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• “El contrabando masivo de combustible a través de buques tanque ha provocado un desfalco histórico que, sólo en el último sexenio, supera los 500 mil millones de pesos, con un quebranto anual estimado en 177 mil millones, alimentando las arcas del CJNG y el Cártel del Golfo.”

 

• Altos oficiales de la Marina incluidos familiares del exsecretario Rafael Ojeda orquestaron la importación ilícita de diésel con apoyo de aduanas corruptas, Un capitán apodado “Sol” reclutó cómplices y repartió sobornos, mientras hacía fortuna también traficando fentanilo. Varios implicados han muerto en circunstancias sospechosas, revelando la peligrosa colusión entre crimen organizado y autoridades en el lucrativo huachicol fiscal.

 

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

Roberto Blanco Cantú, mejor conocido como “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown” encarna el nuevo perfil del huachicolero fiscal, joven empresario binacional, con oficinas en rascacielos y vida de lujo costeada por el contrabando de hidrocarburos, desde el piso 50 de la torre Metropolitan Center en San Pedro Garza García (Nuevo León), Blanco dirigía Mefra Fletes, la compañía nodal de una red que simulaba importar legalmente combustible desde Texas.

En realidad, ingresaba diésel a México evadiendo impuestos mediante documentación alterada y empresas fachada, a diferencia de los huachicoleros tradicionales que perforaban ductos, este esquema operaba dentro de la estructura formal del comercio exterior, declarando mercancías distintas a hidrocarburos o usando prestanombres para eludir aranceles.

Los montos del fraude son colosales, en marzo de 2025, la ofensiva federal contra esta red arrancó con el decomiso de 18 millones de litros de diésel en operativos simultáneos: 10 millones en el puerto de Altamira, Tamaulipas donde fue asegurado el buque tanque Challenge Procyon y otros cargamentos en Ensenada y Manzanillo.

En Altamira, el Challenge Procyon había declarado traer “aditivos” pero ocultaba diésel; también se confiscaron 192 contenedores, 29 tractocamiones y hasta armamento, en Manzanillo, el buque Torm Agnes llegó con supuestos aceites vegetales, pero descargó más de 2 millones de litros de diésel sin revisión física, gracias a un permiso irregular firmado por un alto funcionario portuario. Ese funcionario resultó ser un vicealmirante retirado de la Marina, Ernesto Gastélum, entonces director de la Asipona (Administración Portuaria) de Guaymas, quien fue cesado tras revelarse que habilitó un muelle no autorizado para hidrocarburos.

Operativo de la Secretaría de Marina en Altamira, Tamaulipas, un buque tanque (Challenge Procyon) y millones de litros de diésel ilegal fueron asegurados en marzo de 2025. Este decomiso detonó la investigación federal sobre la red de “El Señor de los Buques”.

Los lujos de Roberto “Brown” reflejaban las ganancias astronómicas del esquema: a sus 30 años, sin reportar ingresos al fisco en al menos cinco años, controlaba una flotilla de más de 300 tractocamiones y 600 pipas operando en 15 estados, sus empresas de logística servían para distribuir el combustible internamente una vez desembarcado.

Reportes señalan que la red de Blanco triangulaba la importación ilícita usando múltiples compañías Mefra Fletes junto con Autolíneas Roca, Autotransportes Montimex y otras para introducir diésel sin pagar impuestos, incluso el Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó a Mefra Fletes como parte de un conglomerado empresarial vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Documentos obtenidos por la FGR muestran que Blanco y su socio José René Tijerina Mendoza compraron Mefra Fletes en 2019, cuando la firma original de Guadalajara pasó a sus manos, y poco después comenzaron las importaciones sospechosas, otro socio cercano a Blanco, José de Jesús “Chucho” Tapia, había inyectado capital en 2018 a Regio Transportación empresa ligada al Cártel del Golfo– delineando un posible esquema de lavado previo a las operaciones de huachicol fiscal.

La complicidad oficial fue clave para que esta red prosperara. Según las autoridades, el huachicol fiscal requería contactos dentro de aduanas, autoridades portuarias y fuerzas de seguridad para fluir. Los buques tanque atracaban en muelles autorizados para otras mercancías, su carga se declaraba como químicos o aceites, y funcionarios corruptos permitían la salida del combustible sin registros adecuados. Así se evadían impuestos y cupos, generando un mercado negro de gasolina y diésel que competía deslealmente con Pemex.

“En México, el contrabando de combustible ya no se esconde en brechas ni tomas clandestinas. Hoy llega en buques tanque, opera desde oficinas de lujo y se gestiona mediante flotillas empresariales con apariencia legal”, resume un reportaje de investigación. Esta sofisticada operación habría provocado un quebranto calculado en medio billón de pesos durante el sexenio pasado, consolidando finanzas paralelas para grupos criminales.

“Los Primos”: infiltración en la Marina y aduanas

La magnitud del fraude no habría sido posible sin colusión dentro de la Secretaría de Marina (Semar), institución encargada en años recientes de la seguridad portuaria y aduanera, las pesquisas de la Fiscalía revelaron que la red criminal contaba con protección interna encabezada por dos altos mandos navales, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna.

Ambos son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán quien fue Secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador–, lo que les facilitó ocupar puestos estratégicos en la estructura naval y portuaria.

Según reportes oficiales y periodísticos, los Farías Laguna fungieron como operadores centrales de la red de huachicol fiscal, coordinando la entrada ilegal de combustibles en puertos del Pacífico y Golfo de México. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, al menos 31 buques cargados de combustible atracaron con documentación fraudulenta en puertos como Tampico, Altamira y Ensenada, con la anuencia de funcionarios aduanales coludidos, exdirectores de aduana de Tampico y Altamira figuran entre los implicados que facilitaban la importación bajo fracciones arancelarias distintas para camuflar el hidrocarburo.

La red montada por los Farías apodada “Los Primos” por su vínculo familiar con la cúpula naval contaba además con empresarios y agentes civiles, en total, a inicios de septiembre de 2025, 14 personas fueron detenidas en un operativo conjunto de la Semar, la FGR y la Secretaría de Seguridad federal (SSPC) tras meses de investigaciones sigilosas, entre los capturados había tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduanas.

#AsíLasCosasPM

Omar García Harfuch confirmó 14 detenidos tras operativos en #NuevoLeón, #Tamaulipas, #Veracruz y #CDMX por huachicol.

“Son 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 ex funcionarios de aduanas”: @OHarfuch #EnVivo @chiojardinezh con @EnriqueEnVivo pic.twitter.com/sNkoSbXOsP

— Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) September 9, 2025

El vicealmirante Manuel Farías fue asegurado y trasladado al penal federal del Altiplano, mientras que su hermano Fernando escapó y permanece prófugo, también cayó el representante legal de Mefra Fletes, Anuar González Hemadi, un exjuez federal (destituido anteriormente por corrupción) que fungía como enlace jurídico de la empresa de Roberto Brown.

Las autoridades describen una logística bien aceitada de corrupción, los Farías habrían manipulado la asignación de personal naval a las aduanas marítimas, colocando a elementos de confianza que garantizaban el paso libre del huachicol. De hecho, dos años antes de las detenciones, fue la propia Marina la que levantó la voz internamente. El fiscal general Alejandro Gertz reveló que en 2023 se recibieron denuncias dentro de Semar sobre irregularidades en áreas portuarias, lo que detonó la investigación conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras agencias, tras rastrear flujos financieros, se congelaron cuentas por cientos de millones de pesos, se incautaron propiedades y vehículos de los implicados y se obtuvieron órdenes de captura en varios estados.

“Se actuó bajo la instrucción presidencial de combatir la corrupción sin excepciones”, subrayó el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, la propia Marina, ahora encabezada por el almirante Raúl Raymundo Morales Ángeles, ha buscado mostrarse implacable:

“No toleraremos corrupción ni protegeremos a quienes traicionen los valores navales… en la Marina la ley es para todos”, declaró tras el escándalo.

El desmantelamiento de esta mafia político-militar ha sacudido la institución castrense, no solo por la detención del vicealmirante Farías el oficial de más alto rango arrestado en la historia reciente por delitos de contrabando, sino por las revelaciones de nepotismo y encubrimiento al más alto nivel, trascendió que “Los Primos” cobraban millonarios sobornos semanales para permitir las operaciones, por ejemplo, un capitán de navío, Abraham Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, recibía hasta 100 mil pesos por buque ilegal ingresado.

Este capitán fue señalado por un testigo protegido (un exdirector de Aduanas de Tampico) como parte de la cadena de sobornos portuarios. Al destaparse el caso, Pérez Ramírez apareció muerto en la base naval de Altamira el 8 de septiembre de 2025, en lo que oficialmente se reportó como un suicidio por disparo, la Marina lamentó su deceso y prometió investigar, pero su muerte ocurrida apenas un día después de las detenciones de la red abonó las sospechas de que alguien “lo silenció” para que no hablara, este capitán fallecido era considerado parte del clan Farías dentro de la operación.

“Capitán Sol”: un exmarino entre el huachicol y el narcotráfico

Otro personaje clave en esta trama es el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”.

Investigaciones de la FGR dadas a conocer por el diario Reforma lo identifican como enlace operativo entre los hermanos Farías y los funcionarios corrompidos en aduanas. Solano, de 49 años, habría coordinado los pagos a marinos y agentes para permitir la entrada de los buques con combustible ilegal, registrado falsamente como “aceites” en Tampico y Altamira, pero su rol delictivo iba más allá: un testigo lo señaló como “el rey del fentanilo” en México, implicado en el trasiego internacional de drogas sintéticas.

“Sé que el ‘Capitán Sol’ es el rey del fentanilo, junto con su socio Iván Merino y una mujer apodada ‘La China’, facilitan el tráfico de otras sustancias, es pieza indispensable de la red”, declaró este informante bajo resguardo. Dicho testimonio formaría parte de una investigación más amplia que conecta las rutas del huachicol fiscal con las del narcotráfico.

El enriquecimiento de Solano resulta difícil de ocultar, a pesar de que su único ingreso legal comprobable es una pensión de apenas $18 mil pesos mensuales como marino retirado, sus finanzas muestran un crecimiento exponencial sospechoso. Entre 2015 y 2023, bancos y casinos emitieron 400 alertas por movimientos irregulares ligados a él, registrando depósitos en efectivo por 52.1 millones de pesos. Asimismo, de 2018 a 2025 gastó más de 6 millones de pesos con tarjetas de crédito y adquirió inmuebles valuados en otros 9 millones, sin explicación acorde a sus percepciones lícitas.

La FGR ya giró una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, hasta la fecha “Capitán Sol” permanece prófugo.

Miguel Ángel Solano no era un extraño para algunos de sus actuales perseguidores, había servido en la Marina y colaborado en áreas sensibles, de hecho, el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar quien antes de ser asesinado denunció la red de huachicol menciona en una carta póstuma que conocía a Solano “desde 1994, en la Heroica Escuela Naval”, y que trabajaron juntos incluso en la SEIDO (unidad antisecuestros de la entonces PGR).

Esa relación cercana pudo haber facilitado sus actividades ilícitas, pero también sembró resentimientos, cuando Guerrero decidió exponer las irregularidades en puertos, aparentemente rompió con Solano y los Farías, y pagó con su vida, fue acribillado en Manzanillo, Colima, el 8 de noviembre de 2024.

Un informe de inteligencia liga directamente a “Capitán Sol” con el asesinato del contralmirante, sugiriendo que él habría estado detrás del complot para silenciarlo. Las autoridades sospechan que, dada la información privilegiada que Guerrero compartió solo con mandos de Semar (como su ubicación y movimientos), los autores materiales de su homicidio podrían ser elementos navales o asociados a ellos.

La caída de Guerrero Alcántar no fue la única vinculada a Solano, documentos citados por Reforma indican que el Capitán Sol también movía fuertes sumas de dinero en los años previos se registran transferencias de hasta 11 millones de pesos en 2021-2022 hacia cuentas de terceros hasta que Guerrero “perdió la vida”, insinuando pagos para ejecutar el plan de silenciar al contralmirante incómodo, Solano habría operado con total impunidad durante años, pero la actual ofensiva lo puso finalmente en la mira, su doble papel como corruptor en el huachicol fiscal y capo en el narcotráfico ilustra la convergencia entre ambos negocios ilícitos.

Como señaló un analista, “el huachicol fiscal se volvió tan rentable como para que células del narco diversificaran sus operaciones hacia el combustible”, generando así figuras híbridas como la de Capitán Sol.

La ruta de sangre: silenciamiento y muertes sospechosas

El hilo conductor de esta historia de huachicol fiscal es una alarmante cadena de muertes de personas involucradas, ya sea por su participación directa o por intentar frenar el fraude. La lista de caídos es larga e incluye nombres de alto perfil, conformando una verdadera “ruta de sangre” alrededor del negocio clandestino. Entre ellos destaca Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol” en Tamaulipas, quien fue uno de los pioneros en el contrabando de combustible a gran escala y supuesto financiador de políticos locales; Carmona fue asesinado en noviembre de 2021 en un restaurante de San Pedro, NL, en circunstancias nunca esclarecidas.

Su muerte fue quizás el primer aviso de hasta dónde llegaría la violencia por este multimillonario negocio.

Le siguieron otros hechos trágicos vinculados al huachicol fiscal. En octubre de 2024, la licenciada Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar administrativa de la FGR, fue asesinada a balazos en la Ciudad de México; trascendió que colaboraba en investigaciones sensibles sobre contrabando de hidrocarburos, al mes siguiente, ocurrió el ya mencionado atentado contra el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en Manzanillo dos sicarios en motocicleta lo emboscaron cuando salía de su domicilio, en un modus operandi de sicarios motorizados que se repetiría en otros casos.

Guerrero, exdirector de la Aduana Marítima de Veracruz, había escrito una carta al entonces secretario Ojeda denunciando la red corrupta que dirigían los Farías en puertos, lo que lo convirtió en blanco. La FGR considera que tanto su asesinato como el de Nava Ramos estuvieron directamente relacionados con la red ahora desmantelada.

Ya en 2025, la ofensiva oficial vino acompañada de nuevos decesos controversiales, el 8 de septiembre, como se relató, el capitán Abraham Pérez Ramírez apareció muerto de un tiro en Tamaulipas la Marina lo calificó de suicidio, aunque bajo sospechas. Unos días después, el 10 de septiembre, otro oficial naval, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, perdió la vida durante un supuesto ejercicio de tiro en una base de Guaymas, Sonora.

La coincidencia temporal de esta muerte con el escándalo de huachicol fiscal desató especulaciones sobre si realmente fue un accidente, sin embargo, las autoridades se apresuraron a desligarla, el fiscal Gertz Manero aclaró públicamente que se trató de “una situación personal, ajena a la trama de huachicol” posiblemente insinuando un incidente de índole privada, y la propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió no vincular el fallecimiento del capitán Del Ángel ni el suicidio de Pérez con el caso. Aún así, dentro de la Marina y la comunidad de inteligencia persiste la duda.

El fiscal Gertz Manero asegura que el suicidio de una capitán de la Marina fue un asunto personal, sin relación con las investigaciones por huachicol fiscal. pic.twitter.com/bvwAqRFCEV

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 9, 2025

“Dos oficiales con funciones en ámbitos portuarios mueren de forma repentina en medio de la mayor investigación de huachicol… es inevitable sospechar”, confió off the record un analista naval.

Para la Fiscalía, el patrón es claro, varios operadores o denunciantes del huachicol fiscal han terminado muertos y generalmente mediante violencia. Los homicidios de Guerrero y Nava presentaron el mismo sello sicarios en moto usando pistolas 9 mm y sus víctimas compartían el hecho de haber investigado o delatado la red, la aparente “limpieza” alcanza incluso a contrabandistas prominentes, además de Carmona, en julio de 2025 falleció en un accidente aéreo el empresario Daniel Flores Nava, señalado como operador financiero de la precampaña presidencial de Adán Augusto López.

Flores quien viajaba solo en una avioneta privada que se desplomó tras dejar al político en un evento fue luego mencionado en investigaciones por su posible rol en esquemas de huachicol o desvío de recursos de campaña. Asimismo, en agosto de 2023 había sido asesinado Carlos Andrés Narváez, sobrino del director de Pemex Octavio Romero, tras revelarse presuntos manejos ilícitos; medios locales ligaron su muerte a pugnas por contratos de combustible.

Cada una de estas muertes eliminó testigos clave o envió un mensaje intimidatorio, “El suicidio del Capitán (Pérez) encaja en una secuencia donde los operadores del negocio terminan desechables”, apunta un reportaje, subrayando cómo los cabecillas protegen su impunidad eliminando piezas comprometedoras.

Incluso se ha hablado de una “lista negra” del huachicol con más nombres en peligro, dado que la red estuvo entrelazada con intereses políticos y criminales de primer nivel.

“Las ganancias del contrabando han financiado campañas de Morena, enriquecido a una nueva élite de contratistas y abierto canales de recursos hacia células criminales”, advierte Código Magenta.

En otras palabras, este fraude fiscal jugó en las grandes ligas de la política, proveyó dinero para proyectos electorales y bolsillos de funcionarios, a la vez que prohijó alianzas con cárteles.

El caso del huachicol fiscal se ha convertido así en un asunto de seguridad nacional, desde Estados Unidos también se encendieron alarmas, el Departamento del Tesoro (FinCEN) describió recientemente el modus operandi de estas redes binacionales de contrabando de combustible que financian a organizaciones criminales designadas como terroristas y anunció sanciones contra operadores clave. Uno de ellos es César Morfín Morfín “El Primito”, identificado como cabecilla de una facción del Cártel del Golfo que, según inteligencia, forjó alianza con el CJNG para canalizar ganancias del huachicol hacia la compra de armas y la guerra territorial en México.

De hecho, informes de seguridad indican que la facción Los Metros de “El Primito” destinó recursos obtenidos del combustible ilegal para financiar la ofensiva del CJNG en Michoacán, en zonas como Aguililla, bastión de Nemesio “El Mencho” Oseguera, también en días pasados, autoridades de Utah, EE.UU., detuvieron a miembros de la familia Jensen empresarios estadounidenses acusados de lavar hasta 300 millones de dólares para cárteles mediante el comercio de hidrocarburos, evidenciando la dimensión transnacional del problema.

Por otro lado, en Baja California se investiga a políticos locales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila reveló que un exgobernador (se señala al panista Ernesto Ruffo Appel) podría figurar entre las 200 órdenes de aprehensión giradas, debido a posibles nexos de su empresa aduanera con el contrabando de combustible.

El golpe político y la respuesta del gobierno

La exposición de esta red ha tenido enormes repercusiones políticas, Claudia Sheinbaum, recién asumida como Presidenta de México, ha hecho de la lucha contra el huachicol fiscal una bandera central de su gobierno.

Para Sheinbaum, erradicar estas mafias significa no solo frenar un saqueo multimillonario al fisco, sino debilitar a facciones enemigas dentro de la 4T entre ellas operadores electorales y empresarios ligados a su excontrincante Adán Augusto López, quienes habrían financiado campañas con dinero sucio del combustible, parte de esa élite incluso ocupaba posiciones clave en la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y en Pemex.

Por ello, la mandataria ordenó sacudir ambas estructuras, se preparan cambios sísmicos en las aduanas y en el área de hidrocarburos del SAT para remover a funcionarios heredados del sexenio anterior, varios vinculados a los hijos de López Obrador.

Paralelamente, Sheinbaum delegó la operación a su hombre de confianza en seguridad, el secretario Omar García Harfuch, quien encabeza un grupo interinstitucional para desmantelar el huachicol fiscal “caiga quien caiga”, Harfuch ha colocado a colaboradores cercanos al frente de puestos clave, el exjefe policial Israel Benítez López fue nombrado titular de Pemex Logística (área crucial para controlar ductos y transporte de combustibles), y César Olivares Aparicio exfiscal antisecuestros de CDMX asumió como zar antihuachicol al frente de la nueva Fiscalía Especial de Delitos en Materia de Hidrocarburos, esta dupla lidera la cruzada contra el contrabando en puertos como Altamira, Manzanillo y Ensenada, contando con respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Marina.

▶️ Será investigado “tope hasta donde tope”: Claudia Sheinbaum asegura que no habrá impunidad ni para empresarios ni funcionarios en el caso de huachicol fiscal detectado en #Tamaulipas

📺 #LaMañaneraDelPueblo en @mileniotv pic.twitter.com/F49DaN7j9y

— Milenio (@Milenio) September 8, 2025

El mensaje oficial es que se acabó la impunidad para quienes usaron al sector energético como caja chica.

“Erradicar la corrupción en aduanas y factureras” permitirá recaudar más sin subir impuestos, ha dicho Sheinbaum. Sin embargo, los desafíos son enormes: esta red delictiva mezcló intereses de empresarios, narcotraficantes y políticos en un esquema que algunos ya denominan “el fraude del siglo”.

En palabras de un investigador, el caso de El Señor de los Buques “representa un punto de confluencia entre estructuras empresariales aparentemente legales, redes de lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado”, su impacto alcanza al sistema aduanal, al aparato fiscal, a Pemex e incluso a la relación con Estados Unidos.

La justicia mexicana ahora enfrenta la tarea de sostener el caso y llevar a juicio a los detenidos (un juez ya vinculó a proceso al vicealmirante Farías y a nueve coacusados, dictándoles prisión preventiva), quedan prófugos importantes desde el contralmirante Farías Laguna hasta el “Capitán Sol” y otros cómplices que las autoridades se han comprometido a capturar.

Conforme avanzan las indagatorias, podrían salir a la luz más nombres de peso en la política y el sector energético involucrados en esta trama.

No se descarta que figuras que gozaban de fuero o influencia enfrenten eventualmente la justicia, en la medida que se documente su participación.

En este duelo contra el huachicol fiscal, el gobierno busca también enviar una señal a Washington, desmantelar las redes que financian a cárteles con dinero del combustible es un gesto que gana confianza de las agencias norteamericanas, preocupadas por el flujo de armas y drogas asociado. Para Omar García Harfuch, lograr resultados concretos en este macro-proceso significaría no solo la satisfacción del aliado estadounidense, sino también posicionarse políticamente, se habla de que una exitosa cruzada anticorrupción podría allanar su camino como aspirante oficialista a la presidencia en 2030, los incentivos, pues, están alineados para ir a fondo.

La trama del huachicol fiscal apenas comienza a desenredarse, cada arista empresarial, naval, criminal y política muestra un nivel de penetración preocupante del crimen organizado en las estructuras del Estado, las recientes acciones han dado un golpe certero, pero también han expuesto el costo de enfrentar a intereses tan poderosos.

“El verdadero mensaje detrás de la muerte del Capitán Pérez no sería su silencio, sino la advertencia de que nadie está a salvo cuando se toca el negocio más lucrativo de la 4T”, advierte con dureza un análisis periodístico, pese a ello, la administración actual parece dispuesta a correr el riesgo.

De acuerdo con estimaciones oficiales y de expertos, el huachicol fiscal provocaba un quebranto de hasta 177 mil millones de pesos al año, lo que en seis años explica la cifra acumulada de más de “medio billón”.

El modelo operaba con una logística sofisticada, exportar petróleo crudo a Texas, regresarlo refinado como lubricantes o aceites y distribuirlo en gasolineras del país bajo apariencia legal, un esquema imposible sin la complicidad de las más altas esferas del poder.

El señalamiento de los hermanos Manuel y Fernando Farías, sobrinos del entonces secretario de Marina Rafael Ojeda, se volvió central en la investigación, no sólo estaban en posiciones estratégicas cuando se decomisaron buques con millones de litros en Altamira, sino que fueron ascendidos en plena operación, lo que alimenta la percepción de encubrimiento político.

Pese a las alertas y denuncias, los cargamentos de combustible ilegal siguieron llegando, evidenciando la contradicción entre los discursos de López Obrador y lo que realmente ocurría en los puertos y aduanas.

A esta trama se suma la cadena de muertes sospechosas que refuerza el carácter mafioso del caso, el supuesto suicidio de un capitán señalado en Tamaulipas, el extraño accidente del responsable del puerto de Manzanillo en Sonora y la ejecución del contralmirante que denunció la red en 2024.

Cada una de estas muertes apunta a una limpieza interna para silenciar voces incómodas y proteger a quienes movían millones en combustible ilegal.

El antecedente más fuerte está en 2021 con el asesinato en San Pedro, Nuevo León, de Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, señalado por financiar campañas de Morena, su caso, junto al de otros operadores financieros vinculados a precampañas presidenciales y estatales, conecta de lleno el huachicol fiscal con las finanzas políticas de alto nivel, la madeja, como señalan críticos, llega muy arriba, aunque el gobierno ha evitado confrontar a figuras cercanas al expresidente.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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