Posponen Hasta Mayo Audiencia Penal Contra Aguakan por Lavado de Dinero

• La audiencia de imputación y vinculación a proceso debió realizarse el 27 de marzo, pero no tuvo lugar

• La próxima cita para determinar la situación legal de los ejecutivos de la empresa es el 7 de mayo a las 11 de la mañana

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 9 de abril.- Ejecutivos del corporativo Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), propietaria de la empresa Aguakan que opera los servicios concesionados de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen,  lograron postergar la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso ante el juez de control federal que debe resolver su situación legal con relación a una denuncia penal por lavado de dinero interpuesta por el gobierno del estado de Quintana Roo.

La nueva fecha para esta audiencia es el 7 de mayo a las 11 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo ubicado en Cancún, donde se busca que comparezcan los socios y directivos de la sociedad mercantil DHC.

La audiencia en un principio estaba programada para el 3 de marzo, pero luego fue reprogramada para el 27 de marzo, pero el acto procesal tampoco se celebró en esta fecha. De acuerdo con el expediente 258/2024 relacionado con la causa penal por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, en la audiencia se leerán los cargos por los que se le acusa a Paul Andrew Rangel Merkley, director de Aguakan, y a otros socios de la empresa, entre ellos a Jorge Ballesteros Franco.

A partir de esa audiencia, el juez de control determinará si los ejecutivos son vinculados por el delito en cuestión para iniciar el proceso penal en forma, y si continúan el proceso en libertad o bajo prisión preventiva, la medida más grave que les pudieran imponer.

La misma empresa reveló semanas atrás que han sido acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, según ellos de manera injusta, por la obtención en diciembre del 2014 de la ampliación de la concesión del suministro de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053 en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, hoy Playa del Carmen.

Lo anterior porque firmaron un documento donde se comprometían a pagar una contraprestación única de poco más de mil millones de pesos al gobierno del estado en turno, entonces bajo la gubernatura de Roberto Borge Angulo, a cambio de la ampliación de la concesión por 30 años más y la inclusión del municipio de Solidaridad. En un comunicado emitido en febrero pasado, acusaron de un hostigamiento jurídico, tras estos actos que fueron iniciados con la cancelación de la autorización de ampliación de la concesión, decretada por el Congreso de Quintana Roo en diciembre del 2023.

Socios y directivos de Aguakan han buscado comparecer a la citada audiencia inicial mediante videoconferencia, así lo demuestran recursos judiciales de amparo que han tramitado en semanas recientes. Alegan que su avanzada edad no les permite presentarse físicamente ante el juez de control federal, pues algunos de ellos superan los 60 años, lo cual han puesto de manifiesto en recursos que han promovido para evitar presentarse de manera personal ante el juez.

En un amparo que resolvieron magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, Jorge Ballesteros Franco se acogió a esta excusa, pero no se le concedió el beneficio.Desde entonces, junto con él, los otros denunciados han presentado juicios similares, por los que cuentan con suspensiones contra órdenes de aprehensión que ganaron entre los meses de enero y febrero, luego de que sus nombres fueran ventilados con alertas rojas emitidas por la Interpol.

Pero con la negativa de las diligencias virtuales, los socios y directivos deberán presentarse de manera presencial a la audiencia de mayo próximo, y escuchar de propia voz del juez de control las acusaciones y veredicto.

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