Acusan a Fiscalía de Trata en Cancún de Encabezar Red de Extorsión a Empresarios del Sector Nocturno

Redacción / CAMBIO 22

Cancún,13 de junio.-Empresarios del sector nocturno en Cancún y Chetumal, denunciaron una presunta red de extorsión operada desde el interior de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, de la Fiscalía General del Estado, la cual es dirigida por Nancy Benítez Rebollo.

Las acusaciones apuntan a una operación sistemática de cobros ilegales disfrazados de inspecciones y operativos “de rutina”, mediante los cuales se amenaza con clausuras, aseguramientos y hasta procesos por delitos federales si no se realizan pagos de entre 350 mil y 500 mil pesos.

Varios testimonios coinciden en que quienes se niegan a “cooperar” son objeto de redadas e incluso sufren el cierre de sus establecimientos, sin importar que cuenten con sus documentos en regla.

Además de Benítez Rebollo, las denuncias también involucran a su círculo cercano, conformado por la licenciada Ana Yesenia Gómez Martínez y el agente del Ministerio Público Ulises Fernando Euan Loeza.

Todos, según señalan los afectados, estarían detrás de la exigencia de pagos para evitar acciones legales, asegurar la reapertura de locales clausurados o, directamente, desaparecer de la lista de inspecciones.

“Todo se reduce a dinero. Puedes tener tus permisos, tu giro legal, personal acreditado… pero si no pagas, te inventan algo y te tumban”, declaró uno de los empresarios afectados bajo anonimato por temor a represalias.

Las denuncias también alcanzan al director de la Policía Ministerial, Pedro León Toro Peña, a quien se le acusa de operar su propia red de cobros ilícitos con base en cateos ejecutados por elementos de la Policía de Investigación.

Bares y prostíbulos han sido advertidos de que deben “alinearse” con pagos previos si no quieren ser intervenidos por supuestas faltas administrativas o vínculos con delitos como el narcomenudeo.

Uno de los métodos señalados es el uso de los estacionamientos de negocios asegurados como puntos de negociación, donde los propietarios pagan directamente para que sus inmuebles sean liberados.

Incluso hay versiones que vinculan estos ingresos ilegales con la lujosa fiesta de XV años de la hija de León Toro, en la que se presentó el grupo Los Tucanes de Tijuana.

El evento, valuado en más de 3.5 millones de pesos, levantó sospechas sobre el origen de los recursos.

Aunque la Fiscalía justificó el gasto como un apoyo familiar, la falta de una investigación transparente y la permanencia de León Toro en su cargo, refuerzan la percepción de impunidad.

Las acusaciones también alcanzan al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, quien ha sido señalado de proteger a sus allegados e ignorar los señalamientos en su contra.

Fuentes internas aseguran que se han presentado reportes formales, sin que se haya abierto una sola carpeta de investigación o sanción administrativa.

“La Fiscalía ya no es una institución que procura justicia. Es una maquinaria para enriquecerse, y lo peor es que todos lo saben y nadie lo frena”, denunció un exagente ministerial, también bajo anonimato.

Ante la gravedad de las acusaciones, empresarios y colectivos ciudadanos han solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y organismos de derechos humanos, para frenar lo que consideran una estructura de corrupción institucionalizada dentro del sistema de procuración de justicia estatal.

En un contexto donde la violencia, el crimen organizado y la trata de personas son problemas reales y graves, los denunciantes advierten que no se puede permitir que estas causas sean utilizadas como herramienta de presión, chantaje y lucro por quienes deberían combatirlas.

La sociedad civil exige una revisión a fondo y la sanción de los responsables, para frenar el avance de un sistema donde el poder público se convierte en instrumento de extorsión y privilegio.

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