mayo 23, 2024 09:39

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Renán Castro Madera, Director General

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  • Necesariamente Incómoda
  • La diputada del PT, Alicia Tapia Montejo propuso al Congreso legalizar el maltrato animal; hasta el momento, el pleno ha rechazado reformar la ley

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El poco o mucho poder que el pueblo le da a la clase política en el municipio de José María Morelos lleva a sus integrantes al absurdo, a la violación sistemática de las leyes, al uso de argumentos falaces que demuestran su ignorancia en el arte de gobernar, como sucede con el presidente municipal Erik Borges Yam, al promover, programar y permitir corridas de toros y peleas de gallos para la Feria de la Primavera Expomor 2023, a pesar de la prohibición expresa de la ley.

Al sentirse el cacique todopoderoso del municipio y contar con la bendición política de la 4T, al ser militante de MORENA, desoyó el exhorto que en tiempo y forma le hizo llegar la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, de acuerdo a lo informado por el titular del organismo, Alonso Fernández Lemmen Meyer.

El citado exhorto, con fecha 14 de marzo de 2023, invoca la Fracción XII del Artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, que a la letra dice, que están prohibidas: “Las corridas de toros, vaquillas o novillos y becerros, las peleas de gallos y el entrenamiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos”.

Mientras que en el Artículo 41 del mismo ordenamiento, no citado en el exhorto, se estipula que: “Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente Ley, tiene la obligación de informarlo a la autoridad competente”.

Como lo relató en su momento Cambio 22 el munícipe, al enterarse que la ley prohíbe este tipo de espectáculos. porque representa maltrato animal, optó por no extender institucionalmente los permisos, se desligó oficialmente de la organización de la feria, argumentando que por usos y costumbres el pueblo la realizaría, dejándole la administración en manos de los palenqueros, por lo que incurrió en omisión y por lo tanto en una presunta violación a la ley.

Pero en esta aventura, el presidente municipal de José María Morelos no está solo, sino tiene el aval y el apoyo incondicional de la diputada local Alicia Tapia Montejo, integrante del Partido del Trabajo (PT), aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Alicia Tapia Montejo, movimiento político al que pertenece Borges Yam.

Tapia Montejo, quien se supone que está preparada para legislar, se le ocurrió, como sucede en la 4T, reformar las leyes para que se vuelvan a legalizar las corridas de toros en Quintana Roo, desde luego que es evidente que ignora el significado del principio de progresividad de las leyes que se antepone al de no progresividad: cuando hay un avance en la legislación no se puede retroceder, así, en palabras llanas para su mejor y segura comprensión para esta persona que cobra como legisladora.

Se supone que fue electa representante popular para defender los intereses del pueblo y al Estado de Derecho, pero a ella lo que le interesa es el negocio familiar, porque entre sus argumentos está que quiere la reforma porque las corridas de toros y las peleas de gallos son usos y costumbres, pero también porque es hija de un torero.

Buscar que el maltrato animal, como el que se hace en las corridas de toros y en las peleas de gallos, vuelva a legalizarse en Quintana Roo, habla muy mal de personas legisladoras como Tapia Montejo y aquellos de sus colegas de la XVII Legislatura que en su momento le dieron alas para que siguiera con su iniciativa.

Destinos turísticos de talla internacional como los tiene Quintana Roo no se merecen que los visitantes los vean como pueblos de la prehistoria que se divierten con el dolor de los animales. Esta situación también nos demuestra que a la clase política de la 4T se divierte viendo la sangre de animales derramarse durante sus espectáculos.

Ana García Valencia, representante de la Asociación Animal Héroes de México, al igual que otra docena de organizaciones protectoras de los derechos de los animales, cuestionó la iniciativa de Tapia Montejo: “Ya leímos su propuesta de reforma a la Ley de Bienestar y Protección Animal y en ningún momento procura el cuidado de estos seres vivos, simplemente vuelve a marcarlos como un negocio al permitir que sean utilizados como espectáculo a costa de su sufrimiento”.

Con esta iniciativa de reforma de ley se busca legislar que “ya no será considerado maltrato animal el que sean sacrificados en cabalgatas, vaquerías y corridas”, explica la activista. Y agrega: “Justifica que esto es parte de una tradición maya, que es el baxal-toro, lo cual está completamente equivocado. Porque en el baxal nunca se daña al animal, sino que sólo se le suelta en un coliseo para que persiga a los participantes. Las corridas en cambio implican lastimar al animal, torturándolo por varias horas, hasta matarlo”.

Por otro lado la organización de protección de animales Opus Magnum de México el pasado 17 de marzo hizo del conocimiento de la Procuraduría de protección al Ambiente, solicitando que dentro de sus facultades dicha institución clausure las ilegales corridas de toros anunciadas en el Municipio de José María Morelos, exhortando a Erik Borges Yam Presidente Municipal para actuar en consecuencia con la ley de protección a los animales en el estado.

La ignorancia legal de la diputada es tal, que en sus saberes no existe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), la cual en el año 2022 declaró que es inconstitucional justificar las corridas de toros y peleas de gallos, basándose sólo en el argumento de que representan un patrimonio cultural inmaterial o que forman parte de los usos y costumbre de una región.

Durante la tercera semana del mes de marzo pasado, la XVII Legislatura de Quintana Roo se abstuvo de aprobar esta retrógrada iniciativa de la diputada Tapia, sin embargo, el interés económico y político de las personas interesadas sigue, quienes ahora buscan replantear la iniciativa para salirse con la suya.

Mientras tanto, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo inició un proceso administrativo en contra de Borges Yam, porque fue él, a pesar del exhorto y lo estipulado por la ley, quien permitió la organización de corridas de toros y peleas de gallos durante la feria de la primavera.

Sin embargo, los organizadores, integrantes Confederación de Galleros del Estado de Quintana Roo, sostienen que no se harán acreedores a ninguna sanción ya que tienen el amparo de la justicia federal.

De acuerdo a la legislación vigente en el estado, los organizadores de las corridas de toros y las peleas de gallos podrían hacerse acreedores a multas de 40 mil a 300 mil pesos, mientras que la sanción económica al presidente municipal alcanzaría los 500 mil pesos, por tratarse de un servidor público que tuvo conocimiento de que se realizarían dichas actividades de maltrato animal y omitió su responsabilidad de impedirlas.

 

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RHM

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