► En entrevista radiofónica, el director general de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V, Paul Andrew Rangel Merkley, expone los alegatos contra el decreto de la XVII Legislatura del estado que abroga la prórroga de su concesión

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 4 de enero.- La empresa Aguakan acusó a la XVI Legislatura de Quintana Roo de haberle negado el derecho de audiencia y de invadir facultades de los municipios y del Gobierno del Estado, abarcando funciones que no le corresponden y saliendo de la ley,  para emitir el decreto con el que pretende abrogar la prórroga de la concesión para prestar el servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, afirmó Paul Andrew Rangel Merkley, director general de la empresa.

En entrevista radiofónica, el director general del corporativo Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., que usa la marca operativa Aguakan, afirmó que en el 2014 la empresa siguió todo el proceso, con toda la documentación, para solicitar la ampliación de la concesión por 30 años más y para abarcar el municipio de Solidaridad, incluidos los modelos financieros y pasó por la autorización por todos los municipios, hasta llegar al Congreso y nadie le requirió ninguna información extra.

Dijo lo anterior, porque el Congreso del Estado asegura que la modificación de los modelos financieros para que Aguakan pudiera operar con la adquisición de financiamiento mediante deuda y para que las controversias se diriman en paneles de expertos y mediadores internacionales en lugar de los tribunales del estado no fue autorizada por la XVI Legislatura, sino que se añadió de manera posterior al contrato, y luego de su firma ya no volvió a ratificación del Poder Legislativo.

“Yo creo que están mal informados de cómo se llevó realmente el proceso, porque está toda la documentación, los soportes y todo lo que se requiere para llegar a ello… no sólo implicó la ampliación de la concesión, sino también modificación de la contraprestación que se otorga y algunos otros temas dentro del título de concesión, el cual incorpora también todo el municipio de Solidaridad y la empresa realizó el pago a quien se tenía que haber dado”, explicó Rangel Merkley.

Acotó que lo que ocurrió después de haber pagado la contraprestación única ya no es responsabilidad de Aguakan, porque la empresa hizo el pago directamente a CAPA, que es además el regulador de la concesión y tiene todos los mecanismos para evaluar a la concesionaria.

Paul Rangel recordó que, tras la autorización de la prorroga de la concesión, el proyecto se llevó al mercado de valores, y tras haber pasado todos los filtros, generó todo un proceso de confianza, por lo que incluso hubo una inversión importante por parte de Afores, con más de 22 millones de trabajadores de todo el país.

“Invirtieron porque creían que existía un Estado de Derecho;  si no existe ese Estado de Derecho es muy difícil que la gente siga creyendo e invertir en los proyectos, porque si de la noche a la mañana te van a cambiar todo, con decretos que son ilegales, negando los derechos de audiencia, básico para los derechos de cualquier inversionistas”, acusó.

No obstante, señaló que desde la empresa existe la confianza de que se respetará el Estado de Derecho y ellos seguirán trabajando con los mil 400 colaboradores dentro de la empresa, más otras empresa con las que colaboran para brindar el servicio.

Mientras tanto, la suspensión de amparo que tramitaron se mantiene y están a la espera de los tiempos legales.

En el 2014 la empresa Aguakan, recordó, siguió todo el proceso, con toda la documentación, para solicitar la ampliación de la concesión, incluidos los modelos financieros y pasó por la autorización por todos los municipios, hasta llegar al Congreso y nadie le requirió ninguna información extra.

“Yo creo que están mal informados de cómo se llevó realmente el proceso, porque está toda la documentación, los soportes y todo lo que se requiere para llegar a ello… no sólo implicó la ampliación de la concesión, sino también modificación de la contraprestación que se otorga y algunos otros temas dentro del título de concesión, el cual incorpora también todo el municipio de Solidaridad y la empresa realizó el pago a quien se tenía que haber dado”, explicó.

Lo que ocurrió después de haber pagado, dijo, ya no es responsabilidad de Aguakan, porque la empresa hizo el pago directamente a CAPA, que es el regulador de la concesión y tiene todos los mecanismos para evaluar a la concesionaria.

 

 

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