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• Entre asignaciones directas, campañas anticipadas y presuntos desvíos, la proveedora favorita de la 4T acumula escándalos en Quintana Roo, Chihuahua y Tabasco

 

 

Redacción/ CAMBIO22

CANCÚN | FMedical S.A. de C.V., la proveedora médica favorita de la Cuarta Transformación, apadrinada y protegida por el senador Adán Augusto López Hernández va de escándalo en escándalo, entre asignaciones directas y turbias negociaciones que paga a través del suministro de Unidades Móviles de Salud; ahora está ‘invirtiendo’ en Chihuahua, en la campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez, pero también es la preferida del gobierno que encabeza Mara Lezama que le ha entregado millonarios contratos que en suma, servirían para la construcción de un nuevo hospital de alta especialidad.

FMedical esta envuelta en el escándalo que involucra al senador Adán Augusto en una presunta relación sentimental con su compañera de partido y de curul Andrea Chávez, quien ha intensificado su presencia y promoción en Chihuahua en pos de la gubernatura del 2027 en esa entidad; diariamente se denuncia que Chávez ha recurrido a anuncios espectaculares y a una intensa campaña de publicidad en redes sociales, pero en el centro de su estrategia electoral está la operación de camiones que forman una caravana médica y ofrecen atención gratuita de salud en colonias de Ciudad Juárez.

Las unidades son propiedad de FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado quien de acuerdo con una investigación de Latinus, estas caravanas médicas tienen un costo aproximado de 10 millones de pesos mensuales, sin que hasta el momento se haya transparentado el origen de los recursos con los que operan, por lo que se deduce que son pagos de favores al senador Adán Augusto López y la inversión a futuro como contratista médico en Chihuahua.

Según el reportaje de Latinus, Chávez ha intensificado su presencia en Chihuahua con visitas constantes a estas unidades médicas, las cuales operan en colonias de escasos recursos. Además, en los últimos meses, ha incrementado su exposición mediática con anuncios espectaculares y campañas en redes sociales.

La senadora ha compartido imágenes y videos en sus redes sociales desde mayo de 2023, donde destaca la labor de las unidades médicas. Sin embargo, ni como diputada ni como senadora ha declarado los gastos relacionados con la renta y operación de estos servicios, que incluyen médicos, insumos, medicamentos y combustible para los traslados, según el reportaje.

En el caso de Quintana Roo, fue la agrupación “Somos tus Ojos” quien denunció a través de un reportaje de la reportera Fabiola Cortés Miranda que a través de dos empresas, la gobernadora Mara Lezama, “exprimirá de las arcas públicas con más de mil millones de pesos en las llamadas unidades móviles de salud”.

En la investigación se asienta que el 26 de diciembre de 2024 Mara Lezama realizó un recorrido por las obras de lo que será el nuevo Hospital General de Chetumal, al que se destinarán 1,500 millones de pesos para su construcción y equipamiento, presupuesto que la Gobernadora catalogó de histórico; sin embargo, en las unidades móviles de salud, al término de su administración, Mara Lezama habrá destinado 1,809 millones de pesos: mucho más de lo que cuesta un hospital equipado de primer nivel, en contratos con dos empresas proveedoras de insumos y equipamientos médicos.

Según la investigación, Pablo Bustamante, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien fue nombrado por la gobernadora como titular de la Secretaría del Bienestar en Quintana Roo, a pesar de su obscuro y corrupto pasado como integrante del llamado ‘Cartel del Despojo’, entregó el contrato número SEBIEN-DA-LPN3-2023 con Operadora de Servicios Médicos ML SA de CV, por un monto total de 1,287 millones de pesos para la contratación de unidades de salud que supuestamente prestarán sus servicios hasta agosto de 2027, cuando concluya la administración de Mara Lezama, pero que de acuerdo al reportaje, ninguna de las unidades se encuentra instalada en las ciudades y lugares que estipulan en el contrato por lo que se estaría cometiendo un gran atraco a las arcas del estado.

Por otra parte, se asienta que Flavio Carlos Rosado, titular de los Servicios Estatales de Salud signó dos contratos con FMedical de Padilla Farfán; el primer contrato, el SESA-DA-001-2023, con FMedical fue por un monto de 417 millones 600 mil pesos, y una vigencia del 12 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Un segundo contrato, el SESA-DA-AD-I-001-2024, fue firmado por el titular de los SESA con esta misma empresa por un monto de 104 millones 400 mil pesos, y una vigencia tres meses, del 2 de enero al 31 de marzo de 2024.

Según estos contratos, “las jornadas y horarios de trabajo del servicio integral itinerante … serán establecidos por los Servicios Estatales de Salud de acuerdo con la agenda que realicen en conjunto con los centros de salud locales y las regiones responsables, con jornadas diarias de ocho horas, cinco días a la semana con dos días de descanso”.

La reportera revela que en respuesta a una solicitud de información, los SESA proporcionaron una liga que contiene la estadística de los supuestos servicios prestados y las personas atendidas, pero solo contiene la estadística de 2024, en la que de acuerdo a la sumatoria de días, las unidades móviles solo prestaron sus servicios 171 días de los 254 días hábiles que tuvo dicho año, es decir, no cumplieron con lo que señala el contrato, en cuanto a instalarse de lunes a viernes, ocho horas al día.

Cuando se firmaron los contratos Carlos Rosado, dijo que entre las atenciones que se realizarán a través de “Salud para Tod@s” están la médica integral, laboratorio clínico, mastografías, rayos X (tórax), electrocardiograma, densitometría, ultrasonido pélvico-obstétrico, salud dental, nutrición, salud visual y del oído, atención psicológica, apoyo a víctimas de violencia, ambulancia de traslado, farmacia, promoción y educación en salud, pero según la investigación periodística los contratos no se están cumpliendo a cabalidad.

La empresa fue constituida el año 2010 por Padilla Farfán en Veracruz; sin embargo, en abril del 2020 cambio su domicilio fiscal a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde donde operan dos de sus empresa más exitosas como FMEDICAL SA de CV y Constructor ASPEN SA de CV, empresas consentidas por la 4T

FMedical también obtuvo contratos en la administración de Carlos Joaquín González por 200 millones de pesos, entre ellos, el SESA-DA-AD-018-2022, por $56,250,000 pesos, el SESA-DA-AD-099-2020, por $37,500,000 pesos, el SESA-DA-AD-047-2021, por $68,750,000 pesos y el SESA-DA-AD-086-2020, por un monto de $25,000,000, entre otros, todos por el servicio integral de atención médica en unidades móviles; es decir, Mara Lezama, no solo le dio continuidad al programa, sino también al proveedor consentido del sexenio pasado.

La empresa tiene los siguientes giros de servicio registrados: Medicamentos y productos farmacéuticos, Materiales y consumibles para hospitales y laboratorios, Equipo y material óptico, Aparatos e implementos ortopédicos, Aparatos auditivos, Accesorios biométricos personales, Equipo, accesorios y refacciones para laboratorio, Equipo, accesorios y refacciones para clínicas y hospitales, Equipo, accesorios y refacciones para la investigación científica

Basándose en estos giros de servicio, todo lo que ofrece la empresa FMedical S.A. de C.V. no es diferente a los servicios que ya realizan las clínicas de todo el estado de Quintana Roo, por lo que su única justificación para el gasto multimillonario es el apoyo extra en las comunidades vulnerables.

En pocas palabras, se tratan de servicios generales de salud que pudieron implementarse en los centros ya establecidos, aun así, el titular de SESA prefirió pagar más de 400 millones a una empresa foránea para brindar los supuestos servicio que invertir en la expansión de centros de salud o al menos el mejoramiento de equipos médicos para proporcionar dichos servicios.

El otro contrato asignado por licitación pública a la empresa FMEDICAL SA de CV, fue el SSA-DA-III-003-2024, cuyo documento no ha sido publicado en el portal y solo se exhiben datos general, presuntamente habría sido firmado el pasado 20 de marzo con vigencia entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2024, por un monto de $313 millones 200 mil pesos.

Fernando Padilla Farfán, considerado un astuto operador político-financiero, también apareció en el escenario político nacional como impulsor y financista del político morenista Alejandro Armenta Mier. FMedical fue constituida el año 2010 en Veracruz, Veracruz, posteriormente fue movida a la ciudad de Xalapa, Veracruz, y en abril de 2020, se mudó a su sede actual, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

CONTRATOS A FMEDICAL EN SESA 2024

SSA-DA-III-003-2024
Monto: $313 millones 200 mil pesos.

SSA-DA-AD-I-001-2024
Monto: $104 millones 400 mil pesos

2023
SESA-DA-001-2023
Monto: 417 millones 600 mil pesos.

LOS NEXOS DE ADAN Y PADILLA FARFAN

En otro reporte de Latinus, documenta que Fernando Padilla Farfán fue el contratista favorito de Adán Augusto López Hernández cuando fue gobernador de Tabasco y de su cuñado Rutilio Escandón cuando despachaba en Chiapas, entidades en donde ganó más de 2 mil millones de pesos en contratos entregados por ambos personajes.

En 2021, 2022 y 2023, Chiapas le entregó a FMedical, empresa de Fernando Padilla, tres contratos por la renta de camiones para unidades médicas móviles y por una mega farmacia para surtir a la secretaría de salud estatal. Uno de estos camiones con placas de Chiapas y registrado a nombre de FMedical se encuentra del otro lado del país, en Ciudad Juárez, como parte de la caravana de salud que promueve la imagen de la senadora de Morena, Andrea Chávez, como aspirante a la gubernatura de Chihuahua.

En 2020, justo en plena crisis sanitaria por Covid-19, la empresa Línea Médica del Sur, también de Padilla Farfán se encargó de instalar y equipar dos Unidades de Hospitalización Temprana Covid en la capital tabasqueña, contratos poco transparentamos por el ahora senador y líder del Senado mexicano.

 

 

 

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LRE/RCM