Urge Vigilancia Ambiental en Bacalar pero Sin Excesos

Miguel Ángel Fernández/ CAMBIO 22 

La reciente confirmación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el inicio de obras por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la laguna de Bacalar sin los permisos ambientales correspondientes es una muestra de la necesidad de mayor atención a la vigilancia y cuidado de este cuerpo de agua. No obstante, estas acciones, que contravienen la normativa ambiental corren el riesgo de ser utilizadas por grupos que buscan justificar una sobre regulación de la Laguna.

Si bien, es esencial que la sociedad civil se movilice ante irregularidades de esta índole, exigiendo transparencia y cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de todas las instituciones, incluyendo las militares. De la misma manera, es importante que estas preocupaciones legítimas no sean utilizadas como plataforma por grupos que, bajo la bandera del ambientalismo, promueven agendas que podrían no representar los intereses de la comunidad local.

En este contexto, es necesario recordar que grupos externos a Bacalar han promovido que se convierta en un Área Natural Protegida (ANP). Pero no es la única alternativa: también se ha intentado su designación como sitio RAMSAR, Hábitat Crítico y hasta se han impulsado leyes especiales para proteger a los estromatolitos.

Las medidas parecen en principio positivas, pero en realidad representan un marco de sobreprotección ambiental que podría frenar no solo el desarrollo de Bacalar, sino de toda la región sur de Quintana Roo, cerrando la puerta a inversiones, proyectos turísticos sustentables y oportunidades para las comunidades locales.

Estas iniciativas han encontrado resistencia por parte de empresarios, ejidatarios y asociaciones civiles locales. Argumentan que la declaratoria de ANP y otras figuras de protección extrema limitarían el desarrollo económico y turístico, beneficiando únicamente a ciertos grupos y dejando de lado a la población que depende directamente del crecimiento ordenado de la región.

Organismos empresariales han señalado que algunos grupos ambientalistas han difundido información alarmista que afecta negativamente la percepción del destino turístico. Asimismo, Nicanor Piña Ugalde, coordinador del programa Pueblos Mágicos, ha expresado que la declaración de ANP podría restringir inversiones y beneficiar solo a ciertos actores políticos y empresariales.

De tal manera, es importante encontrar un equilibrio entre la protección del entorno natural y el desarrollo sostenible de Bacalar. La vigilancia ciudadana debe enfocarse en asegurar que las autoridades cumplan con su responsabilidad de proteger el medio ambiente, sin caer en posturas que puedan derivar en sobreprotección y obstaculizar el progreso económico del pueblo mágico.

La situación también pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia de las instituciones de protección ambiental a nivel municipal, estatal y federal, para que actúen de manera eficaz y transparente.

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