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• Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados presentaron una solicitud formal ante el INE para cancelar el registro de estas personas, por consideran que son de riesgo y no cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades

 

• Lo llamativo es que a la mayoría los postuló y registró el mismo Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo

 

• Juran que se enteraron de sus situaciones irregulares después de eso >Entre ellos está un candidato de Quintana Roo

 

Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo.- Los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados de México presentaron una solicitud formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para anular el registro de 26 candidaturas de la elección del Poder Judicial de la Federación.

Según comunicaron, 18 de ellas podrían incumplir con el requisito de buena reputación y 8 más con el promedio general de calificación; el requisito de buena reputación principalmente lo incumplen por vínculos con cárteles de narcotraficantes.

Lo llamativo de esto que es que a la mayoría de ellos los postuló y registró el mismo Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, mientras que menos salieron de la lista del Poder Judicial, pero hay que recordar que este poder desistió de hacer la postulación y el Senado escogió a los candidatos en su lugar, inclusive, mediante tómbola.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva en el Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, su homólogo en la Cámara de Diputados, acudieron el pasado domingo 4 de mayo ante el INE para presentar un informe con los argumentos en contra de las 26 candidaturas señaladas.

“Las 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de ‘gozar de buena reputación’, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada; y 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos“, expresaron en el comunicado.

Entre ellos está Raúl Miguel Gaspar Pech Marinez, candidato a juez de distrito en Quintana Roo, al que corresponde el Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, quien fue impugnado por no haber alcanzado el promedio mínimo de 8 en sus estudios de licenciatura, sino sólo 7.69 puntos.

Según la información publicada por la Cámara de Diputados, los perfiles señalados por no cumplir alguno de los requisitos mencionados son los siguientes:

Por no contar con buena reputación:

Fernando Escamilla Villarreal – aspirante a juez de distrito del PJF (defensor de personas imputadas de pertenecer a delincuencia organizada).

Jesús Humberto Padilla Briones – aspirante a juez de distrito del PJF (haber sido puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud).

Diana Montserrat Partida – aspirante a juez de distrito del PJF (haber concedido libertad indebida a imputados por delincuencia organizada).

Julio Veredín Sena – aspirante a juez de distrito del PJF (haber otorgado amparo indebidamente a imputados de delincuencia organizada).

Aníbal Castro Borbón – aspirante a juez de distrito del PJF (haber absuelto indebidamente a persona acusada de delincuencia organizada).

Conrado Alcalá Romo – aspirante a juez de distrito del PJF (haber otorgado indebidamente amparo a un líder de delincuencia organizada).

Enrique Hernández Miranda – aspirante a juez de distrito del PJF (haber omitido indebidamente imponer medidas cautelares a imputado de delincuencia organizada).

Francisco Herrera Franco – aspirante a juez de distrito del PJF (tener vínculos con integrantes de delincuencia organizada).

Francisco Martín Hernández Zaragoza – aspirante a magistrado del PJF (haber sido imputado por abuso sexual en agravio de diversas víctimas, sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura en 2015).

Edgar Agustín Rodríguez Beiza – aspirante a magistrado del PJF (haber sido imputado por abuso sexual en agravio de una alumna).

Andrés Montoya García – aspirante a magistrado del PJF (haber sido imputado por desaparición forzada de personas en agravio de un periodista).

Leopoldo Javier Chávez – aspirante a juez de distrito del PJF (haber sido imputado por delitos contra la salud).

Alejandro Tlacahuac Zitlalpopoca – aspirante a magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito (imputado por el delito de abuso sexual).

Ángel Antonio Villegas Cortés – aspirante a juez de distrito del PJF (imputado por el delito de amenazas y lesiones).

Noel Castro Melgar – aspirante a juez de distrito del PJF (imputado por el delito de peculado y abuso sexual).

Arturo César Morales Ramírez – aspirante a magistrado del tribunal colegiado de circuito (imputado por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud).

Jesús Karina Almada Rábago – aspirante a juez de distrito del PJF (fungió como abogado defensor de un integrante del Cártel de Sinaloa).

María de Jesús López Guzmán – aspirante a juez de distrito del PJF (fungió como abogado defensor de una persona relacionada con la delincuencia organizada).

Por no cumplir con el promedio general de calificación:

Arturo Manuel Fernández Abundis – aspirante a juez de distrito del PJF (promedio general de 7.93 en licenciatura).

Elva Regina Jiménez Castillo – aspirante a magistrada de salas regionales del TEPJF (promedio general de 7.9 en licenciatura).

Juan Hernández Rodríguez – aspirante a magistrado de circuito del PJF (promedio general de 7.84 en licenciatura.

Raúl Miguel Gaspar Pech Marinez – aspirante a juez de distrito del PJF (promedio general de 7.69 en licenciatura).

Joaquín Flores Ruiz – aspirante a juez de distrito del PJF (promedio general de 7.6 en licenciatura).

Porfirio Aldama Mota – aspirante a juez de distrito del PJF (promedio general de 7.19 en licenciatura).

Alejandra Ramírez de la Vega – aspirante a magistrada de circuito (promedio general de 7 en licenciatura).

Mario Alberto Parada Cerón – aspirante a juez de distrito del PJF (promedio general de 7.7 en licenciatura).

En un comunicado, la Cámara de Diputados dijo que el informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas.

También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.

La solicitud indica que los presidentes de ambas cámaras hicieron juramento bajo protesta de decir verdad de que dichas circunstancias “fue apenas advertida de forma superviniente, mediante consultas hemerográficas, portales de medios de comunicación electrónicos y en redes sociales, en donde arrojaron resultados que son del conocimiento público, que las y los candidatos que se enlistan a continuación no cumplen el requisito constitucional de gozar de buena reputación para poder ser electas y electos como personas juzgadoras, personas magistradas y personas ministras, y que de no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de interés y evidente idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular”.

En declaraciones realizadas ayer, el presidente de la Cámara de Diputados puntualizó que esperan del INE “la determinación real, formal y jurídica y el cómo, es muy importante el cómo, y los argumentos y el contenido que tenga esa determinación del INE y a partir de eso nosotros ya veremos qué hacer”.

 

 

 

(Con información de Infobae y Cámara de Diputados)

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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