Fuente El País/EFE/Sistema de Notícias CAMBIO 22

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