Acusan al Hijo de Víctor Cervera de Ordenar el Desalojo de Familias en Caucel

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Habitantes señalan a Francisco Cervera, director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, por presunto abuso de autoridad al ordenar operativos para retirar a familias que aseguran ser dueñas legítimas de los terrenos que durante años han habitado.

Redacción/CAMBIO 22

Mérida, Yuc. 30 de enero.– Un operativo de desalojo en Ciudad Caucel ha generado controversia entre las familias desalojadas y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). Más de 100 familias fueron desalojadas a la fuerza de los predios que habitaban.

El desalojo fue llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en conjunto con personal del IVEY, quienes argumentaron que los terrenos son propiedad del instituto y que serían destinados a proyectos de desarrollo urbano.

Sin embargo, los afectados sostienen que han ocupado estos predios durante más de 25 años y que forman parte del ejido de Caucel.

“Estos terrenos han sido de nuestras familias desde hace décadas. Contamos con documentos que respaldan nuestra posesión, pero a pesar de ello nos han desalojado sin previo aviso”, declaró Julio César Horta Canul, uno de los afectados.

Antecedentes Legales y Disputa Territorial

De acuerdo con documentos consultados, la expropiación de los terrenos se realizó en 2009 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Este estipulaba un plazo de cinco años para la utilización de los predios con fines de vivienda y desarrollo social. Los pobladores argumentan que, al no haberse cumplido este objetivo en el tiempo establecido, las tierras deberían haber regresado al ejido en 2014.

Por su parte, el IVEY ha defendido el desalojo, asegurando que los terrenos forman parte de su patrimonio y que cualquier ocupación sin título de propiedad reconocido por la autoridad es considerada irregular.

Los habitantes desalojados afirman que la medida fue implementada sin notificación previa y con el uso de la fuerza pública. “La policía llegó sin mostrarnos documentos, solo nos pidieron que saliéramos y derribaron nuestras viviendas improvisadas”, comentó Daniel Alejandro Ek May.

En el lugar también se encontraba Lucía Torres, quien mencionó que varias familias han invertido en la mejora de los terrenos con la esperanza de una regularización. “Nos pidieron demostrar que era nuestro, entregamos papeles, pero no fueron tomados en cuenta”, agregó.

Los afectados han solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, pidiendo una revisión del caso y la posibilidad de regularizar su situación.