Niños de Bacalar Triunfan en Concurso Estatal de Pintura en Chetumal

• En su intento por obtener explicaciones, Vílchez López acudió a la Fiscalía, donde habló con un comandante, pero en lugar de recibir apoyo, fue instada a desalojar el terreno. “Me dijeron que mejor me fuera, que el gobierno ya tenía la decisión tomada”, relató

Redacción/CAMBIO 22

TULUM 15 de marzo . – La construcción de la Fiscalía de la Mujer en la colonia irregular Yax Balam ha generado controversia luego de que una residente, Claudia Graciela Vílchez López, denunciara presuntos atropellos a sus derechos sobre un terreno que afirma haber comprado y trabajado durante ocho años. La afectada señala que personal de la obra ha utilizado su material de construcción sin autorización y que, al reclamar, ha recibido amenazas y hostigamiento.

Según el testimonio de Vílchez López, hace seis meses llegaron al predio trabajadores y un arquitecto encargado de la obra, quienes comenzaron a tomar piedras de mampostería de su propiedad para colocar postes de la construcción. “Yo les dije que mínimo pidieran permiso, pero el arquitecto se molestó y me respondió de forma despectiva”, narró la afectada.

Lo que comenzó como una disputa menor por el uso de materiales derivó en una situación más grave cuando el arquitecto aseguró que el terreno no le pertenecía a la familia. “Yo tengo la carta de posesión y el croquis donde está marcado mi terreno, pero él insistió en que era invasión”, explicó. Desde entonces, ha intentado dialogar con las autoridades sin obtener respuestas claras.

Vílchez López también denunció que la obra avanza sin que los responsables hayan mostrado permisos o documentos que justifiquen la expropiación del terreno. Además, asegura que en diversas ocasiones han enviado trabajadores a medir y marcar sin previo aviso. “Ni un ‘buenos días’ nos dan, llegan, se meten y hacen lo que quieren”, dijo.

En los últimos días, la situación escaló. La denunciante asegura que han sobrevolado drones sobre su propiedad y que personas armadas han llegado al lugar, aparentemente con la intención de intimidarla. “Nos quieren meter miedo, pero no vamos a permitir que nos despojen de lo que con esfuerzo hemos logrado”, afirmó.

En su intento por obtener explicaciones, Vílchez López acudió a la Fiscalía, donde habló con un comandante, pero en lugar de recibir apoyo, fue instada a desalojar el terreno. “Me dijeron que mejor me fuera, que el gobierno ya tenía la decisión tomada”, relató.

La familia afectada, compuesta por al menos ocho personas, sostiene que han trabajado arduamente para construir su hogar en ese predio, obteniendo ingresos a través de la venta de comida, pan y tamales. “Si tuviera dinero, ya hubiera construido los cuartos de mis hijos, pero lo hacemos poco a poco con lo que ganamos”, detalló.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la legalidad del despojo ni han presentado documentación que sustente la expropiación del terreno. La falta de transparencia ha generado incertidumbre y preocupación entre los vecinos, quienes temen que esta situación se replique en otras zonas.

Este caso pone en el centro del debate la forma en que las instituciones manejan la construcción de obras públicas y los derechos de los ciudadanos en situación vulnerable. Mientras tanto, Vílchez López y su familia aseguran que resistirán el intento de desalojo y buscarán apoyo legal para defender su patrimonio.

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