• Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que grupos criminales de Guatemala buscan desacreditar la estrategia de seguridad implementada en Chiapas desde diciembre y negó que existan desplazamientos forzados como consecuencia de la violencia en la entidad

 

Redacción / CAMBIO 22

Luego de que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) diera a conocer que desde hace unos días recibió a un centenar de desplazados del ejido Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa, producto de la violencia que se sufre en esa entidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar aseveró que varios familiares de ellos enfrentan un proceso penal.

En un texto que se publicó en su cuenta oficial de Facebook, el mandatario aseveró que incluso una persona conocida como “El Colocho”, está refugiada en Guatemala y se trata del líder de la organización “El Maíz”, un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Me duele reconocer que, aunque no fue en mi tiempo, el tejido social se coludió con el crimen organizado”, redactó el mandatario, quien aclaró que, mientras “El Colocho” estuvo en Frontera Comalapa, se cometieron cobros de piso, extorsiones y desapariciones de personas como parte del resultado de una ausencia del Estado de Derecho.

Culpó a la delincuencia organizada guatemalteca de intentar desacreditar la estrategia de seguridad que su gobierno ha implementado desde el pasado 8 de diciembre, cuando asumió la gubernatura de la entidad chiapaneca e incluso presentó a su Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un grupo élite de seguridad para el combate al crimen organizado.

Tras recordar que ha efectuado mesas de seguridad en varias regiones importantes e incluso “golpeadas” por la violencia como Comalapa, aseguró que el CO guatemalteco intenta menoscabar sus acciones y quiere infundir que en Chiapas hay desplazamientos forzados por la delincuencia.

“Niego categóricamente ese hecho, pues hemos visitado y llevado a cabo nuestras mesas de paz en la región. Estoy consciente de que quieren actuar confundiendo a la opinión pública diciendo que en Chiapas no se actúa con imparcialidad”. El gobernador retó a que si alguien tiene una prueba en contra de su administración, presente las investigaciones judiciales correspondientes.

“Se encienden” las redes 

Aunque el texto del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, recibió elogios de cientos de seguidores de la red social e incluso de funcionarios de su gabinete, hubo quienes externaron su molestia y advirtieron que la realidad, regiones como Frontera Comalapa, aún son complicadas.

“Es inaceptable e increíble que, de la noche a la mañana, se hayan terminado los enfrentamientos y las matanzas en Chiapas; no sin antes haber negociado con los cárteles; no hay pruebas, y si las hubiera, pasaría lo mismo que con el expakal –en referencia a un exintegrante de la FRIP que denunció de forma pública supuestas irregularidades de altos mandos-”, comentó el usuario Carlos Enrique.

Otro, identificado como Gálvez, puntualizó: “Siempre lo niegas, son familias que se desplazaron, personas de la tercera edad y niños; todos esos rumbos están infestados de la maña, en cualquier pueblito están bajo amenaza, y aunque pongan denuncias anónimas, nunca hacen nada, nunca llegan y después vienen las represalias”.

Autoridades de Guatemala acogen a afectados por crimen organizado 

Hace apenas unos días, Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración, informó a través de un video que ante la violencia que afecta algunas regiones de Chiapas, al menos 100 pobladores de esa entidad mexicana son atendidos en la aldea Guailá, municipio de La Democracia, en Huehuetenango.

Basado en reportes del Ministerio de la Defensa Nacional, la Gobernación Departamental, la Policía Nacional Civil y la Municipalidad local, explicó que esas familias fueron albergadas en la escuela de ese sitio, así como en hogares de familias de la región; “en ese marco, queremos reconocer los esfuerzos que se hacen por parte de distintas instituciones para atender a esta población”.

Por ello, afirmó que les brindarán asistencia humanitaria y desplegarán un equipo multidisciplinario para evaluar necesidades, además de que se analizará la posibilidad de otorgar el estatus de permanencia por razones humanitarias y regularizar la situación migratoria de los desplazados.

Como se ha informado, Chiapas comenzó a vivir momentos de violencia en los últimos tres años de la administración que encabezó el entonces gobernador morenista Rutilio Escandón Cadenas, actual cónsul en Miami, Florida, entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, Chiapas y Guatemala y Los Huistas.

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Violencia del crimen organizado desplaza a más de 15 mil personas en Chiapas: Frayba

De acuerdo con el reporte “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentado en marzo de este año, para finales de 2023 fueron registrados más de 40 hechos de desplazamientos por violencia en al menos 11 estados, entre estos Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán.

Basado en el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas de derechos humanos, para el año 2022, existían en México más de 386 mil personas desplazadas; de esa cantidad, deja entrever, el 90 por ciento de los casos se concentraba en Chiapas, Michoacán y Zacatecas.

Sólo de enero de 2023 a junio de 2024, el “Frayba” documentó 20 eventos de desplazamiento forzado interno ocasionados por el crimen organizado, con alrededor de 15,870 afectados de municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, entre otros. Qué título le darías a esta noticia?

Contexto: La nota revela la complejidad de la violencia en la frontera entre Chiapas y Guatemala, donde el crimen organizado ha provocado desplazamientos forzados, tensiones diplomáticas y un pulso narrativo entre gobiernos que buscan controlar la percepción pública. La postura del gobernador contrasta con la asistencia humanitaria que Guatemala ya otorga, evidenciando cómo la violencia trasciende fronteras y afecta tanto la seguridad como los derechos humanos de las comunidades desplazadas.

 

 

 

Fuente : La Silla Rota

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