¿Acusaciones Graves o Verdades Incomodas?

JuanJo Sanchez / CAMBIO22

Las acusaciones públicas realizadas por Gabriel Mendicuti Loria, exsecretario de Gobierno de Quintana Roo, contra el exgobernador Carlos Joaquín González son lo suficientemente graves como para exigir una respuesta institucional inmediata; sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha reaccionado. Y como ya sabes que #MiPechoNoEsBodega en estás líneas #TeLoCuento.

En una entrevista difundida el pasado 27 de julio de 2025, Mendicuti declaró que durante el sexenio de Carlos Joaquín —de 2016 a 2022— se permitió la operación del crimen organizado en el estado. Incluso afirmó que el hijo del entonces gobernador participaba en actividades de cobro de piso. Estas declaraciones no provienen de un ciudadano cualquiera, sino de un político con amplia trayectoria en la administración pública estatal. Y no pueden ser desestimadas como simples ocurrencias. Se trata de un señalamiento directo de una presunta complicidad o colusión desde el más alto nivel del gobierno estatal. La gravedad del testimonio exige, como mínimo, una investigación formal.

Carlos Joaquín González fue gobernador por la coalición PAN‑PRD. Al culminar su mandato, fue nombrado embajador de México en Canadá por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado de la República. A pesar de los múltiples señalamientos sobre el desorden financiero y administrativo que dejó su administración, ninguna autoridad ha iniciado procedimiento penal o administrativo alguno en su contra. En el Segundo Informe de Gobierno de Mara Lezama, presentado en 2024, se reconoció públicamente el quebranto financiero heredado por la administración anterior, pero no se ha informado de acciones jurídicas emprendidas para esclarecer responsabilidades.

Resulta preocupante la inacción de las instituciones: ni la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ni la Fiscalía General de la República, ni el Congreso del Estado de Quintana Roo, ni el Gobierno de Quintana Roo han emitido postura ni solicitado investigación alguna sobre estos hechos.

En cualquier democracia medianamente seria, declaraciones de este calibre pronunciadas por un exfuncionario de alto nivel bastarían para convocar comparecencias, integrar carpetas de investigación o revisar la gestión señalada. En Quintana Roo, hasta ahora, no ha sucedido nada. Y ese silencio sí es escandaloso.

El aparato político local parece cómodo con la omisión, confiado en que el paso del tiempo disuelva cualquier exigencia de clarificación. Pero los ciudadanos no olvidan y la impunidad no debería depender del partido en turno. “No somos iguales” decían.

Si hubo daño al erario, posible colusión con actividades criminales o tolerancia al margen de la ley, el Estado tiene la obligación de actuar. De lo contrario, se estará consagrando la impunidad y enviando el mensaje de que la corrupción es tolerada dentro de ciertos límites políticos.

Las declaraciones de Gabriel Mendicuti no deben quedar en el archivo del olvido. Es responsabilidad de las autoridades investigarlas con rigor. Y si Carlos Joaquín González afirma que no tiene nada que ocultar, debería estar entre los primeros en demandar que se esclarezcan los hechos.

Porque como decía mi Tía Tencha… “El que nada debe… Nada tiene” y por lo menos el flamante embajador debería estar preocupado en limpiar el poquito buen nombre que aún le queda.

Fuente: Facebok

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