A la Sombra / Manuel Roberto Farías Laguna

A la Sombra / CAMBIO 22

Al interior de la Semar dicen que Manuel Roberto Farías Laguna, el vicealmirante detenido y hoy preso en el penal del Altiplano, era investigado desde el sexenio pasado por presuntamente estar involucrado en una red de corrupción y huachicol fiscal; esto a pesar de ser sobrino político del exsecretario de Marina de AMLO, Rafael Ojeda Durán. Además de Manuel Farías, las autoridades aprehendieron a diez personas más involucradas en la citada estructura criminal; adicionalmente, busca detener a su hermano el contraalmirante Fernando Farías Laguna y al capitán de corbeta Miguel Solano.

Autoridades están investigando a un grupo de cinco agentes del Ministerio Público en Sonora por la presunta mala integración de alrededor de 150 carpetas vinculadas a huachicol fiscal, de acuerdo con fuentes con conocimiento del caso. La FGJE Sonora y su Órgano Interno de Control no habían informado públicamente al cierre de esta edición, mientras que la FGR mantiene pesquisas nacionales separadas por contrabando de combustibles que en días recientes derivaron en 14 detenciones en varias entidades. La indagatoria en Sonora, estado que encabeza Alfonso Durazo, no estaría relacionada con esos operativos federales, nos comentan. Y que el Delegado de la FGR en Sonora,  Francisco Sergio Méndez, se encuentra concentrado en la Ciudad de México a disposición del Fiscal de coordinación territorial, Germán Castillo Banuet.

Equyton Group, S.A.P.I. de C.V. —antes Komet Capital— quedó bajo la lupa tras la intervención del 26 de junio a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa: la CNBV, con apoyo de FinCEN, habría detectado un entramado de sofomes, fintech y fondos con operaciones opacas donde Equyton y Grupo Escorfin figuran como ejes. En el centro aparecen nombres y cargos: Roberto Guzmán García (señalado por presuntos fraudes con recursos públicos), Eduardo Raúl Trejo Camacho (presidente de Equyton y cuñado de Guzmán), Jorge Alatorre Esquivel (tesorero), Erick Oropeza Roldán (secretario), Sebastián Fuentes Barrón (consejero) y Alejandro Moheno Barrera (consejero independiente).

A su alrededor, firmas como Trinitas SOFOM (Nuevo León), Alquimia Pay, Yox Holding, Alivio Capital y Peak Investment presentarían patrones comunes de captación presuntamente no autorizada, administración opaca y movimientos que podrían encajar en un supuesto “esquema Ponzi” disfrazado de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados sin registro ante la CNBV, según expedientes y reportes en revisión. El “Caso Yucatán” añade nombres y montos: durante la administración de Rolando Zapata Bello —hoy senador—, el ISSTEY (Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán) habría canalizado al menos 800 millones de pesos hacia fideicomisos de alto riesgo presuntamente controlados por Grupo Escorfin, con participación directa atribuida a Guzmán García.

En el corredor Cuautitlán–Tultitlán, la política local exhibe un rostro incómodo: César Alejandro Reyna Carrillo —con paso por la Agencia Nacional de Aduanas— estaría en el centro de una estructura que conectaría el Ayuntamiento de Cuautitlán, encabezado por su madre, Juanita Carrillo, y la red operativa que su hermano, Diego Alberto, habría tejido desde el DIF municipal tras ocupar un cargo estratégico en Tultitlán durante la administración de Elena García; la continuidad habría quedado en manos de Erick Vega Chavarría, señalado como colaborador cercano de ese grupo. Empresarios y constructoras que buscan levantar fábricas, plazas o naves industriales relatan supuestas suspensiones arbitrarias de obra hasta que, presuntamente, aceptan “aportaciones millonarias” con destino formal a “vialidades e infraestructura”; después, de confirmarse, los recursos terminarían en obras asignadas a compañías vinculadas con los mismos operadores, cerrando el círculo.

Vestidos de blanco y con el lema “Ya basta, queremos paz”, alrededor de 30 mil personas y más de 30 organizaciones marcharon este domingo de La Lomita a la Catedral de Culiacán para exigir fin a la violencia. Se sumaron la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta (“no podemos permitir que esto siga un año más; vivir seguros es un derecho”), el empresario Miguel Taniyama, el obispo Jesús José Herrera y la comunidad escolar Sócrates, cuyo director Víctor Manuel Aispuro advirtió el saldo de más de mil 600 muertos y dos mil 800 desaparecidos en un año.

Muy “Claudista” resultó ser el gobernador priísta de Durango, Esteban Villegas, que no reparó en declarar en un evento con la presidenta Claudia Sheinbaum que en esa entidad “la queremos y tiene amigos” y que a pesar de que no forman parte del mismo partido se identifica con ella. Si bien se toma como un acierto que haya buena interlocución entre la federación y los estados, dicen que al interior del Partido Revolucionario Institucional no gustó mucho la efusividad con la que el mandatario mostró su afinidad con el llamado segundo piso de la transformación.

Fuente: El Sol de México

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